Este lunes se instaló la Comisión para la Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Graciela Sánchez Ortiz, y en la que me ha correspondido participar como secretaria.
Toca a este órgano de la Cámara Baja conocer, analizar y dictaminar sobre las propuestas para la modificación del marco político-electoral que nos rige, destacando las que ha anunciado, sin detallarlas, el titular del Ejecutivo Federal.
Desde mi perspectiva, el papel del Legislativo es en primer lugar garantizar que toda acción para cambiar las reglas del juego electoral se sujete a la progresividad de los derechos de las y los ciudadanos, es decir, no puede haber ningún retroceso en cuanto a libertades ni espacios de participación democrática.
Cualquier reforma de este corte debe ser hacia una ganancia para los ciudadanos y no hacia una pérdida.
No es una afirmación al azar. Se trata de uno de los parámetros establecidos en nuestra Constitución al reconocer a los derechos político-electorales como parte de los derechos humanos.
Por eso mismo pienso que antes que los partidos y sus ideologías, las leyes siempre deben servir a la ciudadanía, al pueblo. Y en el caso particular del tema electoral la premisa, debe ser avanzar hacia una participación ciudadana efectiva, pues de esta forma se protege y empodera la voluntad popular.
Revisar, dignificar y revalorar los mecanismos de participación ciudadana para evitar su manipulación y asegurar su democratización ha de ser un tema a tratar, como también la expedición de instrumentos legales que protejan los derechos civiles frente al poder público, específicamente en materia de suspensión de garantías establecida en el artículo 29 Constitución y pendiente de regular.
Habrá que revisar todos los mecanismos para evitar la sobrerrepresentación y dar cauce a la pluralidad, pues demasiadas voces oficialistas anhelan los tiempos de la presidencia imperial, estilo y sistema de gobierno que no tienen cabida en un régimen democrático.
En una reforma político electoral seria y acorde con los tiempos contemporáneos, hay que entrar al debate de temas que antaño causaban escozor, sea por el temor del poder de perder parte de su influencia, o simplemente por ignorancia.
La regulación de los gobiernos de coalición es uno de esos temas, pues la existencia de este tipo de gobiernos ya está planteada pero no a detalle, y la ciudadanía ha vivido demasiadas malas experiencias con alianzas electoreras de ocasión que no tienen en el centro de su objetivo el bienestar de la ciudadanía, sino el interés de ganar poder.
¿Y qué tal con los partidos políticos? Hay que avanzar hacia mecanismos más efectivos de rendición de cuentas y de apertura democrática, como la obligación de realizar elecciones primarias para elegir a sus candidatas o candidatos a la presidencia de la República y a las gubernaturas, para empezar.
Continuemos con la posibilidad de adoptar la segunda vuelta electoral como un instrumento de empoderamiento ciudadano y de garantía para la gobernabilidad, y sopesemos en un amplio debate la pertinencia de reducir los periodos presidenciales y de las gubernaturas a cuatro años, con posibilidad de una reelección única. Claro, sin efectos retroactivos.
Actualicemos la consulta popular, la revocación de mandato y la iniciativa popular para que de verdad sean herramientas de democracia directa al servicio de la ciudadanía, y no juguetes del poder para manipular o autoratificarse.
¿Queremos fortalecer nuestra democracia? Empoderemos a la ciudadanía y fortalezcamos las instituciones como el INE, que nos hemos dado a través de décadas de lucha social. Construyamos hacia adelante, sin retrocesos en los derechos de la ciudadanía.