México es un país en donde el poder político ha asesinado a sus ciudadanos. En la década de los años 70, ante la cerrazón del gobierno a las exigencias de apertura y democracia, cientos de personas recurrieron a las armas e incluso a otros delitos como el secuestro para sostener una lucha por el poder.
Hace algunos años, un abogado de un general señalado por su presunta responsabilidad en la desaparición de personas en aquellos años decía que, si los opositores al régimen del PRI en aquel momento hubiesen tomado el poder, con toda seguridad hubieran hecho lo mismo que hizo el gobierno: reprimir a sus adversarios.
En el año 2000, en la primera alternancia fallida en México, Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Ofreció investigar las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del “halconazo” en 1971. También prometió indagar la “guerra sucia”. En todo fracasó Fox y nadie fue a prisión por alguno de esos lamentables hechos de nuestra historia.
Lucio Cabañas, una de las figuras emblemáticas de esa época, murió el 2 de diciembre de 1974 en un enfrentamiento con el Ejército en un paraje cerca de Tecpan de Galeana, Guerrero. Su familia ha hablado con La Silla Rota a propósito de que Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), impulsó reparar el daño a víctimas de aquella época.
Los Cabañas acusan que han sido víctimas una y otra vez. Primero, cuando fueron perseguidos sólo por llevar los apellidos del maestro guerrerense. Luego, cuando han tenido que revivir los recuerdos para que el gobierno los reconozca y repare los daños.
En total son mil 351 víctimas de la “guerra sucia”, 419 directas y 932 indirectas, de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa.
A 50 años de la matanza en Tlatelolco, la CEAV hizo lo mismo con víctimas del 68. Sólo dos personas fueron reconocidas como tal: Francisco Eduardo de la Vega de Ávila y Rodolfo Echeverría. Sin embargo, aunque desde el 8 de enero de 2018 así fueron declarados, aún no se ejecuta a cabalidad ese compromiso
El Estado, hoy en una nueva alternancia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está obligado a pedir perdón por los abusos cometidos en su combate con los activistas y guerrilleros de esos años. Ahora que la CEAV ha hecho el compromiso de reparar el daño a esas víctimas, en una ceremonia en Guerrero el lunes 11 de febrero, es de esperar que se cumpla lo ofrecido. De lo contrario sólo será un engaño más por parte del Estado.
Pero más importante es que estos hechos no se vuelvan a repetir y el Estado no reprima a opositores.
Punto y aparte. La guardia nacional saldrá adelante en su proceso legislativo porque es decisión del gobierno del presidente López Obrador. Pero a qué costo social y político.
Punto final. ¿Quién es el político que para escapar de marchas y plantones recurre a disfraces hasta de camillero con cubrebocas y que nunca ha sido descubierto? Es del PRI.