Los viejos derechos políticos y económicos se regían bajo los principio de territorialidad y nacionalismo: Correspondía decidir sobre los asuntos de una comunidad a sus miembros y a éstos debía de proteger el Estado para que crearan riqueza y ésta se distribuyera dentro de su territorio. La premisa mayor de estos dos derechos era que los próximos, los que comparten paisaje y paisanaje, son los únicos interesados en la vida y futuro de la comunidad.
Estos cánones fueron sustento y tuvieron validez en el Estado-nación; pero no así en un mundo globalizado, donde la actividad económica -el capital- escapa del marco ético-legal del Estado-nación, se aterritorializa y termina imponiéndole a aquél sus propias reglas.
Los Estados-nación están atados a sus territorios, en tanto el capital cambió la dimensión espacio por la de velocidad. Su poder radica en la capacidad de desaparecer y, así, escapar al control del Estado al embrujo de oprimir una tecla de computadora.
En esa velocidad radica su capacidad de chantajear a los hoy sometidos Estados-nación, quienes ven cambiar su atribución reguladora a obligación desreguladora. Sus márgenes de acción política, económica e, incluso, militar, es decir, su soberanía, son más teóricos que prácticos, habida cuenta que cualquier autoafirmación puede ahuyentar al inversionista. Su capacidad autoreguladora ya no lo es más, están obligados a jugar con reglas impuestas por fuerzas sobre las que no tienen ninguna influencia, pero que además carecen de cara y ubicación. Fuerzas que se esconden tras la entelequia del mercado.
El concepto soberano de nadie igual al interior y nadie superior en el exterior ha caído hecho pedazos ante la globalización. Hoy en día algún Estado-nación difícilmente que puede llamarse auténticamente soberano. Frente a esa realidad, el Estado-nación carece de capacidades efectivas para amalgamar en su territorio la pluralidad de su sociedad y surge así la balcanización de las etnias, religiones y comunidades prenacionales; fragmentación que imposibilita una acción unitaria y debilita aún más a la sociedad frente a la globalización y sus reglas.
El Estado reduce su función a la de policía: Mantener el orden en su territorio -de ser necesario con violencia no necesariamente legítima-, y no incomodar al “capital nómada”. En metáfora de Bauman, ser un buen administrador del Trailer Park al que pueda llegar el capital y encuentre condiciones hospitalarias, limpias, modernas y agradables, servicios prestos y a bajos precios, seguridad y tranquilidad para gozar su estancia depredadora durante el tiempo que ésta dure. Y, cuando éste emigre, recoger la basura y hacerse cargo de los desperfectos causados por su estadía.
Los gobiernos con ese carácter deben recortar los impuestos al capital volátil, aunque sea a costa de aumentarlos a la población cautiva fiscal y territorialmente; reducir las regulaciones y derechos laborales; debilitar y controlar las organizaciones sindicales y asegurar libre acceso a los recursos naturales, a la planta productiva nacional y al mercado consumidor. Mientras más precaria sea la situación de los nacionales y de la Nación misma frente al capital global, mejor.
En otras palabras, sólo el vaciamiento de la soberanía, el desmontaje de la organización y participación social, y la fragmentación política hasta el nivel del individuo aislado aunque inserto en la “ola” de un estadio o de un evento efímero hasta hacer imposible toda verdadera unidad de acción política, es lo que nos exige la globalidad.
Hoy nadie propone y menos busca un proyecto general o un modelo de nación, la política para el ciudadano se concretiza en reclamos tan fugaces como los “spots” que los concitan: Vales de medicinas, meter a la cárcel a un Gobernador corrupto, revocación de mandato, recorte impositivo, casa blancas.
Pues bien, transportemos esto a lo local. Concretamente a Nuevo León. Con una clase empresarial instalada en este paradigma y harta de partidos ciegos de ambición que imponen sus cuotas de corrupción provinciana sexenio tras sexenio. Clase empresarial que calentó el brazo con López Obrador en el 2012 y que hastiada de poderes partidarios de pacotilla y de sus juegos y cálculos endogámicos impulsó a un fenómeno de ocasión en una “ola” electorera, un happening ciudadano a través de la novedad y moda de las candidaturas independientes.
Auxilió y mucho un Gobernador impuesto y hundido en la corrupción, un sistema de partidos en crisis, candidatos pigmeos, apuros económicos, inseguridad, demérito de la democracia, reclamo generalizado contra la corrupción gubernamental y fragmentación de la acción social y política. El resultado es la realidad hic et nunc neoleonesa.
Mutatis mutandi, la realidad del Estado-nación frente a los poderes fácticos globales, es la debilidad que el gobierno y representación política en Nuevo León habrán de enfrentar de cara a los poderes fácticos empresariales: Fragmentación política por esencia y sino; por ende, imposibilidad de cohesión social y de unidad de acción política; incapacidad de autoafirmación y autorregulación; papel de policía de barrio o granadero, según sea el caso; sometimiento por destino.
Lamento decir que entre los riesgos de un ejercicio verdaderamente democrático sobran ejemplos de efectos poco democráticos.