Hay temas sobre los cuales es un riesgo abrir la conversación. Por eso algunas reglas de etiqueta o protocolo señalan que se debe evitar hablar de política y religión en una reunión social. Romper este precepto puede traer discusiones acaloradas, con mucho de pasión, poco de razón y, generalmente, ninguna apertura a escuchar otros puntos de vista; monólogos confrontados donde las diferencias se consideran afrentas personales que conllevan todo tipo de juicios morales poco generosos sobre el otro.
En el campo de las telecomunicaciones, un tema que está cayendo en esta categoría es el de la regulación de internet. Se trata de un tópico casi tabú que hay que abordar bajo el riesgo de ser etiquetados ipso facto como censores, interventores del libre mercado, enemigos de la innovación y otras linduras.
Esta situación genera dificultades para llevar a cabo un debate público muy necesario sobre la gobernanza de internet y la conveniencia de regular algunos de sus aspectos. Dicho debate nos interesa en nuestro carácter de ciudadanos, audiencias y consumidores.
Por una parte, en el internet hay o pueden haber los mismos fenómenos que han llevado a la acción regulatoria en las comunicaciones tradicionales para proteger el interés público: defensa de la libertad de expresión y derecho a la información, protección de la vida privada, así como el combate a los monopolios y las prácticas monopólicas.
Por otro lado, con las nuevas aplicaciones sobre internet, al mismo tiempo que se ha ganado en capacidades para generar y distribuir información, así como para ofrecer servicios más satisfactorios, también se han abierto cauces innovadores para la comisión de delitos como en el caso de la trata de personas, la pornografía infantil o el acoso.
Adicionalmente, en internet han surgido fenómenos que atentan contra el derecho a la información y a la libre expresión como son las noticias falsas, los trolls –usuarios que agreden sistemática y coordinadamente–; los bots –cuentas robotizadas que se activan para repetir un mensaje– y el doxeo –la recopilación a través de la red, de datos personales para exponer o extorsionar.
La utilización de nuestros propios datos para ofrecernos servicios e información acordes con los gustos, intereses y opiniones que exhibimos, si bien puede ahorrarnos costos de búsqueda, también puede mermar el derecho que tenemos para acceder a información plural para formar individualmente nuestro criterio y, eventualmente, reforzar o modificar nuestras opiniones y preferencias. Esta utilización de los datos, en un extremo, puede llegar a manipular indebidamente nuestras decisiones de consumo o nuestras posiciones políticas y también puede convertirse en una invasión a la vida privada.
Es cierto que el internet ofrece un rol activo a cada ciudadano, que no era posible en los medios de comunicación tradicionales, lo que confiere la posibilidad de que exista un contrapeso o balance frente a los grandes intereses económicos y políticos. Aun así, este nuevo protagonismo del ciudadano no genera automáticamente y en toda circunstancia los contrapesos deseables ni suficientes.
La exposición directa de los ciudadanos en el entorno de internet también los vuelve vulnerables a la impostura, al robo de identidad y al acoso individual o colectivo que a veces llega al ciberlinchamiento, en ocasiones espontáneo y, en otras, fruto de una manipulación que los usuarios de las redes no quieren o no alcanzan a ver.
Ahora bien, el internet también es una gran plataforma de negocios que, además de dar continuidad a los servicios de comunicaciones tradicionales con nuevas tecnologías y modelos de financiamiento, ha generado mercados innovadores para los datos y la información.
En estas actividades mercantiles como en cualesquiera otras pueden generarse fenómenos de poder de mercado, concentración excesiva, prácticas monopólicas, barreras a la entrada y abusos frente a los consumidores.
Algunos posicionamientos que manifiestan oposición por principio a cualquier tipo de regulación gubernamental del internet, con el fin de preservar la libertad, pasan por alto que esta puede verse amenazada por la falta de un ambiente de sana competencia y libre concurrencia y por la imposición de intereses privados sobre los colectivos.
Lo que pretendo resaltar es que el cambio tecnológico, particularmente en el entorno de internet, no desaparece automáticamente todas las necesidades de regulación ni asegura que se obtengan los objetivos de política pública que persigue la regulación de los servicios de comunicaciones provistos con tecnologías tradicionales, e incluso ha generado espacios adicionales donde puede requerirse la tutela de derechos por parte del Estado.
Los derechos de los ciudadanos y los objetivos de política pública siguen ahí. Para asegurarnos que el entorno de internet sea congruente con el interés público es necesario tener espacios de discusión para preguntarse y analizar objetivamente, sin pasiones, dogmas ni tabúes, si el nuevo entorno conlleva mecanismos que aseguren de forma espontánea los múltiples objetivos de política pública que pretendemos –libertad de expresión, derecho a la información, privacidad, seguridad, protección al consumidor, combate a la delincuencia– o si es necesario y deseable establecer reglas que establezcan un marco que permita conciliarlos.