La Guardia Nacional cumple dos años de haber sido creada y entrado en funciones como una pretendida solución total al problema de la delincuencia, de la inseguridad que ha doblegado al gobierno y tal vez ya al Estado mexicano.
El experimento del presidente Andrés Manuel López Obrador surgió como parte de sus promesas de campaña para darle un giro inédito a las medidas de sus antecesores en busca de soluciones más o menos serias para abordar el tema de la seguridad pública, del crecimiento de las violencias y de la manera de abordarlas con profundidad.
El problema ha sido que ninguno de los últimos cuatro o cinco presidentes se dio a la tarea de reforzar, dinamizar y atender en forma constante a las corporaciones policiacas del país en todos los niveles de gobierno, incluyendo, por supuesto, al federal.
Desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, el esquema básico de atención al tema de la inseguridad y la expansión del crimen organizado ha sido el de ir privilegiando poco a poco las soluciones reactivas, las medidas de fuerza, las salidas inmediatas a la par del paulatino abandono hacia los cuerpos policiacos, hacia la carrera policial y, en consecuencia, hacia la estructura de seguridad municipal, estatal y federal.
En esta dinámica, se privilegió convenientemente el manejo de recursos, la creación de instituciones, la compra de equipo y armamento, el beneficio de unos cuantos, la impunidad, la secrecía y, al final, el deterioro institucional.
El resultado de todo esto es lo que hoy enfrenta Andrés Manuel López Obrador con la creación de la Guardia Nacional, pero repitiendo muchos de los vicios del pasado inmediato del que tanto se queja y que van desde el hecho de su verdadera naturaleza militar, hasta la cadena de violaciones a sus propios lineamientos, la falta de controles sobre su personal, los errores y excesos durante el cumplimiento de sus funciones y, sobre todo, la ineficacia para entregar resultados positivos concretos, medibles y revisables desde el exterior de su estructura.
La consecuencia de este marco de imperfecciones, abusos, descontrol y escasos avances contra la criminalidad se refleja en las cifras oficiales sobre homicidios dolosos en estos tres años de mandato obradorista, en los que se ha llegado a 89 mil víctimas, mientras que con Peña Nieto se registraron 42 mil 658 asesinatos y 30 mil 572 con Felipe Calderón.
Esto no significa que se haya actuado mejor o con más tino o con mejores elementos estructurales para enfrentar a la delincuencia. Significó que la acción del Estado, de los estados, de los municipios, se fue degradando a niveles brutales en estos años, junto con las capacidades del sistema de justicia en general.
El gran ganador, los grandes vencedores al momento son los grupos de la delincuencia, los cárteles, las bandas de secuestradores, de extorsionadores, de ladrones de combustible, de perpetradores de secuestros exprés y la cadena de personajes que los protegen, que se les unen, que lo permiten y ocultan en las distintas capas de la estructura de la corrupción que siguen dominando la vida del país con todo y la 4T en marcha.
La prensa nacional y extranjera ha denunciado una y otra vez los excesos, las falsedades, las omisiones, la cerrazón y las corruptelas en varias de las instituciones y funcionarios que acompañan y acompañaban a López Obrador en su gobierno.
Hace unos días el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (ProDH) dio a conocer el informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, documento que revisa en detalle el contexto en el que surge la idea de crear a esta corporación, analizando a fondo sus condiciones, sus contradicciones, su actuación y perspectiva justo en el marco de las intenciones presidenciales para integrarla a la estructura de la SEDENA.
El documento es un aporte invaluable para entender la situación de la GN, su papel y la naturaleza de lo que son o deberían ser sus funciones, claro, si se tratara de un ente sólido, no rodeado de severas inconsistencias que de origen la hacen peligrar, favorecen el abandono hacia los cuerpos policiacos del país y se traducen en más espacio, recursos, tiempos y condiciones para un enemigo retador, muy bien armado, capaz de causar terror y que sigue moviéndose a sus anchas ante el pasmo oficial.