AMLO cree ciegamente que Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi, es un hombre honesto y, sobre todo, idóneo.
En Palenque, Chiapas, tienen otros datos y aseguran que el amigo del presidente de la República no tiene ni un solo pelo de honrado y que se ha apoderado de piezas arqueológicas de zonas Mayas.
De administrar la zona arqueológica de Palenque, Bonampak y Yaxchilán en Chiapas hoy Juan Antonio Ferrer Aguilar administra la salud de los mexicanos como director del Insabi.
“Si fuera jugador de fútbol estaría en todas las posiciones en el equipo, (pero) de entrada ya hay quejas de lo mal que juega. De seguro cumple con el perfil: Honesto pero inexperto”, afirmó en las redes sociales Javier Guizar Ovando.
Y tras ese comentario, en Facebook, otros cibernautas opinaron que construyó parte de su casa con material traído de Campeche. Y no estaría mal, pero como es hombre de la 4T, como que no hay congruencia.
Jorge Angel N. Blanco detalló que el hombre sobre el que descansa garantizar la seguridad social de millones de mexicanos, aunque no sepa nada de salud, es una persona que sí salió lista para viaticar y apoderarse de joyas arqueológicas.
El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar tiene total desconocimiento sobre la institución que le dieron para jefaturaría. Desconoce las atribuciones y las líneas de acción del Insabi, y con esas cartas credenciales pretende garantizar la atención a los ciudadanos.
Con la entrada de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha quedado al descubierto que se gobierna bajo el paraguas de la improvisación. Esa institución carece de reglas de operación y no tiene una adecuada vinculación con el Sistema Nacional de Hospitales.
Una grave distribución de medicamentos pareciera ser el nudo gordiano difícil de desatar. Las cosas están ahora peor que antes y ya se empiezan a generar brotes de inconformidad en diversos estados de la República donde las personas más pobres no tienen acceso fácil a la seguridad social.
Urge revisar a fondo el nuevo esquema de licitación y distribución de medicamentos en momentos en que la administración de AMLO asegura que los distribuidores son parte de la mafia de corrupción del pasado.
Algunos medicamentos como los de tratamientos contra el cáncer no tienen una adecuada entrega a pesar de que Raquel Buenrostro, la ex oficial Mayor de Hacienda, se comprometió a que los pagos se harían en los plazos acordados.
En el contexto de la transición entre el Seguro Popular y el Insabi, que entró en operaciones el 1 de enero tiene hasta el 30 de este mes para integrar a su Junta de Gobierno y 60 días más para emitir su Estatuto. Sin estos no puede operar al ciento por ciento.
Tiene además 60 días para que se emitan reglas operativas y de transparencia, y seis meses para que los estados adapten su sistema al nuevo pero hay entidades que rechazan el nuevo mecanismo.
En un contexto de improvisación y con un director que tiene acusaciones de no ser muy transparente, el Insabi ejercerá 40 mil millones de patrimonio.
De acuerdo a lo proyectado por la administración de AMLO, el INSABI seguirá siendo una agencia financiera que pague a los estados y unidades de las secretarías de salud estatales, o a los hospitales de alta especialidad. También deberá pagar a proveedores de salud y los gastos por reembolso que cubre a 66 enfermedades, catálogo que no se ha expandido.
El líder de la FSTSE, Joel Ayala, demandó conocer las reglas de operación para garantizar una adecuada atención médica y medicamentos gratuitos a 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social. Para acceder a estos servicios, los mexicanos sólo deberán presentar su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento y no se requerirá una póliza.
“La diferencia, entre otras, es que no hace falta estar inscrito para recibir la atención; ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”, aseguró López Obrador.
A partir de este 1 de enero del 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro señaló que no firmaría el convenio, ya que a su juicio el modelo no funcionaría.
“Hay poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera en cómo los Estados que hemos decidido no caminar en esta ruta, que nos parece que está condenada al fracaso, vamos a trabajar y cómo será la coordinación con la nación”, indicó.
A lo mejor la intención sea buena de atender la salud de los mexicanos. Lo lamentable es que haya improvisación y se deje su manejo en manos de un improvisado.