Como ya parece ser cíclico, el presidente López enfrenta una crisis de secuestro como en su momento les tocó a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Los datos oficiales muestran que a nivel nacional la tasa de víctimas aumentó 24.30% en el periodo enero-abril, si la comparamos con el mismo periodo del año pasado.
Si observamos el comportamiento de las tasas de las entidades en este año, comparadas con el mismo periodo de 2018, encontramos que Tlaxcala crece 592.3%; Jalisco 351.6%; Guanajuato 300.0%; Colima 195.4%; San Luis Potosí 173.1%; Morelos 156.7%; Sonora 144.4%; Quintana Roo 128.7%; Veracruz de Ignacio de la Llave 119.9%; Ciudad de México 77.6%; Puebla 70.8%; Michoacán 61.2%; Sinaloa 47.0%; Hidalgo 43.7%; Querétaro 30.6%; Zacatecas 22.2%; Guerrero 9.6% y el Estado de México 5.3%.
En contraste, disminuye en Baja California 70.6%; Tabasco 69.9%; Campeche 67.1%; Nuevo León 59.0%; Nayarit 50.8%; Tamaulipas 47.6%; Chiapas 41.3%; Coahuila 40.5%; Oaxaca 30.8% y Chihuahua 17.2%.
Baja California Sur en 2018 reportó 0 secuestros y se mantiene en 0 para 2019. En esta misma comparativa, Durango reduce de 3 a 0, Aguascalientes pasa de 0 secuestros en 2018 a 3 en 2019 y Yucatán de 0 a 1.
De esta manera, la entidad con la mayor tasa de secuestros este año es Veracruz, seguida de Morelos, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Tabasco, Hidalgo y el Estado de México, respectivamente.
Esta última crisis duele más que las anteriores por el importante esfuerzo que en la pasada administración se tuvo, se generó una Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) que colaboraba con las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS), con Policía Federal, Ejército, Marina, instituciones locales de seguridad y los Centros de Atención y Emergencia (C2, C3, C4 y C5 según estados y municipios) del país. Asimismo, se equipó y capacitó a las diferentes áreas antisecuestro, se desarrollaron protocolos de actuación, se implementó un sistema de supervisión institucional y ciudadana, todo con miras a reducir la ocurrencia de este delito.
Con este entramado, los resultados llegaron. No sólo el secuestro fue el único delito que el gobierno del presidente Peña entregó a la baja, sino que los éxitos en esta materia incluían el aumento en la desarticulación de bandas, del número de personas rescatadas sin el pago de un rescate, de las órdenes de aprehensión cumplimentadas y de las sentencias condenatorias de los imputados.
Varios fueron los casos que sobresalieron por resultados, atención a víctimas y capacidad de generar confianza en el ciudadano, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa por citar algunos y sin excluir a muchos otros.
Como suele suceder en nuestro país, lo que funciona lo olvidamos y/o desmantelamos por asumir de manera superficial que ya le dimos la vuelta al problema, por lo que podemos afirmar que nunca como en el pasado, la responsabilidad de este aumento se debe al desconocimiento y desinterés de nuestras autoridades.
Análisis a profundidad
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos dimos a la tarea de analizar dos aspectos clave para solución de los problemas, los planes y estrategias de seguridad del gobierno federal y los gobiernos entrantes, así como el gasto destinado a la seguridad en los últimos 11 años.
Ambos estudios apuntan al abandono de la procuración de justicia, del secuestro, la desaparición de personas, la coordinación institucional, la construcción local de políticas e instituciones de seguridad y justicia.
El pasado 22 de mayo presentamos el documento Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes donde se analizó la totalidad de las conferencias matutinas del presidente López, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad.
Además, enviamos un cuestionario a los gobiernos que tuvieron cambio de gobernador para que expresasen los principales tópicos de sus políticas en materia de seguridad y justicia, el presupuesto necesario y la transformación institucional requerida.
Sólo Guanajuato, Jalisco y Yucatán respondieron a todo el cuestionario, Morelos envío una parte y los demás optaron por la opacidad y no rendirle cuentas a la sociedad. Destacan sobre ellos los casos de Tabasco y Veracruz, entidades que contestaron que carecían de un plan.
Por lo que refiere a los hallazgos de la política nacional, sorprende la ausencia de temas como la CONASE, la reforma del Sistema de Justicia Penal, la reforma en materia de Amparo, la reforma en materia de Derechos Humanos, las medidas para fortalecer la Fiscalía General de la República, las medidas para fortalecer las procuradurías estatales y la falta de indicadores del impacto en el ejercicio de los recursos para la seguridad de los estados. Todos ellos, elementos clave para combatir en lo específico el secuestro, mejorar la prevención y persecución de los delitos, atender a las víctimas del país.
A esto incluimos la falta de un titular debidamente ratificado en la CONASE desde el inicio de esta administración, la disminución de salarios, plazas y prestaciones para esta área y el desmantelamiento del área antisecuestro de Policía Federal -una de las mejores del país-.
Por su lado, los gobiernos locales han aprovechado la falta de supervisión federal para incumplir el acuerdo de permanencia del personal de las UECS, han utilizado para otros temas los recursos humanos y materiales destinados al secuestro bajo el argumento de que la disminución de recursos económicos que fluían desde la federación hacía obligatorio el desmantelamiento de un área específica de combate al secuestro.
Precisamente sobre esto, el 11 de junio el ONC y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), presentamos la investigación Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos, en el que se explica cuánto, en qué y con qué resultados hemos gastado los recursos de seguridad desde 2008 a 2019, y qué pre-criterios se definieron para 2020.
Los hallazgos muestran que nuestro país gasta poco en seguridad, apenas el 0.96% del Producto Interno Bruto (PIB), particularmente si nos comparamos con el resto de los países que integran la OCDE que gastan en esta materia entre 1.7% y el 3% de su PIB, y ninguno de ellos enfrenta una crisis del tamaño de la que tiene México en materia de violencia, incidencia delictiva e inseguridad.
Este año se destinaron a seguridad 239,317 millones de pesos, lo que en total significa 11% menos respecto a 2018.
Por lo que refiere al tema del secuestro, los recortes son específicamente del 33%, a lo que debemos agregar los recortes del 27% para el gasto en prevención del delito; casi 50% menos en desaparición de personas; 14% al gasto en procuración de justicia; 30% de las aportaciones a entidades y municipios para la seguridad local y 10% menos en combate al crimen. Falta de atención al tema y recortes presupuestales
La falta de atención al tema y los recortes presupuestales definitivamente han impactado en la capacidad del Estado para enfrentar el tema.
Si el gobierno federal piensa que con la transferencia de recursos directamente a los jóvenes logrará frenar el fenómeno del secuestro, se equivoca. Justo como lo dimos a conocer en el documento presentado en 2014 Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática, un porcentaje importante de los delincuentes involucrados en este delito provienen de clases medias, de educación media superior y contaban con un trabajo formal cuando se iniciaron en este delito.
Urgen resultados, pretextos y excusas no aplican ante los estragos que este delito genera, particularmente si la crisis que vivimos en este momento se debe al desconocimiento de la materia, a la falta de una estrategia y a los recortes presupuestales sin criterio.
Los gobiernos, empezando por el federal, están a tiempo para enfrentar este delito, salvar vidas y mostrar que el compromiso de recuperar la paz, mismo que asumieron cuando pidieron el voto, es real.