Opinión

Impunidad, platillo caro que pocos pueden comprar

¿Por qué hay delincuentes que pueden quedar impunes? ¿Será que la impunidad es un platillo caro que solo unos cuantos pueden comprar? | César Gutiérrez

  • 11/10/2021
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El cinismo no se ha hecho esperar en México, ya que la impunidad está presente en diversos actos. Ejemplo de esto son las imágenes recientes donde se ve a Emilio Lozoya Austin muy quitado de la pena en un lujoso restaurante, mientras que la burocracia de la Fiscalía sigue durmiendo en sus laureles con la pantomima de un testigo protegido o al menos eso nos quiso dar a entender.

La Fiscalía General de la República en últimas fechas ha hecho lo mismo que la Fiscalía de Felipe Calderón, utilizar su fuero para perseguir a todo mundo menos a los delincuentes. Esto se observa porque tiene más peso una llamada anónima para catear inmuebles y violentar los derechos de las personas, que realizar una exhaustiva investigación para integrar una verdadera Teoría del Delito. Lo que queda claro es que NO los tocan ni con el pétalo de una rosa. Hecho inverosímil de discriminación entre mexicanos, pues hay quienes pueden negociar impunidad y quienes no tienen para pagar una defensa adecuada.

¿Por qué existe  tanto apapacho a Lozoya Austin? El juicio de nulidad que realizó Luis Videgaray ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya le rindió frutos. El fallo apunta a que se suspenderá la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, parece más un favor que pidió Lozoya. Es de dominio público que Lozoya tuvo muchos choques con Videgaray (cuando fue Secretario de Hacienda), y que terminó influyendo en que le quitaran a Lozoya la Dirección de Pemex, esto se ve hoy como una revancha particular entre ellos. Lamentablemente tanto la Secretaría de la Función Pública como los órganos del poder judicial, no han integrado las actuaciones pertinentes e idóneas. Ni siquiera se han dado a la tarea de realizar una buena investigación para aportar los datos de prueba necesarios que acrediten la ejecución de una conducta ilícita, terminando el proceso en un sobreseimiento.      

La jurisprudencia de la SCJN y la propuesta de abrogación del Código Militar de Procedimientos Penales

El planteamiento que realizaron los abogados en su estrategia únicamente desembocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la facultad del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reclasificar a su criterio al personal activo del Ejército y la Fuerza Aérea.

En primer lugar, las diversas reclasificaciones son principalmente a solicitud por escrito del interesado (de arma a servicio y nunca viceversa). Una vez que se obtiene la autorización de la reclasificación, el personal militar debe realizar una capacitación del oficio o especialidad para que pueda ejecutar de manera adecuada sus nuevas funciones. La Suprema Corte omitió esta parte dentro de su análisis.

En segundo lugar, la siguiente forma de realizar una reclasificación es por encontrarse en una categoría de inutilidad; este tipo de causa se justifica porque el militar no puede desarrollar ni operaciones tácticas, ni actividades que puedan poner en riesgo su salud, provocándose una reclasificación por causas de fuerza mayor, bajo la consideración y autorización de la Sedena.

Finalmente, en tercer lugar, también se puede otorgar por padecer enfermedades degenerativas, pero en su mayoría de las veces, se determina que lo mejor es que pasen a situación de retiro con el 100% de sus haberes.

Lamentablemente esta resolución provoca cierta controversia porque entonces queda la puerta abierta para que cualquier militar pueda ser reclasificado para dejar de ser de Arma y convertirse en servicio. Para muestra un botón: el ex secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre -quien inicialmente era del arma de Artillería- utilizó su cercanía a los altos mandos de aquella época para que lo ayudaran a reclasificarse al arma de Infantería. Este tipo de situación abre un criterio muy ambiguo del cómo se usará esta facultad para reclasificar a los militares de arma a servicio; a quién van a ayudar o a quién pueden perjudicar con esta decisión.

Por cierto ya les platicaré en una siguiente columna como es que este personaje fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, es el único investigado vivo de la guerra sucia en los años setentas, y está plenamente identificado por varios de los sobrevivientes de tan lamentables hechos, como quien comandaba un grupo especial que capturaba y torturaba a todo aquel que era acusado de apoyar a los supuestos guerrilleros. Es tan notoria su participación que ni la misma Secretaría de la Defensa Nacional puede negarla. Aunque los familiares y abogados del ex titular de la Defensa consideran que no será juzgado por tener más de 89 año, apuestan a que quede impune, aunque todas las pruebas demuestren que participó en la tortura y desaparición de más de una docena de mexicanos en el estado de Guerrero. Entre ellos se encuentra la madre de quien hoy es la Ombudsman de México Rosario Ibarra de Piedra, quien dirigía el comité de defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos.     

Por otro lado, la propuesta de la diputada Elizabeth Pérez Valdéz (del PRD) para abrogar el Código Militar de Procedimientos Penales, está mal planteada y con notorias y severas faltas de conocimiento en el tema, debido a lo siguiente:  

1. El fuero militar está establecido por leyes y reglamentos para normar el imperio de la disciplina dentro del Ejército

2. La tipicidad de los delitos es de diferente naturaleza debido a que existen diferentes causas que provocan una conducta delictiva en su catálogo de delitos, con sus penas.

3. Lo que realmente se debe proponer es una reforma que esté armonizada con los procedimientos y actuaciones que realiza el Ministerio Público Militar y su Policía Ministerial Militar. Muchas veces los oficios que portan no están fundados ni motivados, violando el debido proceso y la presunción de inocencia. Cabe señalar que cuando obtienen datos de prueba, la información es muy ambigua y muchas de las veces no cuentan con dictámenes que hayan sido analizados con métodos científicos o un Perito, ya que dependiendo de su área de especialización (y que esté debidamente capacitado y certificado) pueda realizar este tipo de actuaciones en distintas ramas.

Lo que en realidad sucede es que es personal de tropa y oficiales quienes fungen como agentes ministeriales que no cuentan con cursos avalados por una institución de formación policial de investigación y peritos. La policía ministerial militar no ha comprendido que hoy son muy importantes este tipo de conocimientos en el sistema penal acusatorio, y que sirve para ayudar a esclarecer los hechos, así como para aportar pruebas técnicas sobre el caso.

4. Es necesario que se reforme la manera de comunicar al detenido o imputado sobre su situación legal, porque con frecuencia nadie sabe que tiene un proceso o que le levantaron una acusación, violándose la presunción de inocencia. En muchas ocasiones la interpretación de las acusaciones son infundadas y coercitivas en contra del imputado. Debido a este tipo de situaciones es que existen diversas demandas de amparo en los Juzgados de Distrito, Colegiados y hasta en la SCJN, donde casi siempre las pierde Sedena, porque su cuerpo de abogados desconoce el litigio estratégico debido a la violación del proceso y errores de tipo que provocan la injusticia en el medio militar.

Por último, el que Lozoya Austin estuviera comiendo en un conocido restaurante de la Ciudad de México en las Lomas de Chapultepec no es un delito como tal, pero sí es inmoral. Para quienes no conocen los términos que pactó su defensa con la Fiscalía General de la República desconocen que este testigo colaborador no tiene ninguna limitante de arraigo o prisión domiciliaria, pero que sí cuenta con un brazalete para tener su geolocalización en todo momento. De igual manera tiene la restricción para no poder salir del país y de firmar cada 15 días ante el juzgado federal.

En realidad, los términos de su colaboración han sido poco claros y transparentes, lo que nos hace pensar que es un testigo delincuente protegido, que únicamente ha utilizado la capacidad y argucias legales de sus abogados para sacar provecho. Los mexicanos estamos ávidos de justicia y con su colaboración se suponía que la FGR tendría todos los elementos para imputar los delitos a quienes habían defraudado la confianza de los mexicanos, por lo que verlo comiendo en uno de los restaurantes más caros y exclusivos del país no es un delito, pero sí es una mentada de madre para todos aquellos que queremos una transformación en nuestro país, y que confiamos en ésta. Pero lamentablemente la falta de acción de la Fiscalía General de la República nos hace preguntarnos  ¿Por qué hay delincuentes que pueden quedar impunes? ¿Será que la impunidad es un platillo caro que solo unos cuantos pueden comprar?

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