Guerrero es un reflejo magnificado de lo que pasa en la República, sólo una visión reduccionista puede restringir este tema al ámbito estrictamente local. La violencia criminal y las reformas estructurales han despertado al México bronco.
La crisis económica, la fallida estrategia de combate al crimen organizado, la narcopolítica y las reformas regresivas del Pacto por México han convertido al país en una pradera seca, un pastizal seco que cualquier chispa o cerillo puede prender. Ese cerillo fue Iguala, donde aconteció la incalificable brutalidad en contra de los jóvenes de Ayotzinapa.
Las movilizaciones sociales que acontecen nacional e internacionalmente de solidaridad, repudio y exigencia de que regresen con vida los 43 jóvenes, son la parte más intensa de expresiones de rechazo social a la violencia y a las complicidades del poder que han permitido el actual estado de cosas.
Distintos hechos de los últimos días confirman esta grave problemática. La conocida tuitera Felina de Reynosa, Tamaulipas, María del Rosario Fuentes Rubio, que fue secuestrada y se difundieron imágenes de su propia cuenta, hackeada por sus captores, donde aparece sin vida; el asesinato de Jesús Esparza Villegas, estudiante de la universidad de Guadalajara, detenido por policías y hallado muerto en Guanajuato, a quién ahora las autoridades locales de aquella entidad pretenden presentar como un delincuente.
Las corporaciones policíacas en todos sus niveles sufren la infiltración de la delincuencia y malos elementos del propio ejército han cometido excesos que merecen ser castigados rigurosamente como las ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, la tierra de Enrique Peña Nieto, las cuales en forma inmediata fueron felicitadas por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, quién sigue sosteniendo que se trató de un enfrentamiento, no conforme con ello personal del ministerio público del Estado de México adulteró la escena del crimen y obstruyó las investigaciones.
Si hubiera congruencia Eruviel Ávila debería pedir licencia y ser investigado y la demanda la debería encabezar el propio Peña Nieto.
Otros Gobernadores como el de Sonora, que ha cometido desmedidos actos de corrupción y el de Puebla, cuyo gobierno es responsable de la pérdida de vida de un menor en Chalchihuapan, producto de su nociva Ley Bala, también deberían dejar sus cargos.
En el caso de Guerrero, hemos señalado que la solicitud de licencia de Ángel Aguirre al Gobierno debe abrir un espacio para analizar de manera integral la situación política, social y de seguridad pública que enfrenta el estado.
Y desde luego la primera exigencia que hay para los tres órdenes de gobierno es encontrar con vida a los 43 jóvenes desaparecidos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de los asesinatos, los heridos y los desaparecidos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre pasado. Esa debe ser la primera preocupación para reconstruir el tejido social en Guerrero.
En el tema de Guerrero se ha soslayado y minimizado la responsabilidad federal. Con inmensos recursos en materia de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado es inaudito que no hayan podido intervenir las fuerzas militares y policíacas federales en forma oportuna para perseguir eficazmente al alcalde de Iguala y su esposa, cuyos vínculos con la delincuencia organizada se han referido desde hace años. O que se mencione tenuemente la responsabilidad del Ejército que cuenta con el batallón 27 en plena ciudad de Iguala y que el día de los hechos no defendieron a los jóvenes de Ayotzinapa.
Es muy importante además ubicar el contexto social, parte del desgaste político que enfrentó el gobierno de Ángel Aguirre es producto también de haber apoyado reformas como la educativa, que en el caso de Guerrero, movilizaron a un sector importantísimo como es el de los maestros de la coordinadora guerrerense, de la CETEG, quienes rompieron con el gobierno a partir de esta reforma, situación que se agudizó a partir de los hechos criminales de Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa.
En el espíritu privatizador, excluyente y discriminatorio de la reforma educativa puede explicarse gran parte de las movilizaciones magisteriales y educativas. El Pacto por México y sus reformas han polarizado al país y han dañado nuestra frágil estabilidad social. Que cada uno de los signa tes y promotores de este engendro asuma su responsabilidad frente a la nación.
No es un asunto solo de personas, es un asunto de la política que se aplica y de las decisiones que se tienen que tomar, empezando también por el Gobierno Federal que es corresponsable también por no atender su función de perseguir los delitos federales, como la delincuencia organizada y las desapariciones forzadas que acontecen en la entidad.
En este contexto de crisis humanitaria y de derechos humanos en el país se presenta la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Han pasado la aduana inicial 21 aspirantes, uno de ellos es el impresentable y su pura inclusión es una señal ominosa. Me refiero a Raúl Plascencia Villanueva. Su sola postulación es una burla y una provocación. Ha sido omiso, faccioso y corrupto.
El periódico Reforma ha publicado información muy importante respecto al manejo administrativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la gestión de Raúl Plascencia Villanueva. Los mexicanos nos enteramos que el Ombudsman nacional está por estrenar una residencia construida en un terreno de 795 metros cuadrados en Jardines del Pedregal con un valor de 20 millones de pesos. El sueldo mensual neto de Plascencia, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asciende a 131 mil 736 pesos, lo que multiplicado por los 60 meses de su presidencia equivale a 7.9 millones de pesos.
Ese día, el mismo diario da a conocer algunas irregularidades del personal de la CNDH en el ejercicio del presupuesto destinado a la obra pública, pues se ha rebasado el tope legal para asignar contratos por adjudicación directa y hacer un carrusel con sus contratistas consentidos quienes ganan las adjudicaciones cada determinado tiempo. Las irregularidades en el ejercicio del gasto de obra pública hacen pensar que esos contratistas han realizado las obras de demolición y construcción de la millonaria residencia de Plascencia Villanueva.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el Ombudsman nacional pretende burlarse de los mexicanos a quienes supuestamente defiende, acusando al periódico de montar una campaña de desinformación y desprestigio en su contra. El mismo Ombudsman, que hace semanas señaló que las críticas a su gestión eran ataques contra las instituciones, ha afirmado que cualquier evento a la integridad física de él y su familia será responsabilidad de Reforma. En su supuesta “aclaración” no hay una sola palabra respecto de dónde salieron los recursos para construir la suntuosa residencia que está por estrenar.
A lo largo de este año he señalado que Raúl Plascencia carece de la calidad moral para ser el Ombudsman nacional. Los hechos recientes me dan la razón. Exijo que sin mayores trámites el presidente de la CNDH informe a la opinión pública de dónde salió el dinero para comprar su nueva residencia.
Un primer paso para recuperar la armonía social es contar con un presidente de la CNDH que le de prestigio y credibilidad a esta institución en este México convulsionado por la delincuencia y las reformas depredadoras.