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Guía contra la corrupción

La Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos aporta a los ciudadanos herramientas para no ser parte de actos de corrupción. | Carla Humphrey

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Escrito en OPINIÓN el

Con el propósito de colaborar desde la sociedad civil con la lucha contra la corrupción, esta semana se presentó la Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos, elaborada por dos organizaciones ciudadanas, Impunidad Cero y Tojil.

De manera breve y clara, la guía expone las etapas del proceso penal en el sistema de justicia penal acusatorio y da a conocer los delitos con mayor incidencia en el año 2018 a nivel estatal y local.

La Guía que está escrita con un lenguaje sencillo y que será distribuida en redes sociales, sitios de internet, en las universidades y a través de los medios de comunicación, intenta luchar contra la corrupción empoderando a las y los ciudadanos al poner de una manera fácil y accesible los derechos y obligaciones que tienen cuando acuden a un ministerio público.

Esta breve guía detecta las 15 conductas en las que con más recurrencia incurren las y los funcionarios públicos relacionados con la procuración de justicia, en nuestro no tan nuevo sistema de justicia penal, y que pueden consistir en una responsabilidad administrativa o un delito, ya que transgreden los derechos de la ciudadanía que acude a esas instancias en calidad de víctima o de imputado. En cada una de estas 15 conductas identificadas en la guía, se define con claridad cuál es la conducta ilegal o la mala práctica en la que está incurriendo el servidor público y, además, le recuerda a los ciudadanos los derechos que tienen de conformidad con la ley, que les permiten exigir a los funcionarios que cumplan de manera cabal con sus obligaciones.

La corrupción e impunidad con la que cualquier ciudadano puede toparse en la procuración de justicia en nuestro país, son el objetivo principal de esta guía que aporta a los ciudadanos herramientas para no ser parte de actos de corrupción y denunciar a las y los funcionarios públicos que cometan uno.

La ratificación de la denuncia, el costo de las copias, la dilación o retraso en el procedimiento, la continua suspensión de audiencias, constituyen malas prácticas en las que incurren las y los funcionarios encargados de la procuración de justicia, que no podemos permitir las y los ciudadanos y que debemos denunciar ante las autoridades competentes.

El conocimiento de la ley y de nuestros derechos es el arma principal de cualquier persona para defenderse contra un acto de corrupción y para combatir la impunidad. La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere de una ciudadanía informada, que conozca sus derechos y que los defienda, que tenga claridad en lo que un funcionario público debe o no debe hacer y que denuncie los hechos que atenten contra la ley.

Otro 8 de marzo

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