Uno de los grandes problemas en el México contemporáneo es la separación que suele darse entre la ética y el servicio público, situación que es percibida por la sociedad como creciente en los últimos años. Esto ha sido motivo de preocupación, pues la mala conducción de los asuntos públicos afecta de manera negativa diversos aspectos, como la economía, la calidad de vida de los ciudadanos e, incluso, el goce de libertades.
El Estado mexicano responde a tal circunstancia con la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), resultado de una reforma constitucional y legal de gran calado, que crea un entramado jurídico e institucional inédito, con amplias capacidades para la prevención y combate a las conductas desviadas en el ámbito gubernamental.
Hoy, es primordial para las instituciones integrantes del SNA, establecer mecanismos orientados a eficientar las acciones de saneamiento del ejercicio del poder público y a la promoción de su integridad. Se trata de desarrollar la inteligencia y las capacidades necesarias para dar una lucha efectiva contra la corrupción. Una figura que en otros países ha abonado en este sentido, es la de los informantes internos. Estos son empleados o exempleados públicos que, en virtud de su posición dentro de las organizaciones, conocen y revelan información relacionada con conductas ilícitas realizadas por una o más personas en una entidad. Así, se convierten en fuentes valiosas de insumos informativos que difícilmente serían accesibles desde los mecanismos de seguimiento institucionalizados, como las auditorías o las evaluaciones de desempeño institucional. De esta forma, son potencialmente significativos para abonar a la lucha contra la corrupción en la función pública.
Cabe señalar que en el proceso legislativo de creación del SNA, se retiró un apartado que ya contemplaba a los informantes internos, por lo que ahora, con el concurso de voluntades del legislativo y de las instancias que combaten la corrupción, como la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, sería pertinente impulsar el desarrollo del marco jurídico y procedimental adecuado que permita aprovechar a esos actores para asegurar la buena marcha de los asuntos gubernamentales.
Para lo anterior es fundamental establecer, con los medios legales apropiados, que el informante no será objeto de represalias y que se preservará la secrecía de su identidad hasta el momento procesal oportuno. Adicionalmente, es conveniente crear los procedimientos y mecanismos adecuados para que las denuncias sean canalizadas de manera expedita a las instancias pertinentes, preservando la confidencialidad de quien informa, además de dar certeza sobre el inicio de investigaciones en caso de que las evidencias aportadas sean suficientes para ello.
Adicionalmente, debe valorarse la posibilidad de propiciar las revelaciones por medio del ofrecimiento de incentivos de índole económica, en función de la aportación de datos y elementos que permitan identificar y sancionar hechos de corrupción, del monto del daño al erario que impliquen, así como la recuperación que se logre.
Otro aspecto esencial es impulsar el reconocimiento de la decisión de denunciar como una acción valiente, ética y orientada por el interés público. No sería eficaz un esquema que proteja legalmente de represalias a quienes dan a conocer las irregularidades, si pueden ser sujetos a la reprobación de su entorno laboral, al ostracismo o al señalamiento. De ahí la necesidad de crear, de manera paralela al marco jurídico, un entorno social en el que se valore positivamente a quienes coadyuvan desde dentro de las organizaciones con información útil para combatir la corrupción.
El aparato burocrático tiene que caracterizarse por la receptividad a las preocupaciones de índole ética, de tal manera que la práctica de los informantes internos sea incorporada dentro de los parámetros de actuación en los lugares de trabajo, incluso como parte de su deontología, a través de los códigos de conducta y demás instrumentos que regulan el ambiente laboral.
De esta forma, se configuraría un entorno normativo, organizacional y cultural óptimo para que, a partir de las denuncias o revelaciones se realicen las investigaciones pertinentes; se impacte en los procedimientos o marcos jurídicos con la finalidad de prevenir la recurrencia de las irregularidades, y se sancione al o los responsables.
Es tarea esencial del Estado generar la confianza de las personas en las instituciones, pues de no existir, se lesiona el pacto social que sustenta al régimen político. Combatir de manera efectiva a la corrupción es clave para lo anterior, y los informantes internos pueden convertirse en aliados importantes para un mejor control de la actuación gubernamental; ahora es un reto para las instituciones desarrollar el mejor esquema para lograrlo.