Hoy en día ejercer el periodismo en nuestro país es una profesión de altísimo riesgo. Los comunicadores no solamente están sujetos a las acechanzas y agresiones del crimen organizado, sino también de los sátrapas gobernantes inescrupulosos que no les gusta que haya libertad de prensa o crítica a sus acciones y a su actuación.
De igual manera, los defensores de derechos humanos o promotores de leyes y candados a la corrupción sufren la embestida del poder presidencial y los caciques estatales que buscan seguir enriqueciéndose al amparo del poder. Son horas negras para la democracia y la libertad de expresión en la nación.
Y no es una percepción personal solamente, es el resultado del informe que hace unos días ocupara la primera plana del New York Times, Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México, como lastimosamente se titula el artículo.
En los últimos años esta actividad ha sufrido ataques cada vez más constantes y es ya una preocupación que reflejan organismos internacionales de derechos humanos y asociaciones internacionales del gremio periodístico. En México, los asesinatos de periodistas son sistemáticos y la impunidad es un elemento clave en esta historia.
En los últimos 17 años han sido asesinados en México 106 periodistas por motivos que podrían estar relacionados con su trabajo, según la documentación conjunta que ha hecho Periodistas de a Pie en conjunto con la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, a partir de la revisión exhaustiva de las bases de datos de varias organizaciones internacionales que trabajan en México.
De esos asesinatos, 3 ocurrieron en el último año de gobierno de Ernesto Zedillo; 22 durante la administración de Vicente Fox; 47 en la de Felipe Calderón y 34 en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Además, de 2003 a la fecha hay 25 periodistas desaparecidos y cada 25 horas se registra una agresión contra periodistas.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión tiene un índice de impunidad mayor al 99 por ciento y de acuerdo con la organización Artículo 19, sólo 3 denuncias presentadas ante esta instancia han resultado en una sentencia contra los responsables.
La pregunta, entonces, es ¿Quién mata a los periodistas mexicanos? No son solamente los narcotraficantes, también son grupos de poder público hostiles a la crítica y que buscan seguir en la oscuridad. “También hacen su tarea de extermino los políticos, la policía, la delincuencia organizada coludida con agentes, ministerios públicos, funcionarios de gobierno y militares”, escribió Javier Valdez en su último líbro, Narcoperiodismo, dedicado, precisamente, a los periodistas asesinados en México. Por cierto, el único avance oficial de las investigaciones del asesinato de Javier Valdez es el reporte de la trayectoria de las 12 balas que lo mataron. Hasta ahí.
Habría que preguntarse, pública o privadamente, quiénes son los enemigos del Estado. Juan Pardinas, mexicano sobresaliente e impulsor de la iniciativa ciudadana 3 de 3, se asume como nuevo enemigo del Estado.
El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. Como en cualquier régimen democrático, subrayo, régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia, señala un funcionario. Luego entonces, sí existe una política de estado de espionaje, el gran problema es que está se dirige en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos, críticos del poder, periodistas. Mientras tanto los delincuentes siguen muy campantes y gozando de la complicidad oficial.
Pegasus, el software que maliciosamente infecta los dispositivos que, según la empresa desarrolladora, solo puede ser usado en investigaciones contra terroristas y criminales se ha usado para infiltrar a los que se consideran adversarios del régimen.
Existe un antecedente inmediato de su trabajo en nuestro país. El año pasado, se hizo público el uso de esta tecnología de espionaje contra un grupo de activistas y promotores de un impuesto a los refrescos en México, investigadores y activistas de la salud. Cuando hay pruebas de que la vigilancia está siendo usada contra activistas de la nutrición, queda claro que México no debería tener acceso a estas tecnologías, al menos no durante el periodo de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el documento difundido el pasado lunes, entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”.
A las críticas públicas por este espionaje del gobierno y a la demanda de una investigación oficial imparcial y contundente, el Presidente Peña Nieto cometió uno más de sus desaciertos al minimizar estos hechos e incluso amenazar a quienes denuncian, definitivamente México ha sufrido una involución política durante su negro periodo.
Los ataques perpetrados contra periodistas y las personas defensoras y sus organizaciones son múltiples y parecen inextinguibles. Van desde campañas de vigilancia, acoso, descrédito en medios de comunicación y redes sociales a agresiones físicas, actos de tortura, desaparición forzada y asesinatos. A esto, se suman prácticas de corrupción e impunidad. Todo esto se ve favorecido por el contexto de criminalización creciente de la protesta social.
Es importante puntualizar, que las agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, no sólo son aquellas que se expresan de manera violenta, también presionar sobre los contenidos puede considerarse una forma de violencia, así como la misma ineficacia de las autoridades se convierte en violencia institucional pues además de que se manda un mensaje de impunidad también se amedrenta al quehacer periodístico, pues no se le dan garantías para su ejercicio pleno.
Ya bien lo establece el Pacto de San José, al contemplar que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos […] encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
Si México quiere considerarse una democracia, es fundamental que revalore el respeto al ejercicio periodístico y se castiguen con severidad los asesinatos a periodistas y el espionaje a los mismos. Gobernantes, sociedad y ciudadanía y las instituciones democráticas deben ver la “Agenda de Periodistas” como un primer paso para fortalecer la democracia y el estado de derecho.
Agenda de Periodistas es el gran llamado a crear una red nacional de periodistas a fin de hacer frente a la falta de voluntad del estado mexicano y de la ineficacia de sus instituciones para garantizar el ejercicio periodístico, cerca de 300 periodistas de 20 entidades trabajaron en un plan de trabajo inmediato para frenar las agresiones al gremio.
A México le urge reducir la tasa de impunidad y de asesinatos de periodistas y los acuerdos que salgan de esta reunión deberán mostrar resultados concretos en el esclarecimiento de los primeros casos de periodistas muertos, o en su caso, sentencias condenatorias para los autores materiales e intelectuales.
Si no hay seguimiento a estos trabajos, el tema de los asesinatos de periodistas va a detonarse más. Los asesinatos de periodistas son una señal muy clara de que en México la democracia no existe, aunque tengamos una transición. Por eso es muy importantes que cese la violencia pero lo es aún más, la impunidad.