En algunos estados del país como Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal, entre otros, la cultura de la marcha, el plantón, la protesta, el bloqueo y la “toma” e incendio de instalaciones públicas, ya supera todo lo imaginable.
Por ejemplo, los supuestos maestros de la CNTE de Oaxaca de plano ya renunciaron a dar clases y viven en el centro de la ciudad.
En el Distrito Federal, hay un piquete de esa mafia llamada CNTE que vive en el Monumento a la Revolución y que todos los días se moviliza en acciones a favor y/o en contra de lo que guste y mande. Todo ello, en total impunidad.
Más aún, el Distrito Federal, que es la capital del país, también es la capital mundial de la protesta, la movilización, la marcha, el bloqueo, el plantón o la “toma” de instalaciones públicas, e incluso de oficinas privadas.
El fenómeno rebasó no solamente todo lo imaginable, en el campo de la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libre protesta callejera.
El tema es, incluso, parte de un grosero negocio que ha germinado empresas que proveen de manifestantes, protestantes y hasta golpeadores. Lo que guste y mande el cliente, hay para todos los requerimientos.
Bueno, en un extremo delirante hay quienes alquilan grupos, con firma de cédula y todo, para cumplir los requisitos de partidos políticos, para engordar marchas, para hacer más grande tal o cual movilización social.
Y frente al negocio de la movilización, la marcha, la protesta, el plantón y la “toma” de instalaciones, se han presentado dos graves problemas que nadie parece capaz de atender; que ninguna autoridad quiere ver y que, por consecuencia, provoca que el fenómeno crezca sin límite.
En el primer caso, nos referimos a la incapacidad del gobierno para regular las marchas y para sancionar los excesos. Hoy, son millones de personas las que se ven afectadas por las marchas y bloqueos, y no aparece una sola autoridad capaz de garantizar sus derechos. Eso sí, la autoridad está pronta a garantizar las “libertades” de los marchistas.
Y no se diga el caso de los llamados anarquistas, que vandalizan, destruyen, incendian y, en general, provocan caos.
Pero es un vandalismo y una destrucción que ninguna autoridad es capaz de impedir. ¿Por qué?
Porque nadie quiere pagar los platos rotos de aplicar la ley y porque nadie quiere perder su futuro político.
El segundo caso, y acaso el de mayor gravedad, es el secuestro de las libertades de los otros, de las mayorías, por parte de las minorías.
Dicho de otro modo, que es frecuente que minorías ridículas que sólo representan los intereses particulares de pequeños grupos, utilizan la marcha, el bloqueo, el plantón, la protesta o la “toma” de instalaciones, no solo como protesta contra una autoridad, sino como vehículo para dañar al mayor número de ciudadanos y, con ello, forzar a la autoridad a responder sus requerimientos.
Ya lo hemos dicho en otros momentos, en realidad vivimos en un círculo vicioso que, en rigor, no tiene salida.
Por ejemplo, los manifestantes, protestantes, marchistas, bloqueadores, asaltantes o incendiarios de instalaciones públicas, no acuden a las instituciones respectivas en busca de justicia.
No, acuden al daño a terceros, ciudadanos, viandantes, empleados, comerciantes… para que con el daño a estos terceros, la autoridad les resuelva sus exigencias.
Y sí, siempre son atendidos, casi siempre son solapados y en la mayoría de los casos, son impunes.
Pero hay preguntas a las que nadie, hasta hoy, ha dado respuesta.
¿Quién vela por los derechos de los terceros afectados?
¿Quién garantiza sus libertades, sus bienes y hasta su vida?
¿Hasta cuándo seremos rehenes de esos intereses minúsculos que tienen muertos de miedo a los gobiernos estatales, federal y de la capital del país?
Al Tiempo.