Opinión

Impunidad, corrupción y paz: los desafíos de México

Por Daniel Vázquez | Profesor del IIJ-UNAM y FLACSO-México

  • 10/04/2017
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El lunes y martes de la semana pasada tuvieron eventos relacionados con la impunidad, la corrupción y la paz en México.

 

El lunes se presentó la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción. Esta Plataforma reúne a dos movimientos sociales que, hasta ahora, habían caminado en paralelo: el movimiento de derechos humanos y el anticorrupción. Entre sus integrantes lo mismo aparece Tlachinollan, el Centro PRODH, o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, quienes tienen una ríspida relación con el gobierno debido a las prácticas generalizadas de tortura y desaparición; que organizaciones consolidadas de combate a la corrupción como Causa en Común o México Unido Contra la Delincuencia. A ellos se suman académicos y periodistas interesados en el tema. Es llamativo encontrar en este mismo espacio nombres como el de Abel Barreda, Mariclaire Acosta, o Edgar Cortez, reconocidos defensores de derechos humanos; combinados con María Elena Morera, o Pablo Girault, quienes encabezan la lucha contra la corrupción; Alberto Olvera, Alejandro Anaya y Guillermo Trejo, académicos especialistas en el tema; o periodistas como son Daniela Pastrana, Lucía Lagunez, y Marcela Turati; por mencionar sólo algunos nombres.

 

Se queda uno con la sensación de que esta unión se debe menos al amor y más al espanto… ¡no es para menos! En México se cometen más de 30 millones de delitos año. El nivel de impunidad en la resolución de esos delitos es superior al 95%. De cada 1,000 hechos delictivos, 950 ni siquiera serán denunciados, por la desconfianza o inutilidad que las personas perciben de las instituciones encargadas. De los 50 restantes, en 25 que sí fueron denunciados no habrá averiguación previa. De los 25 restantes, en 15 no pasará absolutamente nada, y en los 10 últimos las víctimas dicen que se otorgó el perdón, se recuperaron los bienes, se detuvo a los culpables o sigue pendiente la investigación (ENVIPE). Es decir, de cada 1,000 hechos delictivos, sólo en 10 sucede algo, y lo que sucede no es necesariamente justicia.

 

En lo que hace a la corrupción, la cosa no pinta mucho mejor. De acuerdo con las mediciones de Transparencia Internacional, México pasó de tener 35 puntos en las mediciones de 2014 y 2015, a 30 en 2016. Caímos del lugar 95 al 123 de los 175 países analizados. Además, nos acostumbramos a los escándalos como el de la Casa Blanca, o las empresas fantasmas en Veracruz, sin que suceda nada después de ellos, sin que se desmantelen las redes complejas de corrupción que van desde el servidor público operador hasta los más altos niveles del gobierno.

 

El problema no es sólo que se percibe más corrupción en México, esto sucede justo en el marco de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se llevó a cabo el martes. El desafío no será nada sencillo para el SNA. Ya nadie cree en estos eventos de bombo y platillo que forman parte de la burocratización y simulación. Si no comienzan a desmantelarse las redes complejas de criminalidad que cooptan al Estado, el SNA no será más que una nueva escena de la vieja historia: más burocracia y más presupuesto destinados al fracaso y la simulación.

 

Esta simulación es el complemento de la impunidad. Si bien las instituciones de justicia no resuelven ni el 1% de los hechos delictivos, el andamiaje de la impunidad se torna crítico cuando el objetivo es proteger a las camarillas del poder. El problema no es sólo que se mantiene la impunidad en las violaciones graves y estructurales a derechos humanos, o en actos millonarios de corrupción; el verdadero lío es que, frente a la presión social, se realiza una desviación politizada de la justicia. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los mejores ejemplos. No se trata sólo de la incapacidad de las instituciones, sino de un uso faccioso del poder para encubrir camarillas.

 

Este es el tercer dato de la semana: la presentación del Índice de Paz en México. Mientras que el país ocupa el lugar 65 de 163 naciones en paz positiva, es decir, en capacidades sociales y estatales instaladas para mantener en el mediano y largo plazo la paz; ocupa el lugar 140 de 163 países en paz negativa, donde lo que se mide es la violencia efectiva. Hay 75 lugares de distancia entre el lugar que ocupa México en la paz positiva (capacidades) y la negativa (violencia), lo que nos habla de capacidad subutilizada: tenemos recursos sociales y estatales para mantener la paz, pero no los estamos utilizando. El problema no está en los recursos estatales es un problema de voluntad política. Esta ausencia de voluntad política no sólo opera en la ausencia de paz, también en la simulación de la lucha contra la corrupción y el mantenimiento de la impunidad. Estamos frente a un abierto pacto de impunidad de la clase política.

 

Con estos antecedentes, no debemos esperar demasiado del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo nuevo en ese sistema es un Comité Ciudadano y la búsqueda de generar mecanismos de coordinación. Pero los órganos encargados de la fiscalización, investigación, responsabilidades administrativa y penal son exactamente los mismos que, hasta ahora, han dejado mucho que desear, han politizado a la justicia, han optado por defender a sus camarillas. No es casualidad que uno de los desacuerdos esté en la concreción de la autonomía tanto de la Fiscalía General de la Nación, como de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Uno de las principales componentes de la lucha contra la impunidad, es la autonomía de estos dos órganos.

 

Las principales características de la democracia son: 1) elección popular del gobierno; y 2) gobiernos sistemáticamente controlados. Nuestra clase política no acepta lo segundo, no permite procesos efectivos de control que rompan el proceso político integrado por el clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad. Frente a esta negativa, será necesario contar con órganos que garanticen su autonomía efectiva con respecto a la clase política. Una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción es la vía necesaria. Esto ya tomó forma en la propuesta que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo a México: México requiere un Consejo Asesor Externo.

 

Si no logramos generar mecanismos efectivos de control sobre los gobiernos, difícilmente a lo que sucede en México se le podrá llamar democracia; y los grandes números de la muerte, la desaparición y el dolor se mantendrán sobre nuestras tierras.

 

 

 

Por Daniel Vázquez | Profesor del IIJ-UNAM y FLACSO-México, tiene estudios en derecho, sociología política y ciencia política. Es profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la FLACSO-México. Su investigación y publicaciones giran en torno a los Derechos Humanos, específicamente a la relación entre democracia, mercado, corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos; así como a la teoría jurídica de los DH.

 

lvazquez@flacso.edu.mx

 

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