Quinientos sesenta y dos días después del fracasado operativo federal para detener con fines de extradición a Ovidio Guzmán López, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco ordenó la liberación de Héctor Palma Salazar, en razón de que el Ministerio Público Federal no logró acreditar la comisión de los delitos de delincuencia organizada, por los que se le dictó auto de formal prisión en julio de 2016.
El arraigo por 40 días autorizado contra Palma Salazar pretende dos efectos inmediatos: por una parte, posicionar en la opinión pública la idea de que la responsabilidad de su liberación recae en el Poder Judicial y no en la Fiscalía General de la República —cuyo titular preside al Ministerio Público—, mientras que, por otro lado, su eventual liberación podría ocurrir cuatro días después de la jornada electoral y, por tanto, ya no tendrá efectos negativos en la de por sí mermada imagen del Partido Morena.
Y así como el arraigo contra Palma Salazar es una medida de control de daños en la imagen del gobierno federal y en la del Partido Morena, así también la difusión de la orden de aprehensión contra Andrés Roemer representa un distractor del Gobierno de la Ciudad de México, en relación a los hechos ocurridos en la línea 12 del Metro, al tiempo que constituye una abierta violación a los preceptos contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a la secrecía y al sigilo en la conducción de las indagatorias penales.
La primera denuncia por acoso sexual contra Andrés Roemer ocurrió desde principios de febrero, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tuvo tiempo suficiente para integrar la primera Carpeta de Investigación y promover su detención.
Para el 8 de marzo —fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer— se habían documentado 61 denuncias por abuso sexual en su contra. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, prefirió proteger la casa de Roemer Slomianski contra “actos vandálicos”, antes que apurar a Ernestina Godoy para que actuara contra Roemer y evitara su fuga del país.
Hoy que Roemer está lejos, la difusión de la orden de aprehensión en su contra es un elemento que no tiene mayor trascendencia y que, en todo caso, suma a su impunidad, lo mismo que ocurre con el rechazo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto de conformar una comisión que investigue el accidente en la Línea 12 del Metro.
Desde luego que ni Marcelo Ebrard, ni Florencia Serranía, ni Claudia Sheinbaum dejarán sus encargos como correspondería. Ni la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto Castillo “congelará” sus cuentas. A los deudos de las víctimas del mortal accidente se les consuela desde Palacio Nacional con tres días de duelo decretados en el Diario Oficial de la Federación, como si dicha medida tuviera importancia alguna en el ámbito de la procuración de justicia.
A través de hechos y omisiones, Andrés Manuel López Obrador es el principal impulsor de la impunidad en el país. Están como elementos de prueba su defensa acérrima de la malograda candidatura de Félix Salgado Macedonio, su negativa a opinar sobre el nepotismo que representa la designación de Evelyn Salgado y su silencio respecto de la solicitud de extradición, por parte de la DEA, del candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo.
A la simulación y el engaño, como pilares de la política de López Obrador, se suma la impunidad como manto protector de la corrupción de los suyos.