Los que mantienen una lucha abierta son los empresarios que integran la organización ConMéxico y el gobierno federal. La razón es que legisladores de Morena, las secretarías de Salud y Economía buscarán modificar la norma oficial que regula el etiquetado de alimentos y adoptar el modelo de advertencia.
Este esquema que se instrumentó en Chile desde hace 3 años, consiste en poner etiquetas negras que buscan alertar a las personas sobre el alto contenido en azúcar, sodio, grasas y calorías de los productos, e incluso agregar cuando sea el caso, cintillos que sugieren evitar su consumo.
Lo que nos dicen los detractores es que la medida significaría menor información para los consumidores, pues ya no consideraría la cantidad exacta de los nutrimentos críticos, por lo que la pérdida de los paneles nutricionales podría alterar la toma de decisiones.
Si bien el sector privado está dispuesto a colaborar en el esfuerzo del gobierno en favor de apoyar una campaña de educación que promueva hábitos alimenticios más saludables, no están de acuerdo en que se incluya esta etiqueta de advertencia.
No obstante, los que están a favor de la propuesta aseguran que con la advertencia no se reducirá información sobre el contenido nutricional. Nos dicen que en el sector privado hay el temor de que con la etiqueta disminuya la venta de algunos productos con el consecuente impacto en los fabricantes de alimentos.
Por lo pronto, nos aseguran algunos legisladores que no bajarán la guardia y no cederán en la demanda de ConMéxico, por lo que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que la población cuente con la información necesaria respecto a lo que consume y los daños para su salud.
Prodecon de manteles largos
Los que están de manteles largos son los directivos de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) debido a que en este mes celebra su 8 Aniversario con buenos números.
Nos cuentan que a 8 años de su entrada en operación, se registra una cifra acumulada de un millón de contribuyentes que recibieron atención del organismo y de éstos, 84% corresponde a personas físicas.
En este periodo, la Procuraduría registró un incremento relevante en la demanda de sus servicios. De septiembre de 2011 al 31 de diciembre de ese mismo año, atendió a mil 82 contribuyentes; sin embargo, en 2012, 2013 y 2014, sus servicios registraron 7 mil 983, 30 mil 842 y 86 mil 489 atenciones respectivamente.
En los años siguientes, se reportan poco más de 100 mil causantes con atención por cada ejercicio fiscal. En 2015 cerró con 114 mil 464 solicitudes de servicio, mientras que, en 2016, 2017 y 2018 se reportaron 150 mil 165; 210 mil 921 y 273 mil 465 respectivamente. Hasta el 28 de agosto de 2019 se contabilizaron 193 mil 089 casos.
Piden descongelar cuentas
Los que siguen al borde del colapso nervioso son los directivos de la empresa Reisco Operadora de Servicios, ya que su situación continúa sin resolverse, nos dicen, por una decisión unilateral por parte de la subdelegación 10 del IMSS. Pues resulta que se han negado a descongelar las cuentas bancarias de la empresa, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa resolvió desde octubre de 2018 que quedaran liberadas para beneficio de 1,500 trabajadores.
La situación es tal que el expediente ya llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, desde mediados de julio, por lo que los directivos y los trabajadores esperan que se de una pronta solución a este problema-
Así las cosas…