Durante su segundo informe de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo de Guerrero convocó a diversos actores políticos, económicos y sociales a trazar una estrategia y plantear una ruta que permitiera mejorar sensiblemente la seguridad.
A partir de entonces, se trabajó en la construcción del llamado “Pacto por la Seguridad”, en un principio se caminaba de manera positiva sosteniendo reuniones con actores políticos y sociales, pero, con posterioridad, se entró en un periodo de letargo en este proceso.
Con la efervescencia electoral los trabajos de este acuerdo por la seguridad quedaron prácticamente congelados por la inercia y el frenesí político, sin embargo, los hechos de violencia no terminan y la impunidad sigue siendo una constante que alienta a los criminales a seguir delinquiendo.
Es un estímulo perverso para seguir cometiendo sus ilícitos.
Las desapariciones y homicidios van en aumento, la ola delictiva deja a su paso delitos de alto impacto, como los asesinatos en los últimos años de los luchadores sociales Raúl Lucas Lucia, Manuel Ponce Rosas, Rocio Mesino Mesino, Marcial Bautista Valle, Eva Alarcón Ortiz, Arturo Hernández Cardona; o el de los periodistas Amado Ramírez Dillanes, Francisco Pacheco, Cecilio Pineda, entre otros. En Guerrero nadie es inmune a la violencia, en especial, a los crímenes políticos.
Pacto por la seguridad
La política, se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo, el luchar contra los intereses de aquellos que nos mantienen sumergidos en este espiral de violencia, le ha costado la vida a hombres y mujeres de diferentes filiaciones políticas.
Las muertes de Homero Lorenzo Ríos, José Jorge Bajos Valverde, Braulio Zaragoza Maganda, Margarito Genchi Casiano, Moisés Villanueva de la Luz, Armando Chavarría Barrera, Ángel Vergara Chamú, Demetrio Saldívar Gómez, Ambrosio Soto Duarte, Roger Arellano Sotelo, Eli Camacho Goicochea, Modesto Carranza Catalán, Eleazar Vargas Lara; Victorino Iglesias, Francisco Tecuchillo, Armando Arturo López Solano, Antonia Jaimes Moctezuma, así como la desaparición de Catalino Duarte Ortuño, no pueden, ni deben, quedar impunes junto con los miles de homicidios que se han perpetrado en los últimos años.
Diferentes organismos internacionales como Amnistía Internacional, las Brigadas para la Paz, Serapaz o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como colectivos nacionales como Tlalchinollan o el CEMORELOS han denunciado el escenario de horror y violencia que se vive en el Estado, el panorama de violencia actual también afecta la gobernabilidad, la cohesión social y la vida en comunidad, afectando las funciones esenciales del Estado, por lo que es urgente retomar los trabajos haciendo un exhorto a los participantes políticos, económicos, sociales y eclesiásticos para que el Pacto por la Seguridad avance.
Cuando existe voluntad, esta se ve reflejada en avances, tal y como lo ha demostrado Movimiento Ciudadano quien planteó al interior del Congreso la necesidad de destinar en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, mayores recursos para la seguridad pública, logrando al efecto incrementos adicionales por casi 315 mdp en materia de seguridad de los cuales, 59 mdp se destinaron a los C4, 101 mdp para rehabilitación y mejoramientos de los centros penitenciarios y 154 mdp para equipamiento policiaco, recursos que se suman a los aportados por la federación a través de programas como el FORTASEG por el que se destinaron montos por el orden de los 108 mdp repartidos de la siguiente manera: Acapulco 42 millones 681 mil, Chilpancingo 14 mdp, Chilapa, Coyuca de Benítez, Iguala y Taxco con 10 mdp y Zihuatanejo de Azueta 11 millones.
Eliminar el fuero
Somos conscientes de que el aumentar los recursos económicos para el rubro de seguridad pública, por sí solos no son suficientes para revertir los índices de violencia que se registran en el Estado, por lo que se deben de acompañar de otras acciones que permitan erradicar la impunidad y retomar el estado de derecho.
En ese sentido, hemos sido claros en que la Fiscalía General del Estado en lugar de procurar justicia, se dedica a procurar impunidad, además de los numerosos conflictos innecesarios que ha generado en temas de revictimización de los agraviados o incluso con jerarcas de la iglesia católica, por lo que la salida de su actual titular, así como de aquellos elementos que reprobaron las evaluaciones de control y confianza es por demás necesaria.
En ese contexto, se requiere también de la depuración de los cuerpos policiacos en los órdenes estatal y municipal, desde el personal administrativo y operativo, hasta llegar a los mandos superiores, pues la certificación de elementos debe ser total, empezando con los presidentes municipales, quienes deben poner el ejemplo de tener las manos limpias, para así, estar en condiciones de conformar policías a su mando confiables, que sirvan a la ciudadanía y no a los delincuentes.
Además, se debe buscar impulsar el trámite legislativo para la eliminación del fuero, dando un mensaje claro de que no existen “intocables”, este sería el mejor legado que la actual legislatura local (La LXI) le puede dar al pueblo de Guerrero, eliminar la charola de una vez por todas.
Desde luego también, urge la regularización de las auténticas policías comunitarias para evitar así el vacío legal actual en el cual diversos grupos se disfrazan de estos cuerpos sin responder a un modelo de usos y costumbres, y se han venido a enquistar, generando violencia e inestabilidad que no abona a la pacificación del Estado.
En resumen, a Guerrero le urge aterrizar en acciones al Pacto por la Seguridad, pasar de la convocatoria a los hechos concretos.