Las sociedades actuales se caracterizan por el cambio constante. Sus estructuras de organización (las instituciones gubernamentales, por ejemplo); y sus andamiajes de convivencia (valores y normas de conducta), evolucionan, ya sea para dar paso a transformaciones notorias como las derivadas de la ruptura de paradigmas (las revoluciones ideológicas son un buen referente), hasta aquellas registradas a escalas menores, como los cambios actitudinales, entre los que se puede mencionar el rechazo a fumar en espacios cerrados o las preocupaciones por mantener un estilo de vida saludable.
Leer la realidad
El acceso a la información en este contexto, puede servir como motor para el cambio social, toda vez que el conocimiento del estado de diferentes temas de la agenda pública por parte de las personas, les posibilita la toma de conciencia sobre el entorno comunitario y, por ende, amplia las capacidades de actuar frente a él.
En ese sentido, el derecho a saber opera como una ventana para “leer la realidad” y propicia que los individuos se conviertan en actores significativos en su radio de acción.
En el acontecer cotidiano se registran problemáticas generadas por conductas inadecuadas; por ejemplo, el consumo de alcohol en condiciones adversas, que llega a afectar la salud; o bien, la falta de precaución vial que eventualmente puede suscitar accidentes automovilísticos, en ocasiones con consecuencias fatales.
A las políticas públicas orientadas a remediar las consecuencias de escenarios como los descritos, se pueden sumar esfuerzos de solución a partir de la reflexión individual, para lo cual el derecho a saber es funcional, ya que permite a las personas acceder a información para comprender distintos fenómenos y actuar en consecuencia.
Un ejemplo de ello son dos casos que atendió el INAI, que permiten observar el papel de la información como motor de cambio social. El primero implicó el deseo de un solicitante por conocer qué carreteras eran las que más accidentes habían registrado durante 2015 en los estados de Coahuila y Durango, datos que se requirieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien se declaró incompetente, lo que motivó la interposición del recurso de revisión.
Del análisis a la normatividad de la SCT, el INAI advirtió que sí tenía competencias para conocer de lo requerido, consecuentemente ordenó la entrega de la información, misma que es útil para reconocer que la seguridad vial constituye un asunto de importancia, en el cual interviene un gran número de variables, desde las relacionadas con la infraestructura, los vehículos y elementos como los destinados al control de tráfico o medidas de la velocidad; hasta las vinculadas con los conductores y otros usuarios de las vías, de quienes depende, en gran medida, la prevención de este tipo de hechos, máxime cuando datos oficiales, como los derivados de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial del año de interés del particular, revelan poco menos de 400 mil percances en el periodo, cuyo saldo son más de 130 mil heridos y más de 15 mil defunciones.
En otro caso, el INAI revisó la queja de un particular que requirió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los volúmenes y porcentajes de consumo de alcohol en México, así como de aquel que fuera adulterado entre 2012 y 2017, datos que fueron declarados inexistentes.
Al analizar el asunto, el Órgano Garante advirtió que el sujeto obligado no agotó el procedimiento de búsqueda requerido por la ley y, por ende, resolvió ordenar el envío de la petición a todas las áreas que, por sus atribuciones, pudiesen conocer del tema, para hacer entrega de los datos.
Es conocido que la ingesta desmedida de alcohol constituye un foco rojo en materia de salud pública, agudizado por la adulteración, que contribuye al desarrollo de más de 200 enfermedades, entre las que se encuentran algunos tipos de cáncer, además de la generación de discapacidades, deteriorando con ello la calidad de vida de las personas e, incluso, atentando contra la misma, pues cada año se producen por su causa 3.3 millones de muertes en el mundo vinculadas al consumo del alcohol.
Conciencia colectiva
Como se observa, la información proporciona elementos de los cuales pueden disponer las personas para discernir de mejor manera sobre las consecuencias, así como acerca de los cursos de acción posibles frente a determinados fenómenos y, por ende, crear condiciones para la toma de decisiones que incidan en un cambio en los patrones de conducta tanto en el nivel individual como en el familiar, que favorezcan la disminución de accidentes o problemáticas más frecuentes en estas épocas del año. Esto crea un proceso virtuoso, ya que cada persona que accede a información se puede convertir en actor de transformación social con base en la visibilización de los fenómenos de riesgo, como el primer paso hacia la construcción de una conciencia colectiva, esencial para alcanzar una sociedad más participativa, capaz de abonar en favor de la configuración de un México mejor.
También puedes leer: Apertura informativa en corrupción administrativa