Opinión

Ingreso vital

Se ha comenzado a discutir la propuesta de un ingreso vital que, durante tres meses, brinde un apoyo económico. | Leonardo Bastida

  • 30/05/2020
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Dos de cada tres hogares mexicanos tuvieron una reducción en sus ingresos durante marzo, a raíz del inicio de las medidas de confinamiento domiciliario para prevenir nuevas infecciones de covid-19; en uno de cada tres, esta reducción de ingreso fue de 50 por ciento o más, y en promedio, de los hogares que perdieron ingresos a causa del inicio de la crisis sanitaria por covid-19, este representó un 48 por ciento de sus ingresos habituales reveló la Encuesta de seguimiento de los efectos del COVID en el bienestar de los hogares mexicanos.

Elaborada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (EQUIDE), la encuesta arrojó datos como que entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber perdido su empleo, ser “descansadas” o no poder salir a buscar trabajo por la contingencia, y casi 30 por ciento aseguró considerar que en su hogar había inseguridad alimentaria.

Previo a la pandemia por covid-19 se sabía que América Latina vive aquejada por condiciones crónicas de inseguridad económica, que pueden entenderse como tales, debido a que más de 70 por ciento de la población recibe ingreso bajos o medio bajos, ingresos per cápita, apenas por arriba de las líneas de pobreza y carente de ahorros para poder subsistir durante un momento de crisis. Además de menos de 40 por ciento de personas afiliadas a sistemas de seguridad social y un gran porcentaje de la población en la economía informal, sumado a la falta de políticas públicas de apoyo al desempleo.

Sin embargo, la situación se ha recrudecido a partir de la crisis sanitaria y podría complicarse aún más al comenzar a reactivarse las actividades económicas, debido a que las cifras de desempleo serán altas y las aportaciones a los sistemas de salud y de seguridad social disminuirán.

En nuestro país, las cifras oficiales indican que habrá más de un millón de personas desempleadas como consecuencia de la emergencia sanitaria. Otras estimaciones resaltan que esta cifra podría ser de más de un millón y medio de empleos formales, sin contar todas las afectaciones para quienes no contaban con seguridad social.

Entre los grupos más vulnerables a la situación están las mujeres, las personas con ingresos bajos y medios-bajos, trabajadores informales, trabajadoras del hogar remuneradas, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población rural, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y personas en situación de calle.

En días recientes, tras dar a conocer su informe, El desafío social en tiempos del COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (Cepal) ha llamado a los diferentes países de la región para impulsar medidas como las transferencias de apoyo, consistente en brindar un recurso económico durante un tiempo estimado de tres meses aunque sugerido para entre seis y doce meses.

Pero esta medida no es única, le han complementado otras como la extensión de los apoyos ya existentes, mediante la ampliación de montos, de entregas y de cobertura; repartición de insumos como alimentos, medicamentos, mascarillas y productos de aseo; la suspensión o exoneración del pago de cuentas de agua, luz, gas y servicios de telecomunicación como internet o telefonía celular; o la exención de impuestos y la facilidad de pagos de créditos e hipotecas.

En el caso de México, reflexionar e implementar medidas al respecto es urgente, pues las estimaciones de la Cepal indican que será, junto con Argentina, Brasil y Ecuador uno de los países donde aumentarán de manera significativa los índices de pobreza y pobreza extrema.

Desde hace algunas semanas, en el Congreso, a petición de más de 50 organizaciones civiles, se ha comenzado a discutir la propuesta de un ingreso vital que, durante tres meses, brinde un apoyo económico de tres mil 696 pesos mensuales con la posibilidad de ampliarlo a cinco meses a quienes perdieron su empleo a raíz de la pandemia o a quienes vieron disminuidos sus ingresos de manera drástica.

Al respecto, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por más de 50 organizaciones aliadas, señaló que además de estas medidas, se requiere “de una reforma progresiva que grave las ganancias de los más ricos para disponer de los recursos suficientes para una política social que garantice el bienestar de los mexicanos, dispongan de un sistema universal de protección social, un piso mínimo de ingresos y la eliminación de carencias estructurales de manera que se garantice el acceso efectivo a sus derechos fundamentales”.

Desde hace un par de años, se ha debatido la propuesta de garantizar un ingreso básico universal en México, ya sea mediante el otorgamiento de un salario mínimo general o dar un monto equivalente a la línea de bienestar urbana o a la línea de bienestar mínimo urbana, que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Dicho ingreso, asegura la Cepal, permite de manera inmediata satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares y a largo plazo asegurar un derecho básico a la supervivencia, no sólo para las personas en situación de pobreza sino también a aquellas vulnerables a caer en ella.

El llamado para dar respuesta a las realidades sociales que acontecerán después de la etapa de confinamiento domiciliario es el del fortalecimiento de un estado de bienestar que apueste por la protección social a través de una garantía de ingresos para toda la población, servicios de salud para todas las personas y el fortalecimiento de las instituciones sociales. 

Podría cuestionarse el carácter de estas medidas, pero debe recordarse que en nuestro país existe una Ley General de Desarrollo Social garante de los derechos para el desarrollo social como la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación. 

Además de que “toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”.

Muchas reflexiones deberán surgir al respecto, comenzando por la del papel del Estado en cuanto a garante de derechos, entre ellos los denominados sociales, que apelan a la noción de justicia social, pero también a otras que ya estaban en la mesa de debate como el de la suficiencia de recursos para su garantía, el de la redistribución justa de bienes y servicios, el orden social vigente, y como lo plantean algunos autores*, tomar en cuenta que la autonomía material es necesaria para el logro de la autonomía moral y política.

*Aragón, Álvaro; González, Luis y Hernández, Mario (2017). Los derechos sociales desde una perspectiva filosófica, México, Tirant lo blanch, 399 págs.

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