Cada año, el think tank Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) realiza un informe sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio (SJPA), que no es tan nuevo porque hubo un plazo constitucional de diez años para preparar su implementación. En junio pasado CIDAC presentó su informe 2016 que cubre el primer año de esta implementación. Idealmente, México debería estarse preparando para una nueva forma de impartir justicia y de perseguir eficientemente los delitos; debería tener un SJPA que sea un medio efectivo de regulación y solución de conflictos para mejorar la vida social en el país.
Sin embargo, el informe de CIDAC calcula que hacen falta once años para alcanzar el nivel óptimo de operación del SJPA. Estos once años deberían transcurrir con instituciones responsables avanzando firmemente hacia ese nivel óptimo. ¿Pero cómo saber y evaluar si esto pasa? Autoridades y población necesitamos información pública para responder a esta pregunta. Sin información sobre los procesos y procedimientos, las capacidades de los recursos humanos, las estadísticas de delitos registradas, entre otros temas, autoridades y población no podremos vigilar que la implementación de la reforma penal no quede en discurso y gasto infructuoso de esfuerzos y recursos. Precisamente, la información pública fue insumo fundamental de los expertos de CIDAC para realizar su informe: hicieron solicitudes de información y consultaron datos publicados por instituciones federales y estatales.
Uno de sus hallazgos más importantes es que hace falta información pública para monitorear y evaluar la implementación del SJPA. Además de evaluar la transparencia y el acceso a la información sobre el tema en las entidades federativas, CIDAC identificó que hacen falta estadísticas confiables por dos razones. La primera es que no existen criterios definidos para llevarlo a cabo; la segunda es la falta de correspondencia entre los sistemas de registro actuales con los requerimientos de un sistema de corte acusatorio. Tampoco hay sistemas informáticos homologados, interconectados e interoperables. Sin información no hay evidencia para evaluar los resultados, se dificulta identificar las áreas de oportunidad y asignar adecuadamente el presupuesto.
La falta de información confiable evidencia la fragmentación y la desarticulación de esfuerzos entre instituciones y entre estados y, consecuentemente, el retraso de los resultados esperados. Pero también abona a desperdiciar la inteligencia colectiva que puede contribuir a mejorarla. Para que los mexicanos nos apropiemos de los beneficios de la reforma penal debemos conocer los avances logrados y disponer de espacios para, con base en la información pública disponible, llamar a rendir cuentas a las autoridades o, mejor aún, colaborar con propuestas de mejora. El informe de CIDAC es un ejemplo claro de cómo el uso de la información pública puede contribuir a ejercicios de apertura donde las autoridades son las responsables de implementar el nuevo sistema de justicia penal, pero pueden contar con aportaciones constructivas de actores sociales interesados.
Recientemente, algunas autoridades han vinculado al SJPA con el incremento en índices delictivos en ciudades del país. Esto abona a que la población dude de su legitimidad, por lo que es fundamental que se conozca la evidencia sobre la que se basan estas afirmaciones, así como sobre el desempeño de las instituciones responsables. Un SJPA que garantice justicia puede ayudar a recuperar la confianza de la población en las autoridades y que ésta vuelva a denunciar los delitos. En un país donde 7 de cada 100 delitos son denunciados y hay un índice de impunidad del 99%, urge que el SJPA sea impulsado conjuntamente por autoridades y población para dar buenos resultados, pero necesitamos información pública que nos ayude a dialogar y colaborar.