Opinión

Inseguridad, responsabilidad que nadie quiere asumir

Si los municipios y los estados no reconocen su obligación y responsabilidad, será imposible que la federación pueda solucionar el problema sola. | César Gutiérrez

  • 12/07/2021
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Durante la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, cuando fueron reformados los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 73, dio inicio un nuevo sistema nacional de seguridad pública para una mejor impartición de justicia y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Lamentablemente el fenómeno criminal que hoy estamos padeciendo en México, se ha ido incrementando y ha estado mutando de manera continua notablemente. 

La inseguridad ha sido consecuencia de diversos problemas sociales –los cuales han ido en aumento–, en cada entidad federativa, que ya están identificadas a nivel estatal y municipal. La falta de acción e involucramiento, y la omisión para crear estrategias por parte de los gobernantes, han limitado los alcances y resultados para abatir los delitos de alto impacto y el correcto ejercicio de la acción penal, debido a su grado de corrupción e incompetencia. 

En cada entidad federativa, y con base en datos duros, se puede hacer un diagnóstico de la forma de operar de la delincuencia organizada, las bandas locales y los casos aislados. Sin embargo, los opositores quieren que el Ejército y la Guardia Nacional hagan un trabajo que a ellos corresponde y no hacen, lo cual es inoperante e inalcanzable.

La optimización de recursos debe estar enfocada a la coordinación de los tres niveles de gobierno, para que cada quien haga la parte que le toca dentro de sus facultades y atribuciones, materializando una real estrategia encaminada para prevenir, reprimir o controlar la criminalidad en un tiempo y espacio específico. Hoy México necesita que sus funcionarios se pongan a trabajar y den resultados. Necesitamos que el proyecto de nación avance, y si no pueden ayudar... que no estorben. 

 

Pemex y el robo de hidrocarburos (huachicol)

La remoción del general Manuel García Morcillo y el coronel Omar Quinn Ponce, ha sido un buen acierto del Gral. Luis Crescencio Sandoval, ya que hasta el momento continúa la problemática de las tomas clandestinas y la merma económica que no puede ser controlada, a pesar de la tecnología y personal que tuvieron a su disposición, se dedicaron a todo menos a dar resultados

Un informe del 11 de mayo de este año, de la Diputada Federal María de los Ángeles Ayala Díaz, subrayó que: ”...la empresa productiva subsidiaria Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que su estrategia con relación al robo de combustibles ha dado resultados positivos reduciendo el hurto en 91% con un supuesto ahorro en la sustracción de combustibles de 56 mil millones en poliductos, y mil 900 millones en gas licuado”. También, el director de Pemex informó que se han inhabilitado alrededor de 13 mil tomas clandestinas, –¿entonces no sirvieron los patrullajes?–. Aparentemente el avance es abismal, pasando el robo de hidrocarburos de 81 mil barriles en noviembre de 2018 a poco más de 5 mil barriles diarios en enero de 2020, equivalente a 15 millones de pesos”.  

El diario “El economista” indicó lo siguiente: “…la realidad arroja que los estados que encabezan durante los primeros dos meses del 2021 como los de mayor número de tomas clandestinas son Hidalgo (794), Puebla (449), Estado de México (207), Michoacán (65) y Guanajuato (63). Los casos de Hidalgo y Puebla destacan ya que además de encabezar a nivel nacional en el número de perforaciones ilegales a los ductos de la empresa estatal, presentan un aumento importante en comparación con el 2020. Hidalgo registró durante los dos primeros meses del 2020 un total de 581 tomas clandestinas, mientras que para el mismo lapso de este año fueron 794, es decir, un aumento de 213 tomas ilegales, equivalente a un alza de 36.6 por ciento…”

Por lo anterior, es necesario que quienes velan la salvaguardia del petróleo mexicano cumplan cabalmente con el proyecto de nación, ya que han sido altamente remunerados con el sueldo de esos puestos, para garantizar que se cumpla la orden del presidente

La inseguridad es un problema real, continuo y presente, que no desaparecerá por arte de magia si no se le combate. Ese problema necesita ser trabajado entre los tres ámbitos de gobierno. Si los municipios y los estados de la república no reconocen su obligación y responsabilidad, será imposible que la federación pueda solucionar el problema sola. La coordinación es necesaria e indispensable, misma que se ha politizado y corrompido. Está viciada porque los diferentes gobiernos emanados de partidos políticos distintos a la federación utilizan como bandera política la seguridad, tratando de evadir su responsabilidad y acusando a la federación de falta de apoyo. Pero ¿cómo se podría apoyar a estos municipios y estados de la república si ellos no cumplen con el mínimo de obligaciones para brindar seguridad pública en sus entidades? ¿Cómo se debe actuar en los municipios y estados de la república? ¿Qué debe hacer la federación para dar los resultados que tanto se buscan? Estas son preguntas a las que llevamos décadas tratando de darles respuesta y, por sí solas, demuestran que la coordinación es la base de la estrategia. 

Sin embargo, parecería que hay un gran interés de que la seguridad no mejore. Al parecer hay muchos que celebran que esa falta de coordinación dé como resultado altos índices de inseguridad. Es como si lucraran con esa situación y trataran por todos los medios de tergiversar los datos.

La mayoría de los delitos que se cometen y van a la alza son los del fuero común, aquellos que conciernen directamente a los estados y municipios. Algunos mezquinos intentan hacerle creer a la población que es el gobierno federal quien falla en protegerlos. Me pregunto ¿qué ganan?, ¿quién los manda?, ¿qué beneficios obtienen? 

Es curioso que los que conocemos del tema sabemos claramente la diferencia entre los diferentes delitos y los ámbitos de competencia. Les puede o no gustar quién gobierne el país, el estado o el municipio, pero cada uno tiene su grado de responsabilidad. Queda claro que nadie la quiere asumir, lo vemos todos los días. Se quejan de la inseguridad pero no hacen nada más que dar discursos vacíos y acusar a los distintos niveles de gobierno. No tienen estrategia, critican el uso de las Fuerzas Armadas, pero las exigen cuando  ellos las necesitan. Por un lado dicen apoyarlas, y por el otro utilizan medios allegados a los municipios y gobiernos estatales para golpearlas con notas amarillistas. Pero nadie, absolutamente nadie habla del verdadero problema de la inseguridad, que son los grupos criminales, los delincuentes y sus nexos con diferentes actores políticos. Es más fácil criticar.

Yo pregunto, ¿si tuvieras la posibilidad de realizar la estrategia de seguridad pública en el país que harías? Siempre recibo el mismo tipo de respuestas que son a futuro, ninguna es real ni para implementarse de forma inmediata. Es más fácil hablar y criticar, que ponerse en las botas de aquél que sale a trabajar, a darlo todo.

Por último, inicia la segunda parte del sexenio. Veremos el despliegue de las 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional en toda la República Mexicana; y la primera generación graduada de oficiales de la Guardia Nacional. Veremos también cómo logran trabajar y coordinarse los estados que pertenecen al mismo partido político que el gobierno federal para tener mejores resultados en la prevención y persecución de los delitos. Hasta entonces será cuando estemos en posibilidades reales de juzgar los resultados de la Guardia Nacional como la institución federal de seguridad pública. La expectativa es grande, y el reto es aún mayor. Los detractores del presidente y de la 4T estarán con lupa para tratar de atacar todo aquello que sea un logro en materia de seguridad del gobierno federal. A ellos no les importan los logros que se obtengan. sólo buscan atacar a todo lo que huela a cuarta transformación.   

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