Opinión

¿Hacia dónde vamos?

¿Qué papel deben jugar los gobernados ante el deterioro de la cosa pública? | Adolfo Gómez Vives

  • 02/12/2019
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Se ha cumplido el primer año de gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Su llegada al poder fue consecuencia del hartazgo de los gobernados por la corrupción imperante en los gobiernos locales y en el federal de Enrique Peña Nieto y de los gobiernos panistas que lo antecedieron, pero también es el resultado de contar con un árbitro electoral independiente, cuya lógica de su existencia se remonta a las elecciones federales de 1988, opacadas por la sombra del fraude orquestado desde la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Manuel Bartlett Díaz.

Hoy, la subsistencia de ese órgano electoral se ve amenazada por su flanco más débil: el financiero.

Fuimos testigos de la ilegalidad en la designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, peor aún, de la torpeza e insensibilidad de su discurso al referirse a las mujeres que protestaron por la prevalencia de feminicidios, como criminales.

La violencia ha alcanzado cifras históricas en la presente administración, particularmente la vinculada a la delincuencia organizada. Y el crecimiento económico es prácticamente nulo, hasta donde se alcanzan a interpretar las cifras preliminares.

La conclusión del primer año de gobierno debe servirnos a todos como punto de referencia para la reflexión respecto de hacia dónde debemos dirigirnos como país. Es claro que las políticas públicas del primer año derivaron en pésimos resultados.

Y vemos con preocupación que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año pondera los mecanismos de apoyo económico directo a los programas clientelares del gobierno federal, al tiempo que reduce los recursos para la atención de las mujeres indígenas, educación especial y algunos aspectos relativos a la salud, como lo son la prevención del VIH, atención al sobrepeso y diabetes y la disminución de recursos para la salud materna.

Todos estos son claros indicadores de que no habrá variación en las políticas públicas del gobierno federal en 2020, por lo que el deterioro de la seguridad, la violencia y la pobreza prevalecerán durante el siguiente ejercicio fiscal, a menos que la presión pública logre modificarlas de alguna manera.

La ciudadanía debe asumir un papel más activo en la demanda del cumplimiento de las responsabilidades del Estado. Entre las pocas cosas que debemos agradecerle a López Obrador está el incremento del interés de los gobernados por la cosa pública. Ese interés debe formalizarse en mecanismos de presión contra la insensibilidad y la torpeza del gobierno.