El cinco de mayo es el día señalado para que México cruce el umbral hacia una nueva etapa en el ejercicio y la tutela del derecho de acceso a la información y la transparencia. Hoy se consolidan las normas que apuntalan el derecho a saber.
Derivado de la reforma constitucional en la materia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a partir de esta fecha podrá ejercer nuevas facultades, como las de conocer y resolver sobre los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las resoluciones de los órganos garantes locales, así como la de atraer los recursos de revisión tramitados a nivel estatal, que sean de especial interés y trascendencia.
Otro de los objetivos de la modificación a nuestra Constitución fue darle una base normativa al derecho de acceso, por lo que se ha construido un nuevo entramado legal claramente orientado a evitar la dispersión, heterogeneidad e, incluso, las discordancias entre los distintos niveles de gobierno, así como entre los poderes y órganos autónomos, lo que resultará en mejores condiciones para que las personas les requieran información. De esta forma, en consonancia con el mandato constitucional, es posible señalar que, al cierre de esta edición[1], diez entidades federativas han promulgado y publicado ya una legislación con la que se busca atender a los principios y bases establecidos en la Constitución en torno a la transparencia, mientras que otros diez estados cuentan con una ley aprobada por su legislativo pero pendiente de promulgarse y publicarse.
Se debe mencionar, por su relevancia, al Sistema Nacional de Transparencia (SNT), entidad creada por la Ley General de Transparencia y con la que se materializa la coordinación, evaluación y seguimiento de la política en la materia, mediante el trabajo colegiado del INAI y los organismos garantes de las entidades federativas.
Entre las tareas que ha llevado a cabo el SNT, es importante mencionar la aprobación de lineamientos que, enfocados en concretar la uniformidad normativa y procedimental en la atención al ejercicio del derecho a saber, regulan aspectos centrales, tales como la organización y conservación de archivos, las condiciones de accesibilidad para grupos en situación de vulnerabilidad, la elaboración de versiones públicas, así como los criterios para la clasificación y desclasificación de la información, entre otros aspectos.
Adicionalmente, a partir de este día, entrará en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia, mecanismo tecnológico que hará posible la gestión de las solicitudes de información de manera uniforme y articulada, para que las personas puedan acceder a la información que se encuentra en los archivos de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en los órdenes federal, y local, así como en las instancias de gobierno municipal, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos.
De igual manera, permitirá que aquellos solicitantes inconformes con las respuestas a sus requerimientos informativos, puedan interponer los recursos de revisión a que haya lugar, con la finalidad de que sean resueltos por los órganos garantes locales, o bien por el INAI, además de consultar las obligaciones de transparencia, en un único sitio, que a través de criterios comunes le permitirá a todas las personas acceder a la información de manera sencilla.
Con esto, se busca que los avances tecnológicos y de comunicaciones impulsen una mayor apertura de las instituciones del Estado mexicano.
Es pertinente advertir que la evolución constitucional y legal del derecho a saber representa un importante avance democrático en nuestro país; su ejercicio, sin duda, ha ayudado a que se conozca la forma en que operan las instituciones públicas, además de contribuir a la rendición de cuentas de la autoridad. Frente a lo anterior, todos los actores estatales tiene la obligación de generar los procedimientos y estructuras administrativas que faciliten su ejercicio, a partir de la sólida base de coordinación que hace posible el Sistema Nacional como espacio de trabajo, de diálogo y de construcción de consensos para fortalecer la apertura gubernamental.
Cabe resaltar que el fortalecimiento del marco jurídico del derecho a saber no acarrea su garantía y vigencia de manera automática. Los usos y costumbres burocráticos, que asumen la información gubernamental como un patrimonio ajeno a las personas, deben desaparecer con la construcción de una nueva forma de entender lo público. Lo anterior implica, por un lado, fomentar nuevas actitudes en los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, y por otro, que las personas sepan que al ser reconocido su derecho a saber, pueden ejercerlo de manera amplia, como un instrumento para participar en la vida democrática.
Este es uno de los retos que, con mayor énfasis a partir del 5 de mayo, tenemos como sociedad: que los esfuerzos legislativos e institucionales, junto con la suma de voluntades y acuerdos políticos en favor de la transparencia y el acceso a la información, se concreten en la vida cotidiana de las personas, y se consoliden como herramientas para el ejercicio de otros derechos, a partir de la idea de que la mera proclamación de ellos no basta si no son conocidos por la colectividad, al igual que acontece con los medios para su reivindicación.
[1] El cierre de la edición corresponde al 4 de mayo del presente, fecha en la que adicionalmente los congresos de tres entidades federativas tenían previsto discutir y, eventualmente, aprobar la reforma de sus respectivas leyes de transparencia.