Fui siempre un férreo defensor de instituciones. Fueron éstas las que dieron aliento y rumbo al México postrevolucionario.
Hoy es muy fácil criticar el pasado desde la comodidad de un México moderno, urbano, civilizado, comunicado, con servicios de salud, universidades y planta industrial. Es cierto, no hemos logrado mitigar ni la opulencia ni la indigencia, la inseguridad carcome nuestra convivencia y nos tiene en el baño de sangre del crimen organizado, la modernidad atenta contra nuestra vida comunitaria y la democracia se nos pudrió; más no podrá negarse que estamos mejor que en 1917.
Vasta es la asignatura pendiente, y menos sería si contáramos con un entramado institucional eficiente y eficaz.
Y no es que no tengamos instituciones, ni siquiera que estén desvencijadas; es que las instituciones tienen dueño.
El INE y el Tribunal Electoral, por poner un ejemplo, son copropiedad de tres partidos y ya ni éstos creen ni en uno ni en otro.
En los estados se sabe qué delegaciones federales tienen propietarios: Ésta es una de tantas del hijo del Senador, aquella del ex gobernador, esa de tal partido, la de más allá de aquel secretario.
Y lo mismo podemos decir de organismos federales. En cada caso hay que buscarles el ombligo para ver a quién pertenecen y a quién responden.
La propiedad sobre una institución no necesariamente recae sobre el titular que la encabeza; las más de las veces suele ser de alguien a quien aquél responde y que lo impuso para que le rinda frutos cual capataz de hacienda porfiriana.
La propiedad de las instituciones tampoco es directa a la fuerza política, hay políticos caídos en desgracia que conservan sus propiedades institucionales; si no en especie de pago de marcha, sí de control político.
No obstante, la propiedad sobre instituciones no es vitalicia ni heredable, antes bien, cada cambio político las puede poner nuevamente en juego: así como en su momento los reyes absolutistas quitaban títulos nobiliarios y castillos a los señores que caían en desgracia, el Presidente en turno recupera instituciones para repartirlas entre la camada de chacales que con él llegan al poder.
Así como hay instituciones escrituradas, también existen posiciones reservadas: las oficialías mayores tienen dueño y pastor; hay diputaciones y senadurías reservadas para franjas, tribus o familias en cada partido: sectores en el PRI, Chuchos en el PRD, Juanitas en Morena, apellidos de prosapia en el PAN. Regidurías y sindicaturas están separadas para grupos de poder, incluso secretarías particulares tienen derecho de reservado. Terrible es la decepción del que llega a un puesto de responsabilidad con ánimo comprometido y se encuentra que todos los puestos bajo su mando tienen dueño y son, al menos por él, inamovibles, y no necesariamente por un sistema de carrera, sino por conquista feudal.
En alguna ocasión por cuestiones incluso de política exterior llegó a la mesa de un Presidente la urgencia de remover al titular de un organismo. El Presidente vio el asunto y quedó de tratarlo con el secretario del ramo, el tema se alargó por meses hasta que regresó, con mayor énfasis, al escritorio presidencial. Esta vez el Presidente tomó la decisión: “Dígale a Fulanito que se prepare, pero que no le diga a nadie”.
Los meses corrieron sin piedad, Fulanito esperó en silencio hasta que enmudeció el día que fue corrido por supuestos malos manejos sin que mediara, ni entonces ni nunca, procedimiento alguno en su contra.
“No puedo nombrar a alguien que fue cesado por malos manejos, aunque éstos no estén acreditados”, fue el argumento presidencial. “Lo pudo haber nombrado cuando no le habían inventado nada, en vez de dar tiempo a que le mataran el gallo”, pensó para sí su interlocutor. Al que tenían que remover subsistió en el puesto. La institución, sobra decirlo, se difuminó entre la ineficiencia y la corrupción, cual tantas otras.
Cabe preguntar, ¿hasta dónde el Presidente es realmente libre para nombrar en atención al interés nacional y la salud institucional del gobierno, y hasta dónde es rehén de compromisos que escrituran las instituciones a intereses particulares y pervierten su razón de ser y función pública?
Cuando el interés general es desplazado por particularismos, ¿qué sentido, legitimidad y fuerza le queda al titular del Ejecutivo? ¿No acaso ve reducido su papel al de regente de intereses privados?
No en balde hoy brillan por su ausencia los verdaderos políticos. Hay burócratas, tecnócratas, mercachifles, cortesanos, zalameros, intrigantes y depredadores; no políticos.
El hecho es que muchas de nuestras instituciones no cumplen su función original, ni son dirigidas en pos de intereses supremos; son cotos de caza, feudos, conquistas políticas y, sin duda, negocios particulares. El símil más parecido son las banquetas y los arroyos en la vía pública, privatizados por ambulantes y franeleros.
Finalmente, cuando se llega a una institución como gerente de intereses particulares, no hay servicio público, interés general, medianía juarista, pasión política, rendición de cuentas ni pueblo soberano; sólo medro, corrupción e impunidad. Desvergüenza, cinismos y no exagero en adicionar traición a la patria.
La pregunta es: ¿qué institución hoy no tiene dueño?
¿La habrá?