Opinión

Información sin barreras

Tener información es el primer paso para hacer frente a la desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad. | Joel Salas Suárez

  • 05/09/2019
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En México viven más de 7 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 la mitad de esta población son personas adultas mayores de 60 años y principalmente mujeres. Existen varios tipos de discapacidad, pero la más común es la motriz (56.1%), a la que siguen la discapacidad visual (32.7%) y la auditiva (9.3%). En el futuro estas cifras aumentarán debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas.

Históricamente, la población con discapacidad ha estado invisibilizada y la forma más tangible de exclusión está en el entorno físico. La ausencia de una perspectiva de derechos humanos en el diseño de espacios públicos y privados impide la inclusión de estas personas. Estas barreras son invisibles para los no discapacitados hasta que experimentan un accidente, llegan a una edad avanzada o tienen una persona cercana en una condición donde lo que antes era tan normal, ahora se convierte en un obstáculo.

Garantizar la movilidad es clave para la integración de las personas con discapacidad. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007, establece el derecho a la accesibilidad. Esto implica asegurar el acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Esto les permitirá integrarse a otros ámbitos requeridos para llevar una vida digna y autónoma como educación, salud, trabajo, esparcimiento.

Para lograr los cambios necesarios existen recursos como el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). Este tiene como objetivo promover la integración de las personas con discapacidad y con ello garantizar su derecho a la accesibilidad. Desde 2011 el fondo ha repartido en total 4 mil 450 millones de pesos, entre 445 y 600 millones cada año. El dinero del fondo se transfiere a las entidades federativas, pues son los gobiernos estatales los encargados de ejercerlo y supervisarlo.

A propósito del tema, en el INAI atendimos un recurso de revisión RRA 6072/19 que demuestra la preocupación por la falta de información sobre los programas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha implementado para promover el derecho a las personas con discapacidad al acceso al entorno físico. El pleno del INAI instruyó a la Secretaría hacer una búsqueda exhaustiva al respecto. Tener información es el primer paso para hacer frente a la desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad, garantizarles el acceso a la información es una forma de empoderarles permitiendo que conozcan y se apropien de sus derechos y los apoyos que deben recibir. Una vez informados, podrían también monitorear, evaluar los recursos que se designen y las políticas públicas que se implementen para atenderlos. Ellas y ellos deben participar en igualdad de condiciones en estos procesos para hacer saber por sí mismos sus necesidades prioritarias.

La sociedad civil organizada ha denunciado la falta de transparencia en la gestión del FOTRADIS, cuestionando las asignaciones por estado y señalando que no se está invirtiendo como se debe. El colectivo Movilidad Sin Límites ha hecho estos llamados de atención y además lanzó una plataforma en línea para visibilizar las barreras físicas en las calles, el transporte y otros espacios públicos. Si se difunde adecuadamente las y los interesados pueden contribuir a que la perspectiva de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad permee entre la población en general. Incluso, las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno pueden hacer suya esta herramienta que les ayudaría a cumplir con sus atribuciones.

En el INAI entendemos que la información empodera, por eso hemos decidido apoyar contundentemente el proyecto Movilidad sin límites. Debemos abandonar la concepción de las personas con discapacidad como eternos pacientes, ellos son sujetos de derechos y obligaciones que deben vivir sin discriminación. En cuanto a información, es necesario derrumbar las barreras mediante transparencia proactiva.