La política del actual gobierno capitalino ha transitado en sentido opuesto a los intereses de la gente. En vez de utilizar los enormes recursos con que cuenta para impulsar una estrategia que favorezca al sector social y el desarrollo, se ha comprometido con el modelo neoliberal que ha acentuado la desigualdad y el subdesarrollo.
En la estrategia de desarrollo urbano ha consentido que un minúsculo grupo de constructores millonarios atenten contra la sustentabilidad de la ciudad, al levantar por dondequiera torres habitacionales y centros comerciales que rebasan la capacidad del sistema de drenaje, paralizan el transporte público y privado y afectan el medio ambiente.
Para perseverar en el impulso al neoliberalismo a ultranza impuesto en el país y la ciudad, así como para establecer los vínculos políticos y económicos que lo impulsen como candidato presidencial, el jefe de Gobierno ha decidido sacar de la Constitución local aquellos apartados que favorecen la participación de los ciudadanos.
En efecto, con la anuencia de sus obedientes diputados del PRD, PAN y la mayoría del PRI, a trasmano, Miguel Ángel Mancera ha intervenido en la Asamblea Legislativa para que la Constitución de avanzada elaborada por el Constituyente se transforme en una Constitución hecha a modo de sus intereses y de sus allegados.
De tal forma, el desaseo en las prácticas parlamentarias del PRD, PAN y PRI en la Asamblea Legislativa ha escalado extremos bochornosos. Así lo demuestran sus amañados dictámenes respecto de las leyes secundarias derivadas de la Constitución Política de la Ciudad de México, como fue el caso de la recientemente aprobada Ley Electoral, que violenta los anhelos ciudadanos de democracia directa, representativa y participativa estipulados en el artículo 3 de la Constitución capitalina.
Al negarse a establecer la figura de alcaldía abierta, por ejemplo, los partidos del Pacto por México desconocieron las tenaces luchas vecinales de los capitalinos y la admirable experiencia de los concejos ciudadanos de 1995. Y peor aún: dieron luz verde a la compra del voto y la ilegal intervención del gobierno en los procesos electorales.
Este lunes 17 de julio, PAN, PRD y PRI, en acatamiento a la línea que les dictó el jefe de Gobierno, persistieron en su conducta opuesta a los intereses ciudadanos al aprobar el dictamen sobre las once iniciativas que configuran el Sistema Anticorrupción local.
Pese a ser él quien impulsó la elaboración de la Constitución local, como los constituyentes rebasaron la estrecha mira política de Mancera, hoy, a través de sus legisladores incondicionales éste le quita al código capitalino los apartados que no le gusta o no le convienen.
Es así evidente que su empeño por redactar una Carta Magna para la Ciudad de México obedecía a sus ambiciones personales, como también que de manera alguna pretendía dotar a los capitalinos de un instrumento capaz de proteger sus intereses para hacerlos rectores de su propio destino.
En cambio, salta a la vista que, para proteger sus intereses, ordenó a los legisladores a su servicio hacer un Sistema Anticorrupción a su conveniencia.
Así, la ciudadanización del Sistema diseñado por los Constituyentes ha sido eliminada para, de nueva cuenta, centralizar las decisiones en manos de los corruptos de siempre.
Los legisladores de Morena insistiremos en que todas las Leyes Secundarias se rijan bajo los principios de austeridad republicana. Y en preservar en las leyes complementarias todos los principios avanzados que fueron incorporados en la Constitución.