La semana que entra, el 18 de febrero, concluye una de las etapas de los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos, la de precampaña. El siguiente paso en el proceso electoral en marcha, será el registro de los candidatos para los partidos políticos. Los precandidatos ganadores de los procesos de selección interna, además de cumplir con los requisitos estatutarios para contender en los procesos internos y con los establecidos por la normatividad deben ajustarse a los topes de gastos de precampaña y abstenerse de haber incurrido en actos anticipados de campaña con la finalidad de que la autoridad pueda registrarlos como candidatos a un cargo de elección popular.
Tres son las formas en las que un ciudadano puede ser registrado como candidato a un cargo de elección popular: Si es precandidato único de un partido político, coalición o cándidatura común; si gana un proceso de selección interno de conformidad con los mecanismos acordados por los institutos políticos o bien, la que se estrena en las elecciones federales en este año, cumpliendo los requisitos para ser registrado como candidato independiente.
En todos los casos, los ciudadanos y en su caso, los institutos que los postulen, deben cumplir con determinados requisitos para conseguir el registro de sus candidatos. Todos los candidatos deben respetar los topes de gastos determinados para cada caso, ajustar sus actividades a los plazos y regulación establecida en la ley y presentar los informes del origen y destino de sus recursos.
La sanción que puede imponer la autoridad en caso de detectar que se incumplieron las normas que regulan la materia, dependiendo de la irregularidad detectada, van desde la amonestación hasta la negativa de registro o la pérdida de éste, en caso de que ya se hubiera otorgado el registro por parte de la autoridad.
Dentro del proceso electoral. En marcha iniciará en unos días el periodo conocido como intercampañas. En esta etapa y hasta el inicio de las campañas, el acceso de los partidos políticos a los tiempos del estado se verán reducidos. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución, desde el fin de las precampañas al inicio de las campañas, el 50% de los 48 minutos diarios del tiempo del estado para partidos políticos y autoridades electorales se destinará a éstas y el restante, para la difusión de los mensajes genéricos de los partidos políticos.
Iniciadas las campañas electorales el tiempo en radio y televisión para los partidos políticos y candidatos se incrementa al 85 por ciento. Los partidos y candidatos deberán ser en extremo cuidadosos con las actividades que lleven a cabo en el periodo de intercampañas. El riesgo es grande. Una actividad calificada como acto anticipado de campaña puede tener como consecuencia la inhabilitación del ciudadano para contender por el cargo. Los partidos pueden también ser sancionados por este tipo de actividades. Uno de los elementos esenciales de la equidad en la contienda consiste en que las campañas electorales deben iniciar al mismo tiempo para todos los contendientes. El inicio anticipado tiene sanciones muy costosas precisamente porque violenta la equidad que debe existir en una contienda democrática.
Al día siguiente de la sesión especial que se convoque para el registro de candidatos, comenzarán las campañas electorales. Junto con las campañas darán inicio una seria de actividades por parte de las autoridades electorales, institutos políticos y candidatos. La fiscalización de las campañas y en general de todos los ingresos de los partidos políticos, precandidatos, aspirantes y candidatos es uno de los mayores retos de la autoridad electoral.
La autoridad electoral nacional pondrá en marcha un nuevo mecanismo para facilitar y transparentar el uso y fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Esta semana, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo por el que se emiten los lineamientos aplicables a la denominada "chequera única" por la que los partidos políticos, coaliciones y candidatos pueden optar por que la autoridad electoral realice, a cuenta y con los recursos de éstos, los pagos a proveedores en las campañas electorales.
La reforma legal publicada en mayo del año pasado estableció esta posibilidad en caso de que los partidos y candidatos lo soliciten. Con ello, la vigilancia del origen y destino de los partidos políticos, la emisión de diversa documentación así como el cumplimiento de diversos requisitos reglamentarios será más eficiente con este instrumento.
En relación con la chequera única y la posibilidad de que los institutos políticos y candidatos soliciten a la autoridad electoral que, con cargo a sus prerrogativas, solventen los gastos en los que incurran en sus diversas actividades debería haberse aprobado antes del inicio de las precampañas con el objeto de lograr que, desde el inicio del proceso electoral la autoridad administrativa tuviera pleno conocimiento del destino final de los recursos, de los proveedores a los que se les compran determinados bienes o servicios y de este modo, realizar un ejercicio transparente e integral del destino de los recursos públicos en tiempo real. Con el sistema de contabilidad en vilo, ésta era otra de las medidas que cobraba particular relevancia de cara a una fiscalización nacional de todo el proceso electoral que ahora se estrena.
Es cierto, con esta medida el INE no se convierte en administrador de los recursos de los partidos, coaliciones o candidatos; sin embargo, es un mecanismo que acortaría los espacios para la revisión de buena parte de los recursos erogados por los partidos políticos, para la verificación de proveedores y para conocer, la forma en la que los sujetos obligados se conducen.
La ciudadanía requiere, como información para sustentar y emitir un voto informado y razonado, los elementos y datos que le proporcione, después de la revisión correspondiente, la autoridad electoral respecto del comportamiento financiero y los compromisos adquiridos por los partidos políticos.
Ampliar y eficientar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tiene una especial relevancia cuando se trata de los institutos políticos y los candidatos que integran los poderes públicos del Estado y determinan el destino de la nación.