Todo terso, sin mayores problemas, en una presentación ante los agentes del ministerio publico del DF por alrededor de una hora y para responder algunas preguntas a modo, el gobernador de Veracruz (responsable de los atentados a los periodistas ya sea por acción, instrucción u omisión), una de las dos entidades federativas donde la pobreza ha crecido, según los datos del INEGI, salió bien librado y listo para seguir con su política de silencio.
¿Qué sabemos de Veracruz, además de los ataques, asesinatos o amenazas a los periodistas?El tema no es sólo que el gobernador haya tardado en expresarse sino que suponga que a través de una conferencia a medios, sin preguntas, previa a su “comparecencia en calidad de testigo” puede limpiar la cara de su régimen. ¿Le habrán preguntado, por ejemplo, qué acciones ha emprendido para proteger la vida de los periodistas de ese estado?
El jueves por la mañana nos enteramos del asesinato de otro periodista, Juan Santos Cabrera, corresponsal de Televisa y Telever, y que en agosto del año pasado denunció a un jefe policiaco por agresión al cubrir una protesta civil contra el gobierno del estado y junto a él, dos corresponsales del diario El Buen Tono, fueron heridos.
¿Cuál es la política estatal ante la libertad de expresión? ¿Cómo responde ese gobierno y el de los municipios? No es descalificando el trabajo de los periodistas, como lo ha hecho el gobernador (recordemos que a uno lo señaló como “un simple taxista”, intentando desvirtuar su trabajo periodístico) como podrá ponerse remedio a lo que es ya, por más que lo intente ocultar, una violación sistemática contra un grupo profesional.
¿Qué hará la Federación? ¿Qué podemos pedirle al gremio de periodistas, y sobre todo de industriales de la comunicación, de los medios electrónicos e impresos?
Tengo claro que no es un juego, que las agresiones tienen de fondo los trabajos de denuncia de los periodistas. ¿Quiénes son los agresores, qué quieren, qué intentan callar? Pregunto entonces: ¿Por qué no hay noticias de acciones para controlar los grupos delictivos de esa entidad, como las hay en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero? Le corresponde al gobernador la respuesta. ¿O no es así?
La convalidación del delito
En muy diversos foros, durante muchos años, se ha hablado de la construcción de democracia en México y del papel central que jugó el Instituto Federal Electoral en ese proceso, a un costo financiero muy elevado, pero con premisas relevantes: Transparencia, juego limpio, piso parejo, contiendas equitativas y justas. Desde la elección federal del 2006 ese organismo ha sido cuestionado; hasta hoy, la democracia sigue siendo una aspiración de vida, no un hecho objetivo. Las impugnaciones por el proceso electoral más reciente lo dejan en entredicho y aunque ahora se llame Instituto Nacional Electoral las prácticas son las mismas.
¿Cómo podemos creer en el proceso democrático si ante los ojos de todos, excepto aquellos que no quieren ver la realidad, el Partido Verde atentó de todas las maneras posibles contra los principios básicos que deberían prevalecer en las elecciones? Son cinco las acciones genéricas, violatorias de la ley: Alteración del modelo de comunicación política; entrega de material en especie o efectivo; incumplimiento de medidas cautelares; sanciones en fiscalización y vulneración de datos personales.
Dar el aval para que mantenga el registro, es dar carta blanca para que no sólo ellos sino todos puedan violentar las reglas, la ley, al fin sólo se hacen merecedores de una multa; multa, por cierto, que es un simple juego: Los recursos son públicos y sólo estarán de un lado o de otro en la mesa, pero nuestros impuestos no retornarán a la sociedad.
Si se le retira el registro se estaría “vulnerando la libertad de asociación”, señalan sus defensores. ¿Cuáles son los límites? No puede compararse la libertad de expresión, libertad por antonomasia, con la de asociación: ésta se rige por normas. ¿O, acaso los cárteles de la droga tienen, o deben tener, derecho de asociación? Suponemos que no: La libertad de asociación es para actuar en la legalidad y el Partido Verde, por donde se le busque, violó la ley y no respetó las reglas del juego, vulnerando realmente las bases de la democracia tan mencionada en los discursos.
De pilón…
Si suponemos que la decisión del INE o las acciones del gobernador Duarte son hechos aislados, la decisión de la Procuraduría General de la República demuestra que son acciones reiteradas del Estado: Se ordena la detención de 22 personas por su responsabilidad en los hechos de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. El absurdo como muestra: A una de las asistentes la acusan de abandono del trabajo, cuando salvó a varios niños, ella misma acabó con quemaduras en gran parte del cuerpo y su hija fue la sobreviviente con más gravedad al tener 85% del cuerpo quemado. ¿No son responsables los directivos, las autoridades y Eduardo Bours? La evidencia señala que el incendio fue provocado en la bodega de al lado. ¿Y la justicia?
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(Obviedades es un ejercicio de reflexión que comparto con mucho gusto no para que estén de acuerdo sino para hacer conciencia de las contradicciones de un régimen… que puede ser cualquier régimen, no importa el partido, por supuesto)