Desde el inicio de la presente administración federal, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia han sido cómplices de la opacidad del gobierno federal en temas como la militarización, el robo de combustibles y la adquisición de medicamentos y vacunas.
Llegaron al extremo de atentar contra la autonomía del instituto garante de la transparencia, al convertirse en abiertos promotores publicitarios de la central avionera de Santa Lucía. Eso sí, debidamente ataviados con los chalecos de los “servidores de la nación” y el color emblemático de la administración lopezobradorista. Así se exhiben ellos mismos en este video producido por la Secretaría de la Defensa Nacional (https://n9.cl/1bu58).
En el ínterin, utilizaron la puesta en marcha del nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), como obstáculo para acceder a la información que resguardan.
Con la obsolescencia de las plataformas Infomex —que fueron sustituidas por una única Plataforma Nacional— el Inai provocó la imposibilidad de acceder a datos abiertos, que antes podían ser descargados por periodos, por sector o por número de solicitud.
Cambiaron la lógica de los números consecutivos de las solicitudes, sin explicación alguna y sin que ello se traduzca en algún tipo de beneficio o mejora, como no sea confundir a los solicitantes.
Es imposible saber —a partir de los números de solicitud— si los peticionarios se inconformaron ante las respuestas ofrecidas por los sujetos obligados y cuáles habrían sido las nuevas respuestas, a partir de las resoluciones del Inai, tema de la mayor relevancia, si lo que se pretende es atender al principio de máxima publicidad.
A pesar de que el artículo 6o constitucional refiere con toda claridad que el derecho de acceso a la información es gratuito, la Plataforma Nacional de Transparencia exige que los solicitantes manifiesten las razones por las cuales no podrían pagar por la información que requieren, lo que también representa un impedimento para el pleno acceso a la información.
Ante los supuestos ataques cibernéticos de que fue objeto el nuevo sistema —según lo dio a conocer el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford— la Fiscalía General de la República no realizó el respaldo de los servidores del Instituto Nacional de Transparencia supuestamente vulnerados, como correspondería a un procedimiento de protección de la cadena de custodia, relativa a la evidencia surgida como consecuencia de la configuración de delitos.
Requerida vía derecho de acceso a la información, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas no proporcionó ningún dato referente a la “situación técnica” de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual presentó fallas a partir de la puesta en marcha del sistema SISAI 2.0.
Este es el contexto en el cual el Inai está obligado a exigirle al gobierno federal la transparencia de los procesos de adquisición de medicamentos que realizará la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), por un monto de 6 mil cinco millones de dólares. ¿Se atreverá a hacerlo?
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