La reforma constitucional en telecomunicaciones ordenó que, una vez creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo de ciento ochenta días debía publicar “las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta”.
El texto constitucional también estableció que no podrían participar en las licitaciones “aquellos concesionarios o grupos relacionados con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico, que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura geográfica”.
El mercado de la televisión abierta en México históricamente ha estado altamente concentrado, con tan sólo dos empresas que alcanzan cobertura nacional, por lo que se hacía necesario generar acciones para mejorar la competencia y la pluralidad, siendo la televisión abierta el medio de comunicación con mayor impacto en la población.
Fue así que, dentro del plazo previsto, hace poco más de un año el IFT publicó las bases y convocatoria para llevar a cabo la licitación por la cual se asignarían las frecuencias para formar dos cadenas de televisión de alcance nacional.
Para ello y considerando el espectro disponible en todo el país que pudiera utilizarse para servicios de televisión, se conformaron grupos de 123 frecuencias para cada cadena nacional, con lo que se podría alcanzar un máximo de 106.3 millones de personas.
En el mundo no es común asignar por licitación pública las concesiones para el servicio de televisión abierta y, por lo tanto, eran escasas las referencias que permitieran estimar el valor de mercado que podría tener el espectro que se licitaría ni existían ejemplos de cómo llevar a cabo una licitación de esta naturaleza.
Para poder estimar un valor mínimo de referencia, se construyó un modelo de negocios conservador, que arrojó un monto de 830 millones de pesos por cada cadena. Este monto representa el valor más bajo al cual el Estado está dispuesto a asignar el espectro. No es un valor de mercado, puesto que este último concepto es el monto que los particulares están dispuestos a pagar por el espectro. Es decir, el valor que ellos estiman pueden extraer de las frecuencias al utilizarlas como un insumo dentro de sus planes de negocio.
Con las bases de licitación se publicó el valor mínimo de referencia y la fórmula con la cual se evaluarían las propuestas, de forma transparente y objetiva, dando una ponderación del 40% a la oferta económica y 60% a la oferta de cobertura. Esto era posible, ya que los participantes estaban obligados a elegir una combinación de frecuencias que cubrieran al menos el 30% de la población en cada uno de los estados de la República, pero más allá de eso estaban en libertad de elegir las frecuencias adicionales que se ajustaran a su plan de negocios. No obstante, la fórmula estaba diseñada para privilegiar las ofertas que incluyeran un mayor número de frecuencias.
El proceso dio inicio con la emisión de opiniones favorables en materia de competencia, que fueron otorgadas a 7 interesados, cuidando que la posible participación de cualquiera de ellos en el mercado de la televisión abierta pudiera tener un impacto positivo en el mercado.
La siguiente fecha importante fue el 20 de noviembre, cuando los interesados que hubieran obtenido opinión favorable en materia de competencia, podrían entregar la documentación para acreditar su capacidad técnica, financiera, legal y administrativa. Con esta información también se debía presentar en dos tantos un sobre cerrado con su postura, conformada por las ofertas económica y de cobertura. Uno de estos sobres se guardó en una caja fuerte dentro del IFT y el otro fue resguardado por un fedatario público. En esta etapa, tres solicitantes presentaron su documentación.
Haber solicitado la entrega de posturas en esa etapa de la licitación, antes de que se conociera el número e identidad de los participantes, fue un elemento importante del diseño del proceso, al producir incentivos para que los solicitantes entregaran posturas competitivas, ante la perspectiva de enfrentar las ofertas de otros posibles participantes desconocidos. Ante la falta de información sobre el número de participantes que se presentarían, este diseño que pudiera considerarse conservador resultó el más adecuado para la situación del mercado y pudo generar posturas que revelan las preferencias y valuaciones de los participantes. De esta manera se logró un comportamiento competitivo durante el proceso de licitación, a pesar del pequeño número de participantes.
