Opinión

Hipocresía siniestra

Que los concesionarios se cuelguen de los asesinatos a periodistas para enganchar sus propios intereses es, insisto, una perversidad.

  • 06/06/2017
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Las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos continúan de manera alarmante en el país después de la sacudida el pasado 15 de mayo  por el asesinato de Javier Valdez que concitó la condena nacional e internacional y obligó al gobierno federal por fin a decir y hacer algo al respecto, siguieron el secuestro de Salvador Adame, director de Canal 6tv, en Michoacán; el asesinato del líder huichol Miguel Vázquez y a su hermano en Jalisco, todavía de manera más reciente este sábado 3 de junio

fue atacada a balazos, la locutora indígena amuzga de Radio y Televisión de Guerrero, en la ciudad de Ometepec, Guerrero, entre otros casos.

Le comentaba en mi colaboración pasada que en la grave situación de periodistas un punto central a revisar es la responsabilidad que tienen los propios medios de comunicación para con los trabajadores de la información que están inmersos en su mayor parte en una precarización laboral, sin prestaciones sociales, capacitación ni protección, producto de una relación clientelar de favores mutuos entre gobiernos y dueños de los medios que les permite usar sus propias organizaciones para intervenir en la política y utilizar sus relaciones para reducir o evitar los efectos inconvenientes de la regulación para favorecer sus intereses comerciales, un claro ejemplo de esto son las declaraciones que hizo a finales de mayo Benjamín Salinas, hijo de Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca, en el marco de la Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que congrega a los dueños de la mayor parte de los medios electrónicos comerciales en el continente americano.

El ahora director general de la televisora del Ajusco se pronunció contra los ataques a periodistas y a la censura… pero a la supuesta censura en contra de su libertad de expresión y no la que implica la censura por el asesinato y ataques a informadores. En un oportunismo perverso afirmó que TV Azteca y los concesionarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) defenderán la libertad de expresión en el país a través de la autorregulación voluntaria de los contenidos en lugar de una "excesiva regulación del gobierno", refiriéndose, sin decirlo, al debate por la derogación de los artículos en la ley de telecomunicaciones que garantizan derechos de las audiencias que fue aprobada por la cámara de diputados en abril pasado.

Que los concesionarios se cuelguen de los asesinatos a periodistas para enganchar sus propios intereses es, insisto, una perversidad mayor que termina por acusar que lo que le sucede al gremio les tiene en realidad sin ninguna preocupación genuina pues ahora resulta que desregular es la salida para garantizar la libertad de expresión ¿y la protección a periodistas y la responsabilidad de las empresas en este rubro es inexistente?

Al caso viene la reciente publicación que hizo la revista Proceso donde consigna como esa empresa televisiva evade sus responsabilidades ante la tragedia de las agresiones a periodistas. El 10 de mayo de 2007 el reportero Gamaliel López Candanosa ,su compañero camarógrafo Gerardo Paredes Pérez desaparecieron en Monterrey, Nuevo León, a diez años la esposa del informador sigue exigiendo justicia no solamente para que sea encontrado, sino también que TV Azteca le otorgue un finiquito para poder tramitar una pensión de viuda conforme a la ley, de acuerdo a la revista la cónyuge afirma que “TV Azteca se lavó las manos y nos dejó en la calle. He batallado mucho con trámites legales porque la casa, hasta ahorita, no está terminada de pagar con el Infonavit; pero como está a nombre de mi esposo, no había acta de defunción y no se puede arreglar el asunto de saldar la casa, ni cobrar la pensión. Mis hijos ni siquiera pueden salir del país” y agrega  que raíz de las intimidaciones del abogado de la empresa ha tenido que sacar por seguridad a sus hijos del estado, pues la ha amenazado con meterla a la cárcel por “falsedad de declaraciones”.

Como este existen muchos casos, por desgracia poco documentados, respecto de la violación a los derechos de los periodistas en la que los dueños se lavan las manos para dejarlos a su suerte por su trabajo de cobertura informativa en un contexto de violencia en el país. No bastarán las medidas anunciadas por el gobierno de Peña Nieto para la protección de periodistas, si no se atienden las causas estructurales que ocasionan la fácil agresión al gremio, es indispensable acabar con la perniciosa relación clientelar y de simulación entre el poder mediático y el gubernamental que pervierte el ejercicio periodístico y convierte a los comunicadores en soldados que sirven de carne de cañón, lo cual demerita la calidad del periodismo. Hoy más que nunca debería de fortalecerse el periodismo calidad, de investigación, para que la sociedad sienta suyo el trabajo de los informadores, ganando una legitimidad que funja como un mecanismo de protección social.

Al señor Salinas y al resto de los dueños de los medios tenemos que exigirles que cumplan con los derechos de sus trabajadores y también al Estado mexicano para que les obligue a cumplirlos. La desregulación de contenidos y los derechos de las audiencias nada tienen que ver con la censura, ni con la defensa de la libertad de expresión, combinar ambos temas es hipocresía siniestra.

Licitación de radio

El escándalo por la reciente licitación de radio llevada a cabo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúa, el día de ayer Irene Levy publicó una entrevista que le hizo a Alí Eduardo Bañuelos el principal accionista de Tecnoradio, empresa que ya ha sido demandada penalmente por el regulador por posible falseamiento de información. Esta licitación tiene varias lecciones que deben tomarse en cuenta para próximos procesos, de ello hablaré en mi próxima colaboración.

@callejag