En los últimos lustros, es posible encontrar, en todos los planos de la gestión gubernamental, la noción de transparencia como elemento articulador de las relaciones entre el Estado y las personas. De manera afortunada, la apertura de las instituciones al escrutinio público, como parte del compromiso con la rendición de cuentas, ha escalado de manera rápida. Por supuesto, este proceso, como todo hecho social, no ha estado exento de tensiones y resistencias, sin embargo, claramente se advierten avances que permiten que hoy se coloquen ante la mirada comunitaria actuaciones, documentos, decisiones y justificaciones sobre el quehacer gubernamental que, hasta hace unas décadas, simplemente era imposible conocer.
En la impartición de justicia convergen los derechos fundamentales al ser tutelados, desarrollados y aplicados. Así, en su práctica, materializada en buena medida en los procedimientos jurisdiccionales, es sin duda loable que se implementen medidas para expandir, con una clara vocación garantista, el derecho de las personas a saber cómo se imparte la justicia, cuáles son los argumentos esgrimidos y sus razones en la modulación e interpretación de los contenidos normativos, así como los procedimientos implicados para ello.
Ya el Poder Judicial de la Federación ha dado pasos importantes en la ruta hacia la expansión de la transparencia como medio para establecer un diálogo con la sociedad, a través de recursos como infografías, cápsulas en video y boletines de prensa sobre los aspectos más relevantes de su quehacer. De igual manera, desde hace algunos años se divulgan sentencias relevantes y las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo este contexto, cobra relevancia, como una acción del Estado mexicano en favor de la apertura judicial, la relativamente reciente reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia, que dispuso la sujeción de las sentencias emitidas, al régimen de publicación oficiosa de información en Internet.
Abonando en el mismo sentido, el pasado 9 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que reforma varias disposiciones acerca de la difusión de las sesiones públicas de los Tribunales Colegiados y Plenos de Circuito. A partir de este instrumento, se dispone que, con el objeto de maximizar el principio de accesibilidad de la información previsto en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las sesiones públicas de las instancias jurisdiccionales mencionadas sean transmitidas vía streaming, es decir, en tiempo real y en vivo por medios digitales en la página web establecida por el Consejo para tal efecto, disponiendo también que las grabaciones correspondientes podrán ser consultadas con posterioridad en la Biblioteca Virtual. Esto representa un beneficio para las partes, que pueden asistir remotamente a los espacios donde se discuten sus asuntos; igualmente constituye un logro más en favor de las libertades informativas y de la posibilidad de conocer a detalle la función jurisdiccional.
El número de asuntos que tratan los tribunales federales es alto y sobre cuestiones muy variadas. Dotar de apertura a las sesiones en las que resuelven los conflictos jurídicos que se suscitan en la sociedad nutre la deliberación pública acerca de aspectos que van desde aquellos que afectan la vida cotidiana del común de las personas, hasta aquellos asuntos de alto interés general, trascendentales para la vida en común y para el pacto social.
Es importante señalar que la publicidad de la labor de los operadores judiciales coadyuva a la creación de cultura jurídica en la sociedad, tan necesaria para conocer los derechos y la forma de exigirlos; así como para entender que la función judicial no solamente tiene que ver con la aplicación de un conjunto de normas y con su interpretación, sino que, fundamentalmente, se orienta a preservar la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas. Poner en vitrina de cristal los procesos deliberativos mediante los cuales se configura el derecho, lo aproxima a la condición ideal de ser una conversación entre iguales, además que propicia la confianza de la ciudadanía en las instancias judiciales.
Las finalidades del orden constitucional encuentran en la vigencia y maximización de los derechos humanos una expresión importante. El aprovechamiento de las tecnologías de la información para ampliar el alcance de la transparencia y el acceso a la información demuestra el compromiso del Poder Judicial de la Federación por consolidar un esquema de apertura que acerca la justicia a la gente.
Debemos conservar los mecanismos de transparencia que se han creado, por medio de su difusión y, muy importante, su uso. Esto servirá para consolidar el papel de la sociedad en un esquema democrático, participando activamente en el acompañamiento y vigilancia de la actuación de los poderes públicos, incluyendo el Judicial. Ojalá y la apertura en las actividades sustantivas de jueces y magistrados se replique e, incluso, perfeccione en todos los tribunales estatales, para que se pueda constituir una idea común en nuestro país: la impartición de justicia incumbe a todas las personas.