La información pública debe servir para encontrar solución a los principales problemas públicos. Esta frase no es un eslogan, es un requisito para implementar políticas públicas que redireccionen el rumbo de México. Los requerimientos de información presentados a las instituciones públicas mexicanas son escaparate de las necesidades de información identificadas por los ciudadanos en torno a los problemas prioritarios, como la violencia y el combate al crimen organizado. Recientemente, un ciudadano hizo ver al INAI la necesidad de conocer estadísticas para estudiar la vinculación de las y los menores de edad y jóvenes con el narcotráfico, narcomenudeo y posesión de drogas, específicamente, sobre detenciones. Lo hizo a través del recurso de revisión RRA 6948/48 contra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El pleno del Instituto instruyó al SESNSP asumir competencia e informar al interesado al respecto.
Juvenicidio
Al analizar el tema, la ponencia a mi cargo identificó que el “juvenicidio” es uno de las peores consecuencias de la violencia generalizada que persiste en nuestro país. El vínculo entre juventud y violencia implica la puesta en riesgo sistemática de la vida de este sector de la población. Dolorosamente, también hay niñas y niños involucrados. En México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años. A pesar del potencial que representan como bono demográfico, su futuro no es prometedor. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico y 5.4 millones no tienen la oportunidad de estudiar ni trabajar.
Ante la falta de oportunidades económicas, para algunos niños y jóvenes, el crimen organizado es una opción para superar la barrera de la movilidad social y lograr reconocimiento. Los jóvenes que se vinculan con el crimen organizado son mano de obra barata, pero se enfrentan a grandes riesgos. Desde 2007 hasta el 2016, de acuerdo con cifras del INEGI, 45 mil 399 jóvenes de entre 15 y 24 años fueron asesinados por causas relacionadas con el crimen organizado. Esto ha ido aumentando desde que inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”. La Red por los derechos de la infancia en México estima que luego de 12 años de esta estrategia casi 11 mil niñas, niños y adolescentes han sido asesinados, en su mayoría como víctimas colaterales del fuego cruzado, y 6 mil 800 menores desaparecidos.
Información pública
Debo insistir: no hablamos de cifras o estadísticas, hablamos de vidas, de padres que pierden a sus hijos, de familias rotas. Acostumbrarnos a las cifras y no pensar en el valor de cada vida puede ser parte del problema. La violencia en las calles puede alcanzar los ámbitos cotidianos, repercutiendo en las dinámicas de los hogares y las escuelas. No es casualidad que México ocupe el deshonroso primer lugar entre los países de la OCDE por violencia y abuso infantil.
Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de las y los niñas, niños y jóvenes. El problema del juvenicidio no se limita a las políticas de seguridad pública. Hacen falta soluciones integrales. Pero el Estado requiere el apoyo de la sociedad, los medios de comunicación, de todos en general. Debemos preguntarnos cómo podemos contribuir a rectificar los mensajes, los constructos, los ideales que enaltecen la cultura de la violencia, para sustituirlos por la inclusión, la colaboración, la confianza y la pacificación. Durante la campaña presidencial, el presidente electo habló de una ley de amnistía para los jóvenes involucrados en el narcotráfico, buscará que dejen la actividad criminal y accedan a empleo y educación que les permita reintegrarse a la sociedad dignamente. También contempla una propuesta de despenalización en el cultivo y trasiego de mariguana. Aún no se tienen los detalles, pero el debate sobre esta propuesta debe fundarse en evidencia, la cual se obtiene de la información pública.
Pendientes de la transparencia fiscal
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