El 18 de febrero será un día que marcará la historia electoral del país. La sesión pública del Instituto Nacional Electoral, en la discusión del orden del día, pierde a siete representantes de partidos políticos y a sus respectivos Consejeros del Poder Legislativo. Es cierto, la autoridad electoral y los sujetos regulados por éste de manera frecuente tienen desacuerdos y momentos de tensión los cuales tienden a acentuarse en los procesos electorales. La sesión del Consejo General de la semana pasada en la que claramente subieron de tono los desencuentros entre la autoridad y los partidos políticos, fue motivada por dos proyectos de acuerdo.
La sesión del miércoles pasado sometía a consideración de los integrantes del Consejo General dos asuntos que, cuando menos en el marco de los procesos electorales, la autoridad electoral aprobaba para delimitar la actuación de los funcionarios públicos y el uso imparcial de los recursos públicos y de los programas sociales en favor de un partido o candidato. Quizá los alcances son más profundos que en procesos electorales anteriores pero ello no justifica que diferendos entre sus consejeros mermen la credibilidad del INE.
La aprobación de estos dos documentos se dio una semana después, en una sesión de Consejo General en la que se produjo un álgido debate entre dos bloques de consejeros electorales: Los que encuentran sentido en que la autoridad electoral precise las conductas que serán sancionadas en la actuación de los servidores públicos y en el uso imparcial de los recursos que pudieran incidir en la equidad de la contienda y, otros, que ven en este documento uno de carácter informativo y sin ninguna fuerza vinculante por lo que se enfocaron en tratar de modificar la redacción de ambos acuerdos para dejarlos en documentos que enuncien criterios orientadores en estos temas.
Otra característica relevante tuvo la sesión del miércoles pasado: Siete de los diez partidos políticos con registro nacional se ausentaron de ésta. Desde la semana pasada, los siete partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo se levantaron de la mesa del Consejo General y han dejado de participar en diversas comisiones y comités en el INE.
Ayer por la mañana, los siete partidos políticos publicaron un documento que denominaron "Manifiesto a la Nación: La crisis de legalidad en el INE". El PAN, PRD, PT, MORENA, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social, exponen 15 puntos por los que, a su juicio, se evidencia la actuación de la autoridad electoral nacional alejada de los principios rectores de la función electoral, particularmente, los de imparcialidad y legalidad.
Solicitan a la autoridad electoral que dé respuesta a los 15 puntos planteados en los que, entre otras cosas, se cuestiona la actuación opaca de la Comisión de Quejas y Denuncias; la falta de titular nombrado por el Consejo General en la Unidad Técnica de Fiscalización; la inexistencia del sistema de contabilidad en línea ordenado por la norma; la integración de las autoridades electorales de las entidades federativas (OPLEs); la pauta estatal determinada por la autoridad y el menosprecio al sistema de partidos.
La autoridad electoral no puede guiar su actuación con base en las determinaciones u opiniones de los partidos políticos y sus representantes pero, tampoco, puede actuar pretendiendo que no pasa nada. Que siete de diez partidos políticos se unan para cuestionar a la autoridad electoral resulta, por decir lo menos, preocupante. Que decidan dejar de asistir a las sesiones de Comisiones, Comités y Consejo General durante el proceso electoral, es muestra clara de lo profundo de esta crisis. El escenario se complica si no se encuentran actores que medien entre las posturas de los partidos sin afectar las atribuciones de las autoridades electorales. Además, la aplicación de un nuevo diseño institucional y nuevas reglas del juego para el proceso electoral en marcha hacen que cada determinación del Consejo General sea impugnada por los institutos políticos o por cualquier ciudadano, complicando la organización de las elecciones.
Las autoridades electorales de este país han dado muestra clara de su solvencia profesional y de su actuar apegado a los principios de la materia electoral. Constituyen el espacio ideal para la defensa de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Se ha dado cuenta ya en éste y en otros espacios de las graves deficiencias de la legislación electoral que enfrenta su prueba de fuego en estas elecciones; sin embargo, esto no es suficiente para echar por tierra el avance democrático que todos los ciudadanos hemos construido en México.
Estamos en medio del proceso electoral, a punto de iniciar las campañas electorales y, tanto la autoridad administrativa electoral como los partidos políticos deben encontrar la forma de resolver y atender la crisis que se vive en ese órgano con la finalidad de que la ciudadanía pueda elegir a sus representantes en absoluta libertad y en condiciones de equidad.