¿De qué otra manera sino en un estado de excepción, se puede designar una propuesta de reformas al sistema penal basados en disposiciones que dan al gobierno facultades excepcionales?
La 4T prepara una contrarreforma que afectará las libertades ciudadanas y los derechos humanos para gobernar a México con el código penal, no con la Constitución.
De aprobarse estas iniciativas dejarán a juicio del fiscal la calificación de cualquier delito para decretar prisión preventiva, arresto por 48 horas o arraigo de 40 días contra cualquier persona, volviendo graves todas las conductas catalogadas como ilícitos. Nos causó sorpresa que la evasión fiscal, el encubrimiento y otras conductas similares fueran catalogadas como parte de la delincuencia organizada. Ahora con la ya promulgada Ley de Extinción de Dominio (verdadero atentado a la propiedad privada) las excepciones se vuelven regla general.
La carga de la prueba pasa al ciudadano y no al Estado, en muchos delitos. Esta amenaza legislativa está pendiente de ser presentada el 1 de febrero en el Senado, pospuesta debido a la reacción pública. México podrá ser el país donde una superfiscalía (incluso con facultades para fijar su propio presupuesto anual) pueda actuar contra miniciudadanos, empequeñecidos y sin medios de defensa ante cualquier forma de abuso del poder.
¿Quiere el lector asomarse puntualmente a esta iniciativa?
1) El Juez de Control, quien es la instancia que decide si hay o no causa penal contra una persona y está facultado para negar una orden de aprehensión cuando la acusación carece de sustento, será eliminado y sus funciones pasarán a ser propias de los fiscales. 2) Las intervenciones telefónicas podrán ser autorizadas por el fiscal y no un juez. 3) La obtención de pruebas ilícitas que afecten al debido proceso, tendrán valor según el criterio del juez. 4) El arraigo de 48 horas de personas detenidas podrá duplicarse si lo determinar el fiscal sin intervención judicial. 5) Se ampliará el catálogo de las conductas punibles, sujetas a prisión preventiva oficiosa. 6) Se crea una estructura de jueces nombrados por el Senado para actuar sobre los ya existentes, para atacar la corrupción del Poder Judicial (atentado constitucional), en anticipo probable de nuevas limitantes para la defensa de los ciudadanos y la comentada “cepillada” restrictiva al juicio de amparo.
De ser aprobadas, las reformas representan la involución del sistema penal iniciado para fortalecer y favorecer los derechos humanos y las libertades ciudadanas. La presunción de inocencia y el debido proceso pasan a ser conceptos e invocaciones muertas, todos podremos ser víctimas de las arbitrariedades de la policía y ministerios públicos al servicio del gobierno que no admite equivocaciones, que actúa basado en creencias ideológicas y suposiciones, pese a errores y palos de ciego en prácticamente todo lo que emprende.
Es comprensible que el gobierno esté desesperado, con policías y fiscales poco capacitados y frecuentemente aliados a la corrupción es fácil politizar cualquier caso y actuar contra opositores del régimen, no así contra los delincuentes.
¿Quiere avanzar este gobierno para desmantelar la delincuencia organizad? Que aproveche ahora los acuerdos de cooperación con EU y las pruebas obtenidas fuera de territorio nacional, que fortalezcan la colaboración de los delincuentes, sin limitarlo al criterio de oportunidad de testigos o colaboradores.
En procesos penales anglosajones el éxito de la justicia para llegar a la verdad permite la colaboración de los integrantes del hampa, a cambio de la reducción de penas, para desmantelar organizaciones delictivas, es un sistema quizá odioso, pero muy completo y eficaz.
Cuando estalló una bomba en un autobús de doble piso en Londres, el primer ministro Blair, declaró que el atentado no provocaría cambios en el sistema de libertades británico. Combatió el terrorismo con la ley en la mano, con investigaciones profesionales que permitieron enjuiciamientos inobjetables.
Sin garantía de éxito, con la silente coautoría del Poder Legislativo, aquella inviable promesa de un futuro mejor y con sendos retrocesos reales, habremos enterrado cualquier posibilidad de avance. Así, la debilidad institucional de la justicia será en lo sucesivo, un florero más, fallido adorno en el centro de la mesa nacional. Hoy los senadores podrían rescatar su papel de representación ciudadana.
Notario, exprocurador general de la República