Opinión

Inseguridad creciente: el reparto de culpas

Es evidente que se requiere un nuevo marco jurídico para que la intervención de la milicia en labores de seguridad pública

  • 23/07/2017
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Una gran parte del incremento de la violencia en nuestro país obedece a la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar este grave problema, pero también a que, sobre todo, en los niveles estatales y municipales las autoridades eluden su responsabilidad y no realizan las funciones que les corresponden.

En el mes de junio, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se perpetraron 2,234 homicidios dolosos en el país, lo que representa un nuevo máximo histórico en los últimos 20 años en que se hace el seguimiento de las estadísticas criminales. La violencia ha aumentado en 2017, como no se había presentado en las últimas dos décadas.

Según la información del SESNSP Entidades federativas como Guerrero y el Estado de México, superan los más de 1,000 homicidios dolosos en lo que va del año. Guerrero, con 1,161 asesinatos y el Estado de México, con 1,026 encabezan los lugares con mayores homicidios. Cabe hacer notar que esas estadísticas son con base en la información de los ministerios públicos del país, cifra que evidentemente pudiera ser mayor dado que algunos homicidios no se documentan.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI (elaborada en Diciembre de 2016) por su parte establece que el 74.1 por ciento de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro. Un año antes según la misma serie de encuestas la percepción ciudadana de inseguridad era de 67.7 por ciento, es decir esta sensación se ha incrementado en un 6.4 por ciento, lo que implica un brinco significativo en la preocupación de la población sobre su protección.

Este mismo estudio arroja un creciente desánimo social sobre el tema, toda vez que el 37.4 por ciento de la población estima que la situación de inseguridad empeorará y un 34.7 considera que seguirá igual de mal. Es decir el 72.1 por ciento no abrigan ninguna esperanza en que cambie esta terrible situación.

La violencia se ha apoderado de nuestras calles y de nuestras ciudades, y la población pareciera que se ha resignado a vivir en estas condiciones, no obstante prevalece un enojo social que debe convertirse en acicate para cambiar esta amarga realidad.

Mientras la sociedad vive con temor a que la asalten, le roben o le extorsionen, o que incluso la priven de la vida, pareciera que a las autoridades no les preocupa el tema, y sólo sobrellevan esta situación, repartiéndose culpas entre ellos.

La seguridad pública, según la Constitución Política de la República, es una responsabilidad compartida entre la federación, los estados y los municipios. El texto constitucional establece en el artículo 21: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

Sin embargo, este modelo y la asignación de responsabilidades no se cumplen porque muchas autoridades locales, en especial varios presidentes municipales, están coludidos con la delincuencia. Estos munícipes tolerados por Ejecutivos locales que prefieren no conflictuarse  con ellos, no sólo no certifican y no depuran a sus policías, sino que manejan con discrecionalidad y opacidad los recursos de seguridad pública, desconociéndose qué orientación le dan a los cuantiosos recursos que reciben por la evidente falta de resultados.

Un gran número de los gobiernos estatales frente al aumento de la criminalidad siguen en la inercia y en la falta de decisiones. No obstante, que en la mayoría de las entidades federativas las Fiscalías son en teoría autónomas en la realidad son subordinadas de los Ejecutivos, y los ministerios públicos siguen operando con corrupción, tortuguismo y falta de resultados lo que alimenta la impunidad y hace crecer la cifra negra de delitos no denunciados, precisamente por la desconfianza hacia las autoridades de que sean ellas mismas las que les avisen a los delincuentes de las denuncias y sobre quién las presentó, o simplemente porque la ciudadanía piensa que es inútil acudir al ministerio público porque las denuncias se archivan y no pasa nada.

Se requiere fortalecer las capacidades del ministerio público, por medio de la adecuada formación y actualización a los agentes en el nuevo sistema de justicia penal y extirpar el cáncer de la corrupción. Asimismo, se requiere depurar la representación social para que efectivamente sus integrantes persigan los delitos y procuren justicia a una población atemorizada y desesperada.  

Ante el incumplimiento de la responsabilidad que les corresponde en materia de seguridad pública el discurso de la evasión y el reparto de culpas es la constante. Los estados y municipios buscan que la federación les resuelva el problema, sin hacer un esfuerzo adicional, y todos sobrecargan a las Fuerzas Armadas para cumplir labores que no le corresponden en principio.

Tampoco la federación ha actuado para exigir que los estados y los  municipios cumplan con sus obligaciones, han privilegiado los acuerdos políticos y las componendas. Insisto, los estados no depuran sus policías ni invierten recursos en seguridad o lo que les llega de la federación se maneja con opacidad, pero eso sí, quieren que el Ejército haga lo que les compete.

Es evidente que se requiere un nuevo marco jurídico para que la intervención de la milicia en labores de seguridad pública sea la estrictamente necesaria, respetando los derechos humanos, y sin caer en la militarización. Las Fuerzas Armadas son para la defensa de la soberanía, las policías (estatales, ministeriales y municipales) para la seguridad pública y para detener a los delincuentes.

Mientras siga el reparto de culpas, la irresponsabilidad, la narcopolítica, las complicidades entre gobernantes y delincuentes, mientras no se agarre el toro por los cuernos y no se emprendan estrategias efectivas y se apliquen con decisión, los delincuentes seguirán desatados e impunes y la sociedad pagará las consecuencias. ¡Ya basta! Urge un cambio para recuperar la seguridad ciudadana.

@RicardoMeb

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