A través de la solicitud de información 1857200115419 se le pidió a Pemex copia de los reportes diarios del robo de hidrocarburos, a efecto de conocer el volumen de sus pérdidas y corroborar la reducción que presume el presidente de la República.
Sin embargo, la paraestatal argumentó que sólo posee el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, de las cuales no se puede inferir el tamaño de lo robado.
En su respuesta, la paraestatal parece olvidar el mandato del artículo 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que obliga a Pemex a contar con “estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar las actividades para su prevención”, así como a “suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos”.
La inconformidad promovida por este solicitante fue atendida, en primera instancia, por el abogado Alejandro Céspedes Martínez del Campo, quien argumentó que desconozco “las funciones de las Unidades Administrativas de ese Sujeto Obligado”, además de que “sin sustento legal alguno”, pretendo “hacer caer en el error” al Instituto Nacional de Transparencia.
Sin embargo, el 31 de julio, el Inai me dio la razón y emitió la resolución relativa al recurso de revisión RRA 4100/19, mediante la cual ordenó a Pemex «revocar» su respuesta primigenia y realizar “la búsqueda exhaustiva en las unidades que resulten competentes, entre las que no se podrá omitir a las que conforman la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, a efecto de que localicen la información relacionada con los reportes diarios emitidos por Petróleos Mexicanos en relación con el robo de hidrocarburos”.
La respuesta a la resolución del Inai, signada por el Comité de Transparencia de Pemex, declaró la «inexistencia» de la información en su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, efectuada el 15 de agosto, a pesar de que la paraestatal cuenta con el Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), que le permite detectar en tiempo real la reducción del flujo de combustibles en los ductos.
En otra solicitud, con número 1857200026019, un particular le pidió a Pemex el “listado de acciones implementadas por ese sujeto obligado dentro del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos”. La respuesta, signada por Agustín Díaz Lastra, secretario técnico de la Dirección General de Pemex, reconoce la realización de 19 acciones, entre las que destacan el “relevo del personal que estaba en el SCADA, el fortalecimiento del sistema de control SCADA y el cierre de los ductos en cuanto se detecta una toma clandestina”.
El 30 de enero, otro particular solicitó a la paraestatal, información relativa al “número de tomas clandestinas para robo de gas LP que fueron reportadas en todo el país” durante ese mes, así como “el estimado de litros de éste que fueron robados o perdidos por estas acciones”.
Pemex respondió a dicha solicitud, con folio 1857200061719, que los sistemas jurídicos institucionales únicamente contabilizan las denuncias que —se infiere— promueven ante el Ministerio Público y que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica no genera, administra o posee documentos con información específica de “litros robados o perdidos en tomas clandestinas”.
La fracción VII del artículo 186 de la Ley Federal de Transparencia estima que es motivo de sanción el “declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información, cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, como es el caso.
De qué tamaño es el volumen de los hidrocarburos robados o perdidos y cuánto se ha reducido éste, son preguntas que Pemex no quiere responder porque no le conviene. Siguen siendo un misterio de fe.