A lo largo de la historia, el rol femenino en la sociedad había estado destinado principalmente a las actividades en el hogar, con tareas de cuidado y crianza. Sin embargo, en virtud de la evolución social, las transformaciones económicas y las reivindicaciones de las luchas feministas, las mujeres hemos logrado irrumpir con mayor amplitud en la esfera pública. Hoy en el mundo y en México, se ha alcanzado el reconocimiento y la instauración de garantías de nuestros derechos, lo que se expresa en diversos instrumentos legales y en el diseño e instrumentación de políticas públicas.
Así, con el trabajo intenso de varias generaciones de mujeres, se ha hecho valer el derecho a la participación política en sus distintas dimensiones, como el voto, la paridad en las candidaturas y en los espacios de representación popular. Lo mismo ha acontecido con los derechos sexuales y reproductivos, cuyo debate se ha convertido en un elemento central del ágora en la actualidad, con saldos positivos para la causa femenina.
En el ámbito laboral, las mujeres enfrentamos diversos escenarios que pueden inhibir el ejercicio pleno de nuestros derechos. Un ejemplo es el acoso sexual, que es una expresión de violencia de género, que se trata de combatir con un marco sancionatorio más efectivo y con campañas de concientización en los centros de trabajo. Otro aspecto en el mismo sentido es la denominada doble jornada, consistente en las faenas que tienen asignadas las mujeres en el ámbito doméstico, como son las tareas del hogar, la crianza de los hijos y el cuidado de la familia en general, adicionales a las de su empleo remunerado.
Bajo el contexto de la pandemia ocasionada por el covid-19, se ha advertido un impacto a nivel global más grave en las condiciones laborales de las mujeres. La Organización internacional del Trabajo, en su Informe Mundial sobre Salarios 2020/21, señala que más del 70% de quienes se desempeñan en los sectores esenciales y de primera línea son mujeres; de igual manera, anota que son más las que laboran en las áreas que han sido afectadas con mayor dureza por la emergencia sanitaria, por lo que han experimentado mayor pérdida de plazas, en comparación con los hombres. En México, en 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cada tres personas que perdieron su empleo y no lo recuperaron, dos fueron mujeres.
Estas circunstancias enmarcan la conmemoración, el 18 de septiembre, del Día Internacional de la Igualdad Salarial, instaurado por las Naciones Unidas desde 2020 para crear conciencia sobre una más de las aristas que incide negativamente para las mujeres en el plano laboral, que es la brecha en las remuneraciones, consistente en que, aun cuando una mujer realiza una misma tarea, su paga no es igual a la de un hombre, sino que es menor.
En la Resolución A/RES/74/142, que da origen a la celebración, se reafirma la prohibición de discriminación establecida en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de Derechos Humanos y en un amplio número de instrumentos internacionales ratificados por México, lo cual hace necesario redoblar esfuerzos orientados al logro de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Al respecto, como un dato ejemplificativo, se tiene que, en nuestro país, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el ingreso laboral mensual promedio de los hombres ocupados en el segundo trimestre fue $4,755.36 y el de las mujeres, $3,803.92. Así, la brecha de los ingresos laborales entre hombres y mujeres en el segundo trimestre fue de $951.44, la cual es casi $95 mayor que la del periodo enero a marzo de 2021.
Nuestra sociedad tiene el desafío de alcanzar un entorno laboral igualitario e inclusivo, con suficientes garantías para que mujeres y hombres reciban una misma remuneración por el mismo trabajo. Un paso importante en este sentido lo constituye la aprobación unánime en marzo pasado por parte del Pleno del Senado, de un paquete de reformas a trece instrumentos normativos, que tienen el objetivo de establecer las condiciones necesarias para garantizar la igualdad salarial y evitar la discriminación por género en las percepciones de las personas que trabajan tanto en el sector público como en el privado.
Entre las medidas prescritas, se instaura el Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo, a cargo de la secretaría del ramo, mediante el cual recibirá informes detallados sobre hechos de discriminación y prácticas violatorias del régimen laboral, incluyendo la desigualdad salarial, lo que permitirá su sanción y la implementación de medidas correctivas. Asimismo, se incluye dentro del marco regulatorio al Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación, para que los centros de trabajo acrediten que se cumplen esas condiciones.
Con el conjunto de modificaciones aprobadas, se perfecciona el marco jurídico para materializar las disposiciones constitucionales y legales ya existentes en la materia, el dictamen del Senado se remitió a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual discusión, cuyos integrantes tienen ahora la oportunidad de contribuir a la consolidación de un modelo de país inclusivo e igualitario.
La emergencia sanitaria que ocasionó el SARS-Cov-2 nos develó la esencialidad de la fuerza laboral femenina, clave para el sostenimiento de los servicios estatales y privados en varios rubros. Gobierno y sociedad deben colaborar para materializar el propósito de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, que en su Objetivo 8 sobre crecimiento inclusivo y empleo, establece en la meta 8.5, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad; así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.