Opinión

Ilegalidad y vergüenza

Migrar es un derecho y responde a la necesidad humana de buscar mejores condiciones de vida. | Marco Adame

  • 29/01/2020
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La violencia en la frontera sur contra los migrantes centroamericanos hace necesaria una reflexión sobre la coherencia del proceder del gobierno respecto a nuestra historia y principios. Es incongruente que un país que históricamente ha sido de origen, tránsito y retorno de migrantes y que ha luchado siempre por el respeto a los derechos de los suyos en el extranjero, hoy atente contra los derechos de migrantes que sólo buscan llegar a Estados Unidos para mejorar su situación.

Según el Current Population Survey del gobierno norteamericano el número de migrantes nacidos en México que reside en Estados Unidos, en el 2018 ascendió a 12.3 millones de personas y a esto se suman 26.2 millones más que se definen de ascendencia mexicana. Estos 38.5 millones de personas son más que la población total de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras juntas.

Es por ello que la Ley de Migración establece como principio la “congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio” (art. 2).

Tanto nuestra Constitución como la Ley de Migración obligan al respeto de los derechos humanos de los migrantes sea cual fuere su nacionalidad, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas y personas de la tercera edad. Y cabe recordar que para nuestras leyes la situación migratoria irregular no implica en sí misma un delito.

Además de que México tiene compromisos contraídos tras la firma del “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”. Instrumento que fue impulsado por nuestro país, quien fungió como facilitador de las negociaciones para establecer este marco de cooperación internacional. Y dentro de estos compromisos destaca el usar la detención de migrantes sólo como última opción.

Resulta incoherente y discriminatorio por todo lo anterior, que el partido del gobierno promueva inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados una leyenda en honor al exilio español, pero que en cambio para los migrantes centroamericanos impulse la represión.

La solución a este fenómeno debe ser -como lo establece la Ley de Migración- un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias. La respuesta nunca será mirar para otro lado y callar a la crítica, como hizo Morena contra Porfirio Muñoz Ledo cuando en una sesión en Cámara de Diputados pretendía mostrar imágenes de la violencia en la frontera.

Y es que lo que sucedido contra el ex presidente de la Cámara es la consecuencia directa de que Morena haya violado la ley para imponer a una incondicional suya en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La legislación establece que el candidato no debe “haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación”. Y la impuesta, hasta octubre del 2019, seguía siendo Consejera Nacional de Morena; una de las máximas autoridades de dicho partido.

La razón de este requisito es garantizar que la Comisión cumpla con su objetivo de defender de manera imparcial los derechos humanos de los ciudadanos frente a arbitrariedades del gobierno. Al nombrar a un partidario del gobierno es claro que esto no se cumplirá y que el organismo sólo servirá de tapadera de los gobernantes. Y otra consecuencia será que el gobierno defienda a quien haya impuesto en la Comisión ante cuestionamientos sobre su mala gestión; como de hecho sucedió.

Y se queda corto Porfirio Muñoz Ledo al afirmar que “Morena está tomando actitudes semejantes a las del PRI hace 20 años”, pues la imposición de un incondicional en la CNDH va más allá de una actitud; es un retroceso real al siglo pasado cuando las funciones de la Comisión eran “atendidas” por una dirección general de la Secretaría de Gobernación sin autonomía.

Esperemos que el Poder Judicial atienda debidamente la demanda presentada por el PAN con motivo del nombramiento ilegal de la titular de la CNDH, para que tras la lógica resolución, quede al frente de la Comisión alguien que sí vele por los derechos de las personas y no por encubrir al gobierno.

El presidente niega que haya existido violencia contra los migrantes; ojalá que atienda a su responsabilidad como gobernante y revise toda la información disponible. Pues migrar es un derecho y responde a la necesidad humana de buscar mejores condiciones de vida para las familias y los migrantes no sólo lo dejan todo cuando migran, sino que en su trayecto enfrentan muchos riesgos y dolor.

Es por ello urgente que el gobierno cumpla con su misión de proteger los derechos de los migrantes y que trabaje de manera coordinada con los demás países para atender las causas estructurales de esta crisis humanitaria.