Si algo hay que reconocerle a la propuesta de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es que a la industria eléctrica mexicana y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por fin se les está otorgando una importancia estratégica para la seguridad energética y el desarrollo del país comparable a la de la industria petrolera y a Pemex.
No obstante, una de las mayores críticas que podría hacerse a la restructuración del sector eléctrico del presidente López Obrador es que a pesar de que legalmente se permite la inversión privada en toda la cadena de valor y que la CFE mantuvo el servicio público de transmisión y distribución de electricidad, en la práctica la Comisión siempre ha mantenido el monopolio en la generación, comercialización, transmisión y distribución. Incluso, cuando se compara las premisas de la reforma de 2013 a la CFE con las que dieron origen en 1937 podría decirse que el statu quo de la Comisión ha cambiado poco, salvo que las actividades que realiza hoy en día deben generar valor económico y rentabilidad para el Estado.
Asimismo, a pesar de que a partir de 2013 México comenzó a contar con la CRE como regulador del mercado eléctrico y con el CENACE para operar al Sistema Eléctrico Nacional y el CENAGAS para el sistema de gasoductos, la CFE continúa ejerciendo un gran poder en la operación del mercado, la competencia entre los usuarios calificados en el Mercado Eléctrico Mayorista y el abastecimiento y capacidad de los gasoductos. En el mercado, la participación de la industria privada ha tenido más margen de juego en producción de electricidad cuyo principal aporte en la matriz eléctrica es la integración cada vez mayor de fuentes renovables. El planteamiento base para abrir el área de generación se centraba en la disminución de los costos en las tarifas eléctricas en toda la cadena de valor, sin que ello implicara que el Estado pidiera el control del Sistema Eléctrico Nacional.
Por esta razón, muchas de las deficiencias del sistema y del mercado eléctrico mexicano se le atribuyen al papel monopolista de la CFE; entre las principales se ubican las limitaciones en la transmisión y distribución, la falta de competitividad de las tarifas de electricidad, los altos costos en la generación de energía y las dificultades en la transición energética baja en carbono.
En pocas palabras, las ineficiencias preexistentes a la reforma de 2013 prevalecen debido a la baja inversión en las líneas de transmisión y distribución; aunque para ser justos, la CFE no cuenta con las herramientas financieras suficientes para construir nuevas líneas de transmisión por sí misma como manda la ley. Sin embargo, cabe decir que la CFE pasó de un déficit financiero de 77 mil millones de pesos en 2012 a una recuperación de ganancias de 48 millones de pesos en 2019, que pudieron ser mayores si la Comisión no hubiera registrado adeudos por un monto de 55 mil millones de pesos.
Respecto a la emisión de contaminantes atmosféricos de la industria eléctrica, ésta todavía dista mucho de reducirse conforme a los compromisos internacionales que México ha adquirido; si bien el uso de fuentes renovables y limpias ha aumentado en la generación de electricidad, una buena parte se produce en plantas de ciclo combinado en las que predominan los combustibles fósiles, principalmente el gas natural cuya mayoría es importada desde Estados Unidos. En 2020, todo parecía que México iba en camino a revertir la tendencia a producir electricidad con energéticos fósiles pues ese año el presidente López Obrador destinó a la transición energética 29.590 millones de pesos, presupuesto de cual el 97% se destinó a la CFE con la encomienda de aumentar la red nacional de transmisión eléctrica. Lamentablemente, en el presupuesto federal de 2021 el fondo para la transición sufrió una reducción del 70% y, en consecuencia, los recursos para la CFE cayeron en la misma proporción.
Con estas inconsistencias presupuestales, el argumento de impulsar la transición energética de la propuesta de la reforma energética del presidente López Obrador suena vacía, pues sin recursos financieros difícilmente la CFE podría impulsar los proyectos de energía limpia, construir el parque fotovoltaico en Sonora y renovar la maquinaria y el equipo de las 10 centrales hidroeléctricas que quiere el presidente. Por supuesto, aún hay que darle el beneficio de la duda para los presupuestos 2022 y 2023 que restan en la administración de López Obrador. Aún así, la asignación de mayores recursos financieros perdería lógica con la cancelación de contratos a la iniciativa privada bajo la justificación de la soberanía y seguridad energéticas en estos tiempos de cambio y necesidades apremiantes para un mercado de 43 millones de clientes en México.