Entre esta etapa y la emisión de las constancias de participación, se dejó tiempo suficiente para que, en caso de ser necesario, los solicitantes pudieran obtener la opinión favorable en materia de inversión extranjera. Dentro de este lapso, uno de los solicitantes desistió de continuar en el procedimiento por razones personales.
Así, una vez analizada la documentación de los dos solicitantes que seguían en el procedimiento, entre el 5 y 9 de marzo, tal como estaba previsto en las bases, se notificó a cada uno de ellos la constancia de participación. De esta manera, los interesados se convirtieron formalmente en participantes dentro de la licitación.
Finalmente, el pasado 11 de marzo concluyó el proceso de licitación, al darse dos actos formales. Primero, la apertura de sobres en un evento público con la presencia de los medios de comunicación, el testigo social que dio seguimiento a todo el procedimiento, el fedatario público y los participantes. En todo momento los presentes pudieron ver en una pantalla, las imágenes de lo que sucedía en la mesa en la que se abrían los sobres y se daba lectura a su contenido. Gracias a los medios de comunicación, se pudo seguir en tiempo real el desarrollo de todo el evento, en un ejercicio de transparencia y objetividad que fortaleció los resultados del procedimiento.
Se supo en ese momento que Cadena Tres había hecho una oferta económica de 1808 millones de pesos y Radio Centro, otra por 3058. Ambos participantes eligieron la máxima cobertura posible, correspondiente a 123 frecuencias y 106.3 millones de personas.
Ha llamado la atención la diferencia entre las ofertas económicas de ambos postores, pero hay que entender que estos montos se derivan de las expectativas de negocios de cada participante, determinadas por las propias características, posicionamiento y experiencia de los grupos económicos, el plazo de recuperación que prevén para sus inversiones, las posibilidades de establecer alianzas estratégicas y otros factores que son sólo del conocimiento de dichos grupos. Adicionalmente, están las estrategias de participación en la licitación donde es posible establecer montos agresivos –es decir, más bajos- o bien conservadores –o más altos- con el ánimo de asegurar la adjudicación. Estas estrategias dependen del riesgo que cada grupo está dispuesto a correr en relación con la posibilidad de perder la licitación. En este sentido, es importante recordar que las ofertas económicas y de cobertura se determinaron antes de que los participantes conocieran la identidad y el número de los otros postores frente a los cuales habrían de competir.
El mismo 11 de marzo, el IFT emitió el fallo confirmando que cada uno de los participantes resultó ganador de una de las cadenas nacionales licitadas.
A partir de esta fecha, los ganadores cuentan con 30 días para hacer el pago del monto económico ofrecido. Una vez cumplido este requisito, el IFT podrá hacer entrega del título de concesión. Los concesionarios deberán prestar el servicio de televisión abierta digital al 30% de la población de todos los estados del país en un plazo de 3 años, y deberán servir la totalidad de las zonas de cobertura a los 5 años de otorgarse los títulos de concesión. Ambos ganadores ya han anunciado que esperan iniciar sus transmisiones a inicios del año entrante.
El resultado del proceso de licitación ha sido más que exitoso: Se asignaron las dos cadenas de televisión disponibles a dos competidores distintos con la máxima cobertura posible, que implica el mayor aprovechamiento del espectro puesto a disposición del mercado. Esta asignación se realiza a un valor de mercado que indica la existencia de perspectivas de negocio muy favorables y que se traducirá en una importante entrada de recursos para el erario.
Hacia delante, la incursión de nuevos competidores en el mercado de la televisión abierta traerá inversiones adicionales tanto para el despliegue de las redes como para la producción de contenidos, con el efecto multiplicador que conllevan la inversiones productivas. Pero más que todo, esta reconfiguración del mercado habrá de mejorar las condiciones de competencia y pluralidad en este medio de comunicación, incidiendo así en dos de los principales ejes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
@elenaestavillo
*Las opiniones expresadas son a título personal y no deben entenderse como una posición institucional.