Opinión

Hablemos de la CFE con información en mano

Cada peso que la CFE deja de recaudar es un peso que no se invierte en mejora de los servicios que ofrece.| Joel Salas

  • 16/01/2020
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El nivel de electrificación en México es casi total. En 2016 el Senado fue informado que el remanente sin electricidad fue de 500 mil viviendas, así como más de 42 mil aulas de escuelas de educación básica ubicadas principalmente en comunidades rurales e indígenas. Para el tercer trimestre de 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró una cobertura de 98.92%. Este año podría llegar al total, pero para ello requiere disponer de los recursos necesarios.

El derecho de acceso a la información pública puede ser una vía para conocer si la CFE dispone de sanidad financiera para garantizar la cobertura total y la generación de energía eléctrica de forma sustentable, porque no puede haber desarrollo a costa de daño ambiental. México no ha podido reducir sus emisiones de dióxido de carbono a pesar de haberse comprometido internacionalmente. También es importante utilizar la información pública para vigilar las finanzas de la CFE, si se toma en cuenta que el gobierno federal se planteó como objetivo sanear a empresas productivas del Estado. Su director actual informó que la empresa no estaba en quiebra, pero su situación era preocupante.

En primer lugar, es necesario saber de dónde provienen los ingresos de la empresa, los cuales dependen de la capacidad de cobro y recaudación. La población puede indagar al respecto solicitando información y, en caso de no recibir respuesta, recurrir ante el INAI, como lo hizo un particular en el recurso de revisión RRA 13394/19 mediante el que se instruyó a la CFE realizar una búsqueda exhaustiva y entregar los datos sobre sus ventas a cada municipio, recaudación por derecho de alumbrado público y cartera vencida. ¿Para qué sirve esta información?

Los consumidores de energía eléctrica no solo son sujetos privados, también incluyen gobiernos, entre ellos los municipales, los cuales aportan por concepto de alumbrado público y por consumo en edificios de su propiedad. Estos también pueden ser deudores de la Comisión y formar parte de la cartera vencida. Si la CFE atiende la resolución del INAI se podrían responder preguntas como ¿qué tanto se recauda por municipio? ¿Cuáles municipios pagan más y cuáles menos? ¿Cuáles están al día con sus pagos, quiénes deben? En febrero de 2019 no había cobrado 45 mil millones de pesos (mdp), cifra que representa un aumento de 3 mil mdp en comparación con el cierre de 2017 y equivale a casi dos terceras partes de lo que se dejó de invertir en energías renovables en México hasta septiembre de 2019 (más de 76 mil mdp). Los gobiernos municipales y estatales debían el 31% del total de esa deuda.

La CFE puede ir un paso más allá publicando estos datos de forma proactiva y así la población podría acudir a las respectivas instituciones gubernamentales para indagar por qué están registradas como deudoras de la CFE. Hay tres casos útiles para explicar por qué debe haber transparencia en este tema. En Guanajuato, los gobiernos municipales adeudan a la CFE por concepto de alumbrado público porque no calculan el consumo exacto y no se sabe por qué. En Aguascalientes capital, el gobierno local reconoció que la falta de transparencia sobre el destino del impuesto por alumbrado público generó desconfianza y repercutió en una sentencia del poder judicial federal que les prohíbe cobrarlo en adelante. En Tabasco, desde 1995 se registran un adeudo millonario acumulado por consumidores residenciales en supuesta resistencia civil. Se implementó un programa para regularizar adeudos que tuvo poco éxito. La población quiere saber las causas y solicitó información, por lo que el INAI intervino cuando la CFE declaró reservada la información relacionada con este programa, instruyendo proporcionar la versión íntegra de los documentos pertinentes para que la ciudadanía interesada pueda involucrarse en la vigilancia del uso de los recursos públicos federales.

Cada peso que la CFE deja de recaudar es un peso que no se invierte en mejora de los servicios que ofrece e impide llegar a la cobertura total de electrificación en el país. Los afectados son comunidades rurales e indígenas. Seamos conscientes e informémonos para evitarlo.