El pasado viernes se vivió un capítulo más de la incesante acometida contra los órganos autónomos y en particular contra las autoridades electorales a las que desde el inicio de este gobierno han tratado de capturar, pero tal parece que al no haber tenido éxito ahora apuestan por su debilitamiento.
Con la aprobación en el Congreso de la Ciudad de México de una reforma al código electoral local, se asestó un duro golpe al instituto electoral (IECM) que vulnera su autonomía al eliminar cinco importantes áreas de su estructura como las unidades de fiscalización, de género y derechos humanos o la de formación y desarrollo con sus respectivas plazas, lo que probablemente impactará en su capacidad operativa para el cumplimiento de sus funciones, que ya de por si se habían visto comprometidas debido a las reducciones presupuestales que le impuso el partido mayoritario en los últimos años –al igual que en el caso de otros órganos electorales estatales y del INE–.
Como cada vez se hace más frecuente, en el proceso de dictamen de la iniciativa que formalmente presentó un diputado de Morena, pero que la misma Jefa de Gobierno reconoció que en realidad salió de su oficina –no es difícil pensar que quizá para ello contó con la anuencia de Palacio Nacional–, no se tomó en cuenta la opinión de las y los consejeros electorales ni se aceptó la petición de convocar a un ejercicio de parlamento abierto para analizar con objetividad y apertura su viabilidad y posible impacto.
Lo preocupante de esta reforma no es sólo la afectación al funcionamiento del IECM que conforme al artículo 46 de la constitución de la CDMX, en su carácter de organismo autónomo debía contar con la “capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna”, sino que probablemente no se trate de una acción aislada y por tanto se sienta un precedente para que, en aquellos congresos locales en los que el partido gobernante junto con sus aliados, reúnan los votos suficientes que les permitan impulsar modificaciones sustantivas a las respectivas leyes secundarias en materia electoral que traigan como consecuencia el debilitamiento de las instituciones electorales –a lo que se sumaría la asfixia presupuestal–.
Hasta el momento, y a reserva de los resultados de las elecciones del próximo domingo en que también se renueva el Congreso de Quintana Roo, son alrededor de 20 las entidades en las que Morena con el PT, el PVEM y en algunos casos con partidos locales, podrían obtener la mayoría (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).
Incluso, no es de descartar que, en está intención de reducir a los órganos electorales a su mínima expresión ante la escasa viabilidad de que prospere la reforma constitucional del presidente por la cual se pretende desaparecer a los OPLES y al INE, se aprueben iniciativas que pudieran contravenir disposiciones constitucionales pues se requiere de ocho votos de las y los ministros de la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de una norma y, como se ha visto por ejemplo con la ley de la industria eléctrica, con cuatro votos del Pleno en sentido opuesto la norma impugnada sigue vigente con lo cual, entraríamos a una ruta muy riesgosa para nuestro sistema democrático de cara a la elección presidencial de 2024.