Esta semana la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inicia una ofensiva legislativa, mediática y de papel para arrinconar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para ganar más terreno y hacerse de una legitimidad inusitada ante la opinión pública de cara a lo que surja en la guerra antinarco reeditada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Una parte de la ofensiva de papel avanza en las exigencias presentadas ante la CNDH por un grupo de abogados especializados en derecho militar, quienes presentaron una sui generis queja ante la comisión por su inacción o sectarismo en la defensa de los derechos de los soldados de la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada (24 CINE), asesinados en una emboscada el 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.
Los militares fueron atacados cuando escoltaban una ambulancia con un civil herido, atendido por personal de Sanidad Militar tras un enfrentamiento en Bacocoragua, en la zona serrana. Cinco soldados murieron en el ataque, entre ellos el Cabo de Sanidad que le brindó los primeros auxilios al herido.
La Sedena filtró a algunos medios de comunicación afines (como el Diario Milenio) imágenes de la atención médica que recibía Oscar Ortiz El Kevin, del cártel de Sinaloa, herido en las piernas y en un brazo, gritando de dolor y pidiendo a los militares que no lo abandonaran, que por favor lo ayudaran.
La indignación y el coraje no cabían en el alto mando. El general Salvador Cienfuegos llamó enfermos, insanos y bestias a los atacantes y dijo que el Ejército respondería con todo a la agresión. Cienfuegos no especificó que significa con todo, pero sí dejó en claro que la respuesta militar se daría en el marco del respeto a los derechos humanos. La roca en la bota militar.
Para la CNDH el contexto es de enorme presión. En los medios electrónicos (sobre todo en la radio) las notas, reportajes, entrevistas y opiniones construyen una imagen de los derechos humanos –no exenta de verdades originadas por errores de tipo político– más avocada a escuchar y atender al delincuente que a quien intenta aplicar la ley y hacer prevalecer el estado de derecho.
La comisión recibió una carta, una queja de organizaciones civiles exigiéndole dejar de ignorar los derechos humanos de los militares y marinos, específicamente del personal atacado en Culiacán.
Se le demanda también a Luis Raúl González Pérez, ni más ni menos, que la CNDH recule en todas sus recomendaciones a las fuerzas armadas en las que se señale a su personal por haber utilizado armamento de alto poder para enfrentar a grupos criminales.
El abogado penalista especializado en Derecho Militar, César Gutiérrez Priego (hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo), es uno de los juristas que encabezó al grupo. Lo hizo en representación de la fundación que lleva el nombre de su padre y que se dedica a ayudar y orientar jurídicamente a militares que sean objeto de injusticias durante sus procesos penales cometidas dentro y fuera del ámbito castrense.
Los familiares del general Ricardo Martínez Perea (preso durante 15 años por supuestos delitos contra la salud) también se sumaron a la movilización, que llegó hasta las oficinas del Ombudsman Luis Raúl González Pérez como un eslabón en la cadena de demandas cuyo objetivo final es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La carta entregada a la CNDH tiene tras de sí el odio y el rencor de todos los militares hacia los derechos humanos y hacia todo aquellos que, desde su punto de vista, los limite de cualquier manera en el desempeño de sus misiones.
En las redes sociales el repudio y los ataques de los militares, de sus familiares y de simpatizantes de las fuerzas armadas hacia la CNDH y a todo lo que suene o huela a derechos humanos son la constante.
Se le acusa de defender primero a los delincuentes y de dejar de lado a militares, marinos y policías. Se le señala por estorbar las misiones contra la delincuencia organizada en todo el país al impedir a soldados y marinos ir con todo, como sea, contra los criminales.
En las redes sociales militares, marinos y policías federales insisten feroces en que los delincuentes no deben gozar de derecho alguno ni de la menor piedad si ellos no la han tenido para con las fuerzas federales.
Al final, todo este discurso de intolerancia constante revela la inutilidad e inoperancia de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos que se imparte en aulas y cuarteles.
Sin importar lo que digan, sostengan y repitan el general Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón, el sentir de sus tropas es claro y rebasa las intenciones y políticas militares para controlar el accionar de sus elementos en tiempos de (supuesta) paz (interior).
El fondo de los reclamos civiles ante la CNDH busca llevar las exigencias a la SCJN para que ésta revise, mediante una acción constitucional, si México cumple o no con sus tratados internacionales sobre la naturaleza de un conflicto interior en el país.
Al mismo tiempo, la Sedena y la Marina buscarán presionar a legisladores y al mismo presidente Peña Nieto para que se retome el tema de los cambios legislativos que delimiten la actuación y responsabilidades de las fuerzas armadas en la guerra al narco y al crimen organizado.
Son muchos frentes de batalla con muchos flancos abiertos y aparente fuego amigo de alto nivel.