La aprobación del paquete económico y en particular del presupuesto federal es la decisión de política pública más importante de una administración; aún más, es el acto de gobierno con mayor repercusión en la vida de un país al grado que genera un debate nacional entre los diversos sectores de la sociedad e involucra la participación de los poderes de la Unión, en tanto que el Poder Ejecutivo propone, el Legislativo aprueba y eventualmente el Poder Judicial sanciona la constitucionalidad del mismo cuando existen controversias.
En días pasados, un secretario de Hacienda nombrado apenas unas horas antes, José Antonio Meade, entregó el paquete económico preparado por la zaga hacendaria al Congreso de la Unión; lo hizo, como es sabido, en medio de los ecos de la escandalosa visita de Donald Trump, de la renuncia de Luis Videgaray – el hombre fuerte del presidente – y de los altibajos del peso que prácticamente ha roto la barrera de los veinte pesos por dólar, reflejando la vulnerabilidad de nuestra economía a las presiones internacionales y la debilidad de nuestro mercado interno.
La propuesta ha generado todo tipo de reacciones y críticas ante las contradicciones manifiestas entre los propósitos ordenados por el presidente de la República y las medidas sugeridas para lograrlo. Resaltar la necesidad de hacer eficiente el gasto público, controlar el endeudamiento y alcanzar el superávit primario –como lo hizo el Ejecutivo– parecen lugares comunes a no ser por las desviaciones generadas por las pésimas decisiones de política económica que ha impulsado este gobierno durante los últimos cuatro años.
Durante la presente administración el discurso oficial ha ponderado los efectos de la crisis económica internacional como la causa del bajo crecimiento, la volatilidad de la moneda y la disminución de la inversión pública. Hasta ahora, poco o nada se ha dicho de los efectos de la tóxica reforma hacendaria que propuso el presidente de la República al inicio de su gestión y que se aprobó con los votos del PRI y del PRD, la cual incluyó un mayor déficit presupuestal, financiado con más deuda y medidas regresivas en la frontera y en diversos sectores de la economía. Tan sólo la deuda ha crecido 14 puntos porcentuales en este periodo, rebasando el 50% como proporción del PIB, algo no visto en los últimos sexenios. Todo esto soportado en la promesa ilusoria de que con las reformas estructurales, sin importar el tiempo, habría para dar y repartir ante cualquier eventualidad o presión sobre el gasto.
Muy pronto se ha reventado la burbuja especulativa de crecimiento y estabilidad que impulsó el régimen. Con la afirmación de que sabían cómo gobernar y con desprecio a la estabilidad económica sólida que heredaron de los gobiernos panistas, la actual administración tiró por la borda las variables del equilibrio en las finanzas y el crecimiento ordenado que se había logrado, aún bajo fuertes presiones internacionales como la severa crisis del 2008. Aquí nos encontramos, casi pasmados, en medio de una crisis severa de expectativas y con graves riesgos para nuestra economía en los próximos años.
Y sobre las reformas estructurales, si bien son necesarias para el país y pueden ser la base de un mayor desarrollo, lo cierto es que sus efectos más sensibles no se reflejarán en el corto plazo y mucho menos con la incapacidad manifiesta de este gobierno para su implementación. Adicionalmente, los hechos de corrupción y simulación en empresas estratégicas como Pemex y CFE impidieron ver a tiempo el iceberg de la baja producción de crudo y la reducción de los precios que han impactado nuestra economía.
Hoy tenemos una propuesta de presupuesto insuficiente e insatisfactoria y no precisamente por la lógica de que los recursos siempre son escasos ante las demandas ingentes de la población sino porque las variables fundamentales están alineadas a mantener a flote a la presente administración durante los siguientes dos años, sin atender de fondo a lo que el país realmente necesita.
Es inaceptable la reducción del gasto y la eficiencia planteada si esta se soporta en el recorte a sectores vitales de los que depende nuestro futuro como la educación, la salud, la lucha contra la corrupción y la cultura (a esta última nada más le han bajado el 30% del presupuesto anterior). No se ha considerado que en momentos de crisis – así lo enseña la experiencia internacional – es apostándole al capital humano donde se cimienta la posibilidad de un futuro mejor.
Es inalcanzable el propósito del superávit primario si no se reconoce la insuficiencia de lo planteado que, para decirlo llanamente, no alcanza ni para el pago de los intereses, lo que de entrada obligaría a un mayor endeudamiento si no se quiere incurrir en un déficit primario. A contra parte, hay sectores del gasto que no han sido tocados, no sólo porque ya no haya tela de donde cortar, sino porque obedecen a prioridades de corto plazo ligadas al control político o al mantenimiento de la imagen pública y el gasto suntuario.
Por lo anterior, es obligada la discusión sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo tal y como lo ha exigido el Partido Acción Nacional. Tal parece que no se ha advertido suficientemente la delicadeza del momento por el que atravesamos. La crisis que nos afecta no necesita de paliativos ni de un presupuesto a modo de la administración en turno, sino de un golpe de timón, un gran acuerdo hacendario con nuevas bases para enfrentar la crisis y para fincar el crecimiento y desarrollo. Requiere un acuerdo económico solidario que ponga por delante los intereses superiores del país por encima del cálculo político. Identificar las rutas y lograr acuerdos entre las fuerzas políticas de cara a las demandas de la sociedad es lo que se espera del debate en el Congreso.