El gobierno federal se ha acostumbrado ya a que es inútil tomar en serio al gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez. “Irresponsable” es el calificativo más benévolo que el mandatario despierta en importantes despachos de la administración Peña Nieto.
Una destreza sí le es reconocida: su rapidez para esquivar cualquier crisis, negar hechos, eludir compromisos y desestimar evidencias, así provengan del gobierno de Estados Unidos, que la semana pasada alertó del surgimiento de un cártel en Morelos –Los Laredo-, con suficiente fuerza como para someter a la amplia galería de mafias locales y regionales que, ante la incompetencia o la venia de la autoridad, proliferan en el estado desde la desintegración del grupo de los Beltrán Leyva, a cuyas cabezas abatió la Marina en un exclusivo conjunto habitacional en pleno corazón de Cuernavaca.
La reacción del gobernador Ramírez ante este señalamiento procedente de Washington fue previsible: negar, volver a negar y desparecer momentáneamente para que los incómodos reporteros no lo lleguen a incomodar con más preguntas. Es la estrategia del avestruz.
En meses recientes la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio, fue alertada por la PGR que conduce Arely Gómez y por el Cisen, encomendado a Eugenio Imaz, que Graco Ramírez se obstinaba en colocar al frente de la Procuraduría estatal a una protegida, luego de desplazar al anterior titular, que tuvo siempre “atado de manos”, según fuentes de la procuraduría federal, la que decidió rescatar al funcionario defenestrado para mandar una señal de que no avalaba su remoción.
La influencia de Gobernación y otras oficinas hizo al gobernante morelense inclinarse por otra alternativa para procurador y desistir de su acto frívolo, que se sumaría a una extensa cadena de señalamientos, entre los que destaca una corrupción galopante en su entorno familiar y político, ruptura con sectores claves de la sociedad, entre ellos la Universidad estatal, los partidos de oposición, los empresarios y múltiples organismos no gubernamentales.
Las escandalosas cifras de secuestros en la entidad disminuyeron con la participación de un nuevo secretario de seguridad pública, Alberto Capella, quien a unos días de su llegada desentrañó lo que su jefe no pudo descubrir en más de dos años en el cargo: los plagios los llevaba a cabo no los narcotraficantes sino policías en activo, municipales y estatales.
Con la intervención abierta de fuerzas federales, en Morelos se impuso un mando único para despojar a las policías locales de poder, lo que en principio se logró. Pero ahora el gobierno federal se empieza a exasperar por otros nichos de complicidad que el gobernador se niega a tocar, como los jueces estatales, sus propios funcionarios… y su familia. El principal desafío en el tema de crimen en el estado es hoy la impunidad rampante.
A la llegada de Ramírez Abreu, según reportes confiables, al menos la tercera parte de los alcaldes del estado estaba subordinada al crimen organizado. La penetración de las mafias era ostentosa también en el Congreso local, donde cuentan con diputados familias conectadas por años con grupos delictivos.
Las autoridades locales y federales dispone de evidencias sobre la convivencia observada por encumbrados personajes de los dos gobernadores panistas que ha tenido el estado, Marco Antonio Adame y Sergio Estrada Cajigal, con los Beltrán Leyva y con La Barbie en ranchos de capos o de artistas con los que se les identifica.
La nueva alternancia partidista en el gobierno del estado (del PRI al PAN, y ahora el PRD) no ha servido sino para profundizar estos espacio de impunidad en todos los niveles, incluso los más altos.
En este contexto, la administración de Graco Ramírez proyecta incompetencia y debilidad, lo que atrae aceleradamente hacia el estado a nuevos grupos criminales, desde el Cártel de Sinaloa –al que pertenecieron los Beltrán Leyva- hasta el Cartel Jalisco Nueva Generación, pasando por Guerreros Unidos, La Familia Michoacana e incluso bandas más modestas asentadas en la ciudad de México.
Todos, interesados en controlar un mercado importante, a las puertas de la capital del país, y en un ámbito geográfico desde donde se controla el flujo de drogas proveniente de Guerrero y de Michoacán, en particular de la Tierra Caliente.
Cuando esta acumulación de poderes criminales estalle, todos podremos saber dónde encontrar al gobernador Graco Ramírez: negando todo, escondido, con la cabeza hundida en la arena. Y como remate, declarando que quiere ser el próximo presidente de la República.