Opinión

¿Hay límites en el espacio público?

Una sociedad más democrática debe discutir sobre las libertades, sobre el uso del espacio público y sobre los límites. | Roberto Remes

  • 31/07/2019
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Bajo cierto punto de vista, el presidente de México fue un anarquista: se resistió al Horario de Verano, al pago de la Energía Eléctrica, a los resultados electorales y a decenas o cientos de decisiones oficiales federales. Aún así se le respetó y con esas reglas llegó al poder. En medio de ese proceso personal, concretamente en 2006, todos lo recordamos, hubo un plantón sobre Paseo de la Reforma. La sociedad polarizada, unos reclamando al gobierno sustituto de Alejandro Encinas la represión y otros esperando el desgaste del movimiento, como de hecho ocurrió, para dar paso al desfile militar en septiembre de ese año.

En teoría, la libertad de expresión no tiene otro límite que los derechos de terceras personas, que también tienen la posibilidad de expresarse en un sentido opuesto. Yo estoy a favor, tú estás en contra ¿cómo nos respetamos?

Recién, en Tabasco, el Poder Legislativo avanzó en comisiones algo que amenaza con volverse una legislación restrictiva, que de hecho convertiría en delito actos que 25 años atrás realizó el hoy presidente de México.

En realidad, en la boca y en el pensamiento de muchos mexicanos ha estado el reclamo de orden en el espacio público, como la base de un estado de derecho, y una de las acciones de ese orden implica que las manifestaciones tengan un límite. Si lo hay ¿Cuál es ese límite?

Entre Chapultepec y el Centro de la Ciudad se han colocado una serie de “antimonumentos” con reclamos claros de hechos que lastiman a toda la sociedad: los niños de la Guardería ABC, los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, los feminicidios, entre otros. ¿Deben o no permanecer estos “antimonumentos” y por cuánto tiempo? ¿Qué hacemos con el plantón, que lleva ya más de 4 años, frente a un edificio que ocupaba la Procuraduría General de la República en Río Neva y Paseo de la Reforma? ¿Estamos seguros que quienes hoy habitan ese espacio, otrora público, tienen un vínculo con los estudiantes desaparecidos? ¿Deben quedarse allí cuando la hoy Fiscalía General de la República ya se mudó?

En México existen monumentos históricos grafiteados por manifestantes ¿Está bien que permitamos el vandalismo sobre monumentos históricos por la superioridad moral de los reclamos que representan? ¿Cuál es el límite? Y qué decir sobre las protestas sin ropa del Movimiento de los 400 Pueblos.

Llevaré la historia más atrás. 2006, previo a la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa, Oaxaca estaba sitiada por movimientos magisteriales y sociales que terminaron en una lucha entre fuerzas federales y manifestantes. Durante varias semanas el turismo oaxaqueño, la principal actividad económica del estado, quedó afectado y con ello los ingresos de miles de familias. Este año, en Michoacán, un bloqueo de la vía férrea que conecta el Puerto de Manzanillo con el resto del país, afectó tanto importaciones como exportaciones. Vuelvo a preguntarme ¿Hasta dónde?

De hecho el presidente, que no estaría donde está si no hubiéramos vivido 30 años de tolerancia creciente en la expresión política, se ha comenzado a cuestionar sobre esos límites.

En 1986, luego del Fraude Electoral al Partido Acción Nacional en Chihuahua, en la primera candidatura de Francisco Barrio, se detonó el concepto de “Resistencia Civil y Pacífica” como una estrategia para evitar la manipulación de las elecciones por el poder político. La lucha por elecciones limpias hacia el final de los años ochenta construyó instituciones y limitó la manipulación electoral. Aún así hubo quien nunca confió en los resultados: en su toma de posesión el presidente López Obrador agradeció a Enrique Peña Nieto no haber metido las manos en el proceso como sus antecesores, algo absolutamente falso, porque desde la elección de 1997 el Instituto Federal Electoral, hoy Nacional, se hace cargo de todos los procesos de organización electoral ¿Estamos obligados como ciudadanos, o las autoridades electas, los candidatos derrotados, los partidos, a acatar los resultados, habiendo un entorno institucional? ¿O podemos hacer obligatorio este proceso clave de la continuidad política de nuestro país? Lo que ocurrió con el presidente y la difunta gobernadora de Puebla, podría marcarnos la necesidad de reglas en esta vía.

Ciudad de México ha sido el mayor testigo de la evolución en la tolerancia política. De haber sufrido la represión de 1968 y 1971, se volvió la meca de todo tipo de manifestaciones. Es aquí donde la libertad de expresión empieza a trascender lo político, donde se detona el matrimonio igualitario y el libre consumo de marihuana (aún cuando todavía hay detenciones arbitrarias de consumidores). Pero también es una ciudad que ha vivido consecuencias económicas de estas libertades: los bloqueos de carreteras, avenidas, plazas, afectan a los comercios; las huelgas estudiantiles, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen impacto no sólo en la formación sino en la imagen pública de sus egresados.

¿Cuáles son los límites? ¿Se vale retirar un plantón en el Zócalo de Ciudad de México para dar paso a los festejos del Grito de Independencia el 15 de septiembre? Ambas son expresiones de los ciudadanos, la segunda con un arraigo de décadas pero la primera puede tener una “causa justa”. ¿Gobiernos de izquierda pueden criticar a manifestantes de derecha, como antes los gobiernos priístas ponían una etiqueta a cualquier opositor?

No estoy tomando postura por ninguna posición, pero estoy convencido que una sociedad más democrática debe discutir sobre las libertades, sobre el uso del espacio público y sobre los límites, así no haya más límite que el respeto a los demás. Hemos postergado esta discusión por décadas y no nos damos cuenta que hemos creado monstruos: taxistas, transportistas, maestros, burócratas, comerciantes, manipulados por sus líderes para negociaciones políticas que a menudo ni siquiera les traen beneficios.

Hay que defender las libertades que tenemos pero hay que encontrar mejores rutas de colaboración entre conciudadanos.

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