Opinión

Indolencia criminal de la Fiscalía CDMX frente a covid-19

Instalaciones deterioradas e inobservancia de protocolos frente a la pandemia. | Adolfo Gómez Vives

  • 27/04/2020
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El martes 21 de abril cayó un aguacero torrencial en varias alcaldías de la Ciudad de México. La lluvia y el granizo congestionaron el drenaje en Cuauhtémoc, al grado que un excusado ubicado en el cuarto piso del edificio denominado México Mart, en Izazaga 89, devolvió decenas de litros de aguas negras hacia las oficinas que ocupa la Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos.

Ese inmueble tuvo daños severos durante los sismos de 2017. Desde entonces, trabajadores de la Secretaría de Finanzas y de la extinta Secretaría de Seguridad Pública exigieron su reubicación al jefe de Gobierno en turno, Miguel Ángel Mancera, sin que fueran escuchados. A la fecha, el inmueble aún presenta cuarteaduras y el olor a drenaje es permanente.

Un elemento de la Fiscalía difundió en su cuenta de Twitter videos del excusado desbordándose y de sus compañeros tratando de controlar el flujo de las aguas residuales.

Agentes del Ministerio Público manifestaron su molestia a este columnista, por las condiciones de inseguridad e insalubridad en las que tienen que trabajar y por la inobservancia de las medidas de prevención que la propia fiscal general, Ernestina Godoy Ramos ordenó mediante oficio circular FGJCDMX/OC/03/2020, en fecha 19 de marzo.

Señalan los agentes que los elementos que se contagiaron y han fallecido presentaron síntomas y de ello dieron conocimiento a sus superiores, sin que éstos hayan tomado medidas para aislar a los compañeros con quienes tuvieron contacto, pues argumentan que ello no es necesario “hasta que presenten síntomas”, lo cual contradice las instrucciones de la autoridad federal, pues se trata de eventuales casos asintomáticos que podrían estar esparciendo la enfermedad por desconocimiento y negligencia de los mandos superiores.

Se repartieron caretas para los servidores que brindan atención al público, pero estas son de tan mala calidad “que se rompieron a la primera puesta”, lo que los ha obligado a adquirir sus propias mascarillas y cubrebocas.

Los agentes exigen que Godoy Ramos se solidarice con los trabajadores de las agencias del Ministerio Público y que verifique por sí misma “las condiciones laborales y de higiene asquerosas en las que estamos laborando sin que se respeten los protocolos de salud e higiene y sin ningún material de apoyo para realizar nuestras funciones durante la pandemia”.

Ese mismo día, la Fiscalía General difundió el comunicado de prensa CS2020-245, en el que reconoció el fallecimiento de un “asesor jurídico” por covid-19, quien se encontraba comisionado en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, a cargo de José Luis Quiroz Hernández.

El lunes 20, un agente de la Policía de Investigación informó por escrito al comandante José Carlos Flores Vázquez, director Territorial en Iztapalapa, que en razón de que un compañero de aquél dio positivo a covid-19, se realizó la prueba respectiva en el Centro de Salud T-III, Beatriz Velasco de Alemán, en Venustiano Carranza y que desafortunadamente dio positivo.

En su escrito, el elemento de la Policía de Investigación señaló que la autoridad sanitaria se negó a extenderle la constancia de incapacidad respectiva para efectos de justificar su ausencia laboral. Solamente se le indicó que debía llamar a Locatel para manifestar su condición de salud, hecho que quedó registrado en ese centro telefónico con el folio Covid-200420-213869.

En plena fase 3 de la pandemia y con más de mil decesos por esta causa, el Fiscal de Supervisión en la Visitaduría Ministerial, Jesús Ventura Sánchez Flores, ordenó mediante acuerdos 03/2020 y 04/2020 la suspensión del mandato Quédate en Casa, a efecto de implementar operativos de supervisión, que no forman parte de las actividades esenciales de la Fiscalía y que, por tanto, no deberían realizarse, ya que ponen en riesgo innecesario a su personal.

A la fecha, la Fiscalía de la Ciudad de México ha reportado el deceso de tres de sus elementos: Esly Ari Sauza, oficial secretario del turno 2 en Álvaro Obregón, Héctor García Lupercio, agente de investigación y Obed Santiago Obregón, asesor jurídico comisionado en la fiscalía de Homicidios.

El pasado 14 de abril, tres agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc-2 trasladaron a tres imputados por posesión simple de estupefacientes al Reclusorio Norte; éstos dieron positivo a covid-19. En razón de las condiciones extraordinarias derivadas de la pandemia, el Ministerio Público habría podido dejar en libertad a los imputados, a través de la aplicación de medidas cautelares y ejercitar la acción penal en un momento más oportuno.

Sin embargo, la disposición relativa al traslado de los imputados puso en riesgo a los policías, a las personas que se encuentran laborando en esa coordinación territorial, así como a los internos y al personal del reclusorio. Todo, por la indolencia criminal de las autoridades, encabezadas por la Subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Maribel Bojorges Beltrán.

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