El bono democrático con el que Andrés Manuel López Obrador será ungido presidente de la República por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conlleva muchas promesas, entre ellas la del combate a la corrupción.

Humberto Moreira

A finales de febrero de 2016 una investigación del periódico español El País señaló, que el gobierno mexicano dispuso su maquinaria diplomática, política y legal, para liberar a Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, de las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia al cártel de Los Zetas, que lo retuvieron por una semana en la cárcel Soto del Real, cercana de Madrid.

Dice El País que a finales de enero de ese año la procuradora Arely Gómez González llamó telefónicamente a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado a efecto de conocer el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. Le respondieron que no podían informarle de la situación, debido a que el tema se encontraba bajo secreto sumario y la posición de la Fiscalía era que Moreira debía permanecer en prisión, debido a la gravedad de los delitos.

Mientras tanto no pudo ser concebido que aquí en México, ni la PGR de Arely Gómez ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP hayan sospechado los diversos montos de movimiento de dinero por los cuales, la Fiscalía española haya sospechado de algo inusual, a menos que exista la voluntad para dejar de investigar este tema, como algunos otros en la misma Procuraduría, como las narcocamionetas nicaragüenses de Televisa.

El rotativo español da cuenta que, en su detención en el aeropuerto "Adolfo Suárez" en Madrid, funcionarios de la embajada de México en España recibieron instrucciones para buscar abogados ibéricos que defendieran al ex gobernador de Coahuila, así como asistir a la esposa e hijas del mismo.

Así entonces, el gobierno mexicano dispuso recursos públicos y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, para defender a un obscuro personaje, quien sumió al estado de Coahuila en una deuda de 36 mil millones de pesos (mdp) de los que misteriosamente desaparecieron todas las pruebas.

Para los amigos...

No sólo esta acusación sino que, en julio de 2015, una Corte Federal en Texas dio a conocer un documento, en el que Rolando Gómez Treviño acepta su culpabilidad y que junto con Moreira, conspiraron en una operación para defraudar las finanzas públicas de Coahuila.

Por eso, "para los amigos justicia y gracias, mientras que, para los enemigos, la ley a secas", frase adjudicada a Benito Juárez, pero también señalada a Porfirio Díaz, se cumple a cabalidad cuando el poder político no encuentra la manera de esconder cómo rescatar de la justicia de otro país a un impresentable.

Aquí el Sistema Anticorrupción no ha funcionado, -por lo menos en esta administración-, cuando se hace todo lo humanamente posible, al disponer de recursos y bienes del Estado para defender a un personaje manchado por corrupción, en un pasaje de la historia contemporánea de México, en la que más que una crisis de corrupción existe una crisis de instituciones provocada por la clase política.

Así por el estilo se encuentran los casos Odebrecht, Estafa Maestra, Socavón Express, entre otros, que quizás influyeron en el ánimo ciudadano para separar al PRI de Los Pinos y dar su confianza a Morena.

El reto del presidente López Obrador es, por una parte, cumplir su promesa de combate a la corrupción; y, por otra parte, procesar a personajes de primer nivel vinculados con el poder que se demuestre su responsabilidad; además de honrar y moralizar el ejercicio del servicio público sin permitir que quienes hoy ejercen el poder lo coaccionen para evadir la acción de la justicia.

Reunión de amigos

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