Este martes 7 de noviembre, el pleno del INAI instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que hiciera pública información sobre los eventos adversos que han causado los medicamentos misoprostol y mifepristona. Cuando se toman juntos, estos fármacos sirven para interrumpir el embarazo. La decisión del Instituto fue importante para garantizar el derecho de acceso a la información, pero también contribuyó a que las mujeres puedan ejercer su derecho a la salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Es necesario que en México exista información sobre las dificultades y posibles secuelas que estas medicinas pueden provocar a las mujeres que las ingieren.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi todas las muertes y complicaciones resultado de abortos inseguros pueden prevenirse. Sin embargo, en nuestro país los abortos clandestinos aún causan la muerte de miles de mujeres. En México, cuando el embarazo es consecuencia de una violación, es legal interrumpirlo en todo el país. En 14 de las 32 entidades federativas es posible interrumpirlo si afecta el estado de salud de la mujer; en 16, por alteraciones genéticas del feto, y en dos, por factores económicos. Además, hacerlo por voluntad de la mujer es legal en la Ciudad de México desde el 2007. A partir de entonces hasta abril del presente año, 176 mil 109 mujeres han realizado esta práctica en la capital; 125 mil 127 son originarias de la Ciudad de México, 44 mil 608, del Estado de México y mil 37, de Puebla.

Para evitar que las mexicanas sufran consecuencias que podrían ser evitadas, la información pública debe esclarecer las dudas que existen sobre los procedimientos disponibles, los efectos secundarios y el posible riesgo de que la interrupción del embarazo no sea efectiva. La posibilidad de que el embarazo termine con medicamentos es del 80% y en el 20% de los casos en los que no funciona y la mujer decide continuar con su embarazo, existe la probabilidad de que haya una malformación en el embrión. Las mujeres que deciden interrumpir el embarazo legalmente deben poder consultar toda la información posible para tomar una decisión y tener la mayor certeza de que su salud no está en riesgo.

Esta información no solo debe ser pública, también debe ser accesible para que toda mujer interesada pueda asesorarse. La información sobre los efectos secundarios de los medicamentos cobra especial importancia debido a que otorga certidumbre a las decisiones que toman las mujeres respecto a sus derechos reproductivos y sexuales. Existen prácticas internacionales de gobierno abierto que muestran cómo puede publicarse información sobre medicinas. Un ejemplo es la iniciativa MedWatcher en Estados Unidos. Este mecanismo procesa, sistematiza y da seguimiento a los reportes que ciudadanos, personal médico y farmacéutico proveen sobre los efectos secundarios de medicamentos y vacunas, con la finalidad de disminuir asimetrías de información y optimizar la toma de decisiones sobre la administración de medicinas.

La información pública sobre el proceso, riesgos y secuelas que implica la interrupción legal del embarazo es un insumo que permite a las mujeres tomar decisiones sobre su salud y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, amplía el panorama y enriquece la discusión pública sobre el tema para que tengan la posibilidad de exigir mejores políticas públicas y, así, tener acceso a más y mejores servicios de salud. La decisión que tomó el pleno del INAI es un paso para lograr esto. Las autoridades tenemos que trabajar proactivamente en hacer realidad el derecho de todas las mujeres de contar con información objetiva y accesible para decidir qué es lo mejor para sí mismas.

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