Hace algunas semanas publicamos en este mismo espacio el artículo ¿Acabar con la corrupción?, en el que, entre otras cosas, señalábamos -con la pena- que en México se le ha dado mediana importancia, por no decir nula, a la atención y tratamiento de la corrupción.

Resulta complicado decirlo de esta manera, pero con mucho gusto he leído en la página web de Transparencia Mexicana www.tm.org.mx el encabezado: "Preocupa nivel de cumplimiento de México de la Convención de la OCDE contra la corrupción: Transparencia Mexicana", publicado el 11 de septiembre último, en el que se da cuenta de algunos datos arrojados en el Informe Exportación de la Corrupción 2018, de Transparencia Internacional, que identificó a México en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento en la materia, de entre 44 países analizados.

Evidenciando a México

El gusto por la lectura de ese tipo de notas, claro está, obedece básicamente a tres aspectos: 1) El interés en el tratamiento y atención del fenómeno de la corrupción; 2) La coincidencia -en lo personal- con la percepción y los resultados arrojados por dichos estudios o informes y, 3) El impacto que poseen estos informes, no solo en el plano interno Nacional sino en el contexto internacional del combate a la corrupción.

Por supuesto, evidenciar a México como un país omiso en el cumplimiento de compromisos internacionales, trae aparejadas consecuencias que inhiben la inversión y, por consiguiente, la pérdida de una cantidad indeterminada de potenciales empleos, nada agradable en un país con poco más de 50 millones de personas en pobreza.

Sin embargo, informes como los de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, sin duda son necesarios y hasta diríamos deseables, en la medida en que se constituyen como verdaderos propulsores políticos o factores de presión para que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, adopten acciones reales y concretas para prevenir y combatir la corrupción.

Corrupción e impunidad

Hemos dicho en otros espacios y foros, que la corrupción e impunidad son dos fenómenos que coexisten, uno auspiciando al otro, son codependientes de alguna manera, lo que significa que en la búsqueda de su eventual erradicación -por supuesto difícil-, deben ser estudiados o analizados de manera conjunta y a la luz de los estándares internacionales en la materia.

Pero dice el dicho que el buen juez por su casa empieza, de ahí la importancia medular que tiene el desarrollo de estudios y diagnósticos en el país, en donde la participación de la academia y sus investigadores no puede faltar.

Es crucial que, en el intento por erradicar la corrupción e impunidad, se cuente con argumentos que no solo confirmen lo ya expuesto por estudiosos y expertos, incluso políticos, en el sentido de que la corrupción es producto del fracaso de políticas públicas adoptadas, implementadas incorrecta o parcialmente, o simplemente no ejecutadas.

Se trata pues, de contar con tantos diagnósticos como sean necesarios para hacer frente de forma efectiva a la enfermedad, así sean los resultados más adversos, toda vez que el éxito de la cura dependerá de la certeza y verdad de tales estudios.

México cuenta con un orden normativo que dio vida constitucional al llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo diseño no compartimos, pero como cualquier institución de Derecho es perfectible. Es ahí donde se requieren bastos esfuerzos de todos, no solo de los actuales operadores del Sistema, dígase miembros de los Comités de Participación Ciudadana, autoridades y demás.

Herramientas de seguimiento

Así como resulta trascendente el precitado Informe de Transparencia Internacional, igualmente importante es la instrumentación de herramientas de seguimiento, estudio e investigación, como las realizadas a través del Observatorio de la Corrupción e Impunidad[1] del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A través de dicho Observatorio podemos contar, entre otras cosas, con un panorama real y concreto, en relación con la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). De manera que, el interés del Estado mexicano en la atención de la problemática, es factible medirlo en términos de lo avanzado hasta ahora en cada una de las entidades federativas.

Por ejemplo, a tres años de vida constitucional del SNA, de acuerdo con la base de datos del SEA, el panorama que se presenta en torno a la implementación de dicho sistema es que, las 32 entidades federativas de México ya cuentan con sus respectivas reformas a sus constituciones locales y su legislación relativa a los sistemas locales anticorrupción.

No obstante, así como sucede a nivel Federal, a estas fechas, los Estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango y Tlaxcala, no cuentan con Fiscal Anticorrupción; por su parte, Chihuahua, Colima y Veracruz, tampoco tienen nombrados magistrados de responsabilidades administrativas, pero un dato que llama más nuestra atención es que actualmente Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Tlaxcala, no cuentan con sus respectivos Comités Coordinadores.

Estos instrumentos de política internacional y nacional, sin duda son un gran aporte, no solo para el impulso y conocimiento en general de la problemática de la corrupción e impunidad, sino para la definición de una agenda prioritaria -de focos rojos-, así como para el seguimiento y efectiva implementación del Sistema Nacional en su conjunto.

Participación ciudadana

En un contexto político de presurosos cambios en la forma de gobernar, no debe perderse de vista que las acciones anticorrupción, previstas en la ley, no son de aplicación exclusiva del ámbito del Poder Ejecutivo, toda vez que en algunos casos la eficacia de su implementación obedece todavía a voluntades políticas y no jurídicas.

De ahí la relevancia de ejercicios como el promovido recientemente por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, referente a la Consulta Pública de la Política Nacional Anticorrupción, que da muestra del interés ciudadano por abordar y hacer frente a los retos asignados a ese Comité y a sus homólogos en los Estados de la República, uno de ellos de fundamental relevancia, el relativo a impulsar el interés y la participación de la ciudadanía en las tareas anticorrupción.

Los retos son mayúsculos, el uso de las tecnologías de la información como una herramienta más para extender o replicar el conocimiento de los fenómenos de la corrupción e impunidad, no se encuentra limitado a dar a conocer estrategias o mecanismos institucionales para su detección, seguimiento y procesamiento.

Generar esquemas de participación social que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones sin duda es necesario y relevante. No obstante, esa participación debe estar acompañada por la información aún más elemental pero suficiente y clara, como para entender los beneficios y consecuencias de su intervención o no, en el plano de sus derechos humanos, entre ellos a una vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y, en el caso concreto, a una administración pública eficiente y eficaz, pero sobre todo incorruptible.

Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

[1] Consultable en: https://oci.juridicas.unam.mx/herramientas Consultado el: 12 de septiembre de 2018.

¿Acabar con la corrupción?

@JavierQ_Tapia | @OpinionLSR | @lasillarota




